Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que el presupuesto de las universidades nacionales sufrió un recorte real de hasta 45,6% desde 2023, mientras los salarios docentes y no docentes perdieron 34% de poder adquisitivo. La ley votada por el Congreso para recomponer fondos y sueldos fue frenada por el Gobierno, que impulsa un proyecto alternativo con aumentos salariales muy por debajo de la inflación y consolidaría el ajuste.
El sistema universitario público argentino atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Un informe difundido en marzo de 2026 sobre el financiamiento de la educación superior advierte que las políticas del gobierno de Javier Milei profundizaron un ajuste presupuestario que impacta de lleno en el funcionamiento de las universidades y en los salarios de docentes y trabajadores no docentes.
El eje del conflicto gira en torno a la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, aprobada por el Congreso el 21 de agosto de 2025 con el objetivo de recomponer partidas presupuestarias y recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores universitarios.
La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre de ese mismo año, pero el Congreso insistió en su aprobación el 2 de octubre. Pese a ello, el gobierno decidió suspender su aplicación mediante el Decreto 759/2025, argumentando que la ley no especificaba el origen de los fondos necesarios para financiarla.
La decisión generó una fuerte controversia institucional. Según el informe, la propia ley facultaba al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su cumplimiento, por lo que la suspensión resultaría contradictoria con el texto aprobado por el Parlamento.
La tensión escaló aún más cuando, el 23 de diciembre de 2025, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inaplicable el decreto presidencial y ordenó al Estado nacional implementar la ley. Sin embargo, lejos de acatar plenamente esa resolución, el gobierno envió el 18 de febrero de 2026 un proyecto al Congreso para modificar la norma, lo que en los hechos implica dilatar o reducir su impacto.
Un ajuste histórico en el presupuesto universitario
Los datos presupuestarios muestran la magnitud del recorte. Entre 2023 y 2025 el presupuesto de las universidades nacionales sufrió una caída real del 28,7%, mientras que, si se considera el crédito vigente para 2026, el ajuste acumulado asciende al 45,6% respecto de 2023.
El presupuesto proyectado para 2026 alcanza $4,87 billones en valores constantes, una cifra que refleja el deterioro del financiamiento del sistema universitario.
La comparación con lo que habría ocurrido si se aplicaba la ley sancionada por el Congreso es reveladora. De haberse implementado, el presupuesto universitario habría ascendido a $8,63 billones a valores de 2026, lo que habría significado una recuperación real de 35,1% respecto de 2025 y lo habría dejado apenas 3,6% por debajo del nivel de 2023.
En cambio, el proyecto impulsado por el gobierno propone un incremento que llevaría el presupuesto a $5,48 billones, lo que implica una caída real de 14,2% respecto de 2025 y de 38,8% frente a 2023.
En términos comparativos, esto significa que el presupuesto resultante del proyecto oficial sería 36,5% inferior al que habría correspondido con la aplicación plena de la ley aprobada por el Congreso.
El ajuste recae sobre salarios y funcionamiento
El análisis de la estructura presupuestaria muestra que el impacto del recorte no es homogéneo.
Los salarios del personal docente y no docente representan en promedio el 86,9% del presupuesto universitario, por lo que cualquier reducción en el financiamiento impacta directamente en los ingresos de los trabajadores del sector.
Entre 2023 y 2026, el gasto salarial registró una caída real del 43,2%, lo que explica gran parte del deterioro del sistema universitario.
Los gastos de funcionamiento, que incluyen investigación, extensión y programas de desarrollo universitario, también sufrieron recortes severos. En términos reales, la reducción alcanza el 57,1% entre 2023 y 2026.
Entre las partidas más afectadas se encuentran:
Acciones Universitarias para el Desarrollo Nacional y Regional (FUNDAR): -89,7%
Desarrollo de Proyectos Especiales: -91,6%
Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en Universidades: -77,1%
Promoción de Carreras Estratégicas: -77,4%
Institutos Tecnológicos de Formación Profesional: -71,6%
En otras palabras, el ajuste no sólo impacta en los salarios sino también en áreas estratégicas vinculadas a la investigación científica, el desarrollo regional y la innovación tecnológica.
