La formalización de la salida del país de la Organización Mundial de la Salud no implica una ganancia de soberanía, como sostiene el presidente Javier Milei, sino la pérdida de herramientas clave para la prevención, la cooperación y el acceso a insumos sanitarios en un contexto global cada vez más complejo.
Por Fernando Viano
La decisión del gobierno encabezado por Javier Milei de retirarse de la Organización Mundial de la Salud quedó formalizada ayer, 17 de marzo de 2026, tras cumplirse el plazo administrativo iniciado con la notificación oficial. Presentada por el propio Javier Milei como un acto de “recuperación de soberanía” y como una respuesta crítica a la gestión internacional de la pandemia de COVID-19, la medida abre más interrogantes que certezas y deja al descubierto una fuerte carga ideológica por sobre criterios técnicos.
El argumento central del presidente Javier Milei -la supuesta injerencia de la OMS sobre las decisiones nacionales- carece de sustento en los hechos. La organización no tiene potestad para imponer políticas públicas ni sancionar a los Estados. Su rol es, esencialmente, el de coordinar, recomendar y asistir. Confundir cooperación internacional con pérdida de autonomía no solo es conceptualmente erróneo: también resulta funcional a una narrativa política impulsada por Javier Milei que justifica el repliegue en un mundo donde los problemas sanitarios son, por definición, transnacionales.
Aislamiento en un sistema interdependiente
La salida implica abandonar una red global de vigilancia epidemiológica y alerta temprana que permite detectar y contener brotes antes de que se conviertan en crisis. En el marco del Reglamento Sanitario Internacional, los países comparten información crítica sobre enfermedades emergentes, coordinan respuestas y acceden a asistencia técnica especializada. La decisión del gobierno de Javier Milei de apartarse de ese sistema no elimina riesgos: los amplifica.
En un escenario atravesado por amenazas como nuevas pandemias, resistencia antimicrobiana o enfermedades reemergentes, romper vínculos con el principal organismo de coordinación sanitaria global aparece, como mínimo, imprudente. La salud pública moderna no se construye en aislamiento, sino en red, algo que la administración de Javier Milei parece subestimar.
Menos acceso, más costos
El impacto también se proyecta sobre el acceso a vacunas, medicamentos e insumos. A través de la Organización Panamericana de la Salud -brazo regional de la OMS- los países de América acceden a mecanismos de compra conjunta que reducen significativamente los costos y garantizan provisión en contextos críticos. Estos fondos rotