El fenómeno global de la desinformación encuentra en la Argentina un terreno fértil marcado por la polarización, la desconfianza y la comunicación directa del poder. Qué cambia con el gobierno de Javier Milei y por qué el problema ya no es solo qué es verdad, sino quién tiene autoridad para decirla.
Por Fernando Viano
La desinformación dejó de ser un problema periférico para convertirse en una dimensión estructural de la política contemporánea. Si en el plano global el fenómeno se explica por la irrupción de la inteligencia artificial, la lógica algorítmica y la crisis del periodismo, en la Argentina esos factores se potencian con un escenario propio: desconfianza crónica en las instituciones, polarización extrema y un liderazgo que hace de la confrontación discursiva una herramienta central.
La llegada de Javier Milei al poder no creó este contexto, pero sí lo aceleró y lo volvió más visible. En línea con lo que advierte la “Guía sobre desinformación: La verdad bajo presión”, elaborada en el marco de la Cumbre Global sobre Desinformación 2025 por la Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación para el Periodismo, Proyecto Desconfío y la Fundación Gabo, el país atraviesa una etapa en la que la circulación de información está cada vez más desacoplada de los mecanismos tradicionales de validación.
Uno de los rasgos más distintivos del actual gobierno es la desintermediación. La comunicación presidencial prescinde en gran medida de los canales periodísticos clásicos y se apoya en redes sociales, transmisiones directas y voceros digitales.
Este esquema tiene una consecuencia directa: debilita el rol del periodismo como filtro, verificador y contextualizador de la información. Pero, al mismo tiempo, instala una lógica en la que el mensaje político circula sin mediaciones y, muchas veces, sin contrastación.
El fenómeno no es exclusivo de la Argentina, pero aquí adquiere una intensidad particular. En un ecosistema donde la confianza en los medios ya estaba erosionada, la narrativa de confrontación con el periodismo -convertido en actor político por el propio discurso oficial- profundiza la fragmentación informativa.
Cuando la verdad se vuelve relativa
El problema de fondo ya no es solo la existencia de información falsa. Es algo más profundo: la pérdida de un consenso básico sobre qué constituye un hecho verificable. La guía internacional elaborada por estas organizaciones advierte que la desinformación prospera cuando los sistemas de validación -medios, academia, instituciones- pierden legitimidad social. En la Argentina actual, ese proceso está en pleno desarrollo.
Las redes sociales amplifican este escenario. Los algoritmos priorizan contenidos emocionales, polémicos o indignantes, lo que favorece la circulación de versiones parciales, interpretaciones sesgadas o directamente falsas. A esto se suma la acción de comunidades digitales altamente politizadas que funcionan como cámaras de eco. En ese contexto, la verdad deja de ser un punto de llegada compartido y pasa a ser una construcción disputada.
El poder amplificador del discurso político
Cuando la desinformación proviene de actores marginales, su impacto es limitado. Pero cuando interviene el poder político, el efecto se multiplica.
En la Argentina, las declaraciones públicas -ya sean presidenciales, ministeriales o de referentes opositores- tienen un peso decisivo en la agenda mediática y en la conversación digital. La repetición de datos inexactos, interpretaciones sesgadas o afirmaciones no verificadas no solo genera confusión, sino que contribuye a erosionar aún más la confianza en el sistema informativo.
El informe elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa, Proyecto Desconfío, la Fundación para el Periodismo y la Fundación Gabo es claro en este punto: la integridad de la información depende también de la responsabilidad de quienes ocupan posiciones de poder.
En ese marco, el periodismo argentino enfrenta una doble presión. Por un lado, la crisis económica y la transformación digital afectan su sostenibilidad. Por otro, la deslegitimación política erosiona su autoridad como fuente confiable.
Sin embargo, el escenario también abre una oportunidad. El mismo documento plantea que la salida no es solo resistir, sino transformarse: aumentar la transparencia, reforzar la verificación, evitar amplificar falsedades y reconstruir la credibilidad a partir de estándares más exigentes.
En la práctica, esto implica un cambio de paradigma: dejar de competir únicamente por la velocidad o el impacto y volver a disputar un terreno más complejo, pero más decisivo, el de la confianza.
Un problema sistémico, no partidario
Reducir la desinformación a una herramienta de un gobierno o de una fuerza política sería un error. El fenómeno es transversal y se alimenta de dinámicas más profundas: modelos de negocio digitales, incentivos algorítmicos, debilidad institucional y cultura política confrontativa.
En ese sentido, la Argentina no es una excepción, pero sí un caso donde esas variables se combinan de manera particularmente intensa.
La pregunta central que emerge no es solo cómo combatir la desinformación, sino cómo reconstruir un acuerdo mínimo sobre la realidad.
La guía producida por la Sociedad Interamericana de Prensa, la Fundación para el Periodismo, Proyecto Desconfío y la Fundación Gabo propone una respuesta basada en múltiples actores: Estados que regulen sin censurar, plataformas que asuman responsabilidades, medios que recuperen credibilidad y ciudadanos capaces de ejercer un consumo crítico de la información.
Pero hay un elemento que atraviesa a todos: la necesidad de reconstruir confianza. En la Argentina de hoy, ese es probablemente el desafío más difícil. Porque la crisis de la verdad no es solo informativa: es, sobre todo, política y cultural. Y en ese terreno, la batalla recién empieza.