Docentes y no docentes: salarios que pierden frente a la inflación
El deterioro salarial es otro de los ejes del conflicto universitario.
Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026, los salarios reales de docentes y trabajadores no docentes acumularon una caída del 34% en términos de poder adquisitivo.
La mayor pérdida se produjo en los primeros meses del gobierno de Milei. Entre diciembre de 2023 y julio de 2024 la inflación acumulada fue del 134,6%, mientras que los salarios aumentaron apenas 80,4%, lo que implicó una caída real del 23,1%.
Durante 2025 el deterioro continuó, con una nueva reducción del 10,1%, y en enero de 2026 se registró otro retroceso que profundizó la pérdida acumulada.
Salarios por debajo de la línea de pobreza
El informe también compara los salarios universitarios con el costo de vida.
En enero de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) para un hogar tipo alcanzaba $1.360.299, el umbral que define la línea de pobreza.
En ese contexto:
Entre los docentes, sólo los titulares con dedicación exclusiva superaban la línea de pobreza.
En el caso del personal no docente, únicamente los niveles 1 y 2 tenían ingresos por encima de ese umbral.
El panorama es aún más crítico cuando se considera la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que define la línea de indigencia.
Con una CBA de $623.990, sólo los docentes titulares y asociados con dedicación semi-exclusiva superaban ese nivel, mientras que todos los docentes con dedicación simple se encontraban por debajo de la línea de indigencia.
Dos modelos en disputa
La diferencia entre la ley aprobada por el Congreso y el proyecto impulsado por el gobierno es significativa.
La Ley 27.795 planteaba una recomposición salarial destinada a recuperar el poder adquisitivo perdido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, lo que implicaba un aumento del 44%. De haberse aplicado, los salarios habrían quedado apenas 1,3% por debajo del nivel real de noviembre de 2023.
En cambio, el proyecto del Ejecutivo propone aumentos escalonados de 4,1% en marzo, junio y septiembre, totalizando 12,3% en todo 2026.
El problema es que la inflación proyectada para ese período superaría ampliamente ese porcentaje. Según estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado, la inflación acumulada hasta septiembre podría llegar al 20,3%, lo que implicaría una nueva caída del salario real cercana al 3,4% durante 2026.
Una pérdida salarial de largo plazo
El deterioro de los ingresos docentes también se observa en una perspectiva histórica.
Un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semi-exclusiva y sin antigüedad percibía en noviembre de 2015 un salario equivalente a $1.154.094 en valores de septiembre de 2026.
En enero de 2026 ese ingreso había caído a $570.470, lo que implica una pérdida real del 50,6%.
Con la aplicación de la ley aprobada por el Congreso, el salario habría ascendido a $852.229, reduciendo la caída a 26,2%.
Bajo el esquema propuesto por el gobierno, en cambio, el ingreso proyectado para septiembre de 2026 sería de $547.748, lo que profundizaría la pérdida real hasta 52,5% respecto de 2015.
Un sistema universitario bajo presión
El cuadro que surge del informe es el de un sistema universitario sometido a una fuerte presión presupuestaria y salarial.
La combinación de recortes, salarios deteriorados y programas de investigación desfinanciados plantea interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo universitario argentino, históricamente basado en la gratuidad, la expansión territorial y la producción científica.
Mientras el gobierno defiende su estrategia de ajuste como parte de un programa más amplio de equilibrio fiscal, en el sistema universitario crece la preocupación por las consecuencias estructurales de estas políticas sobre el acceso a la educación superior, la investigación y el desarrollo científico del país.
En ese contexto, la disputa por el financiamiento universitario se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el gobierno de Milei, el Congreso y la comunidad académica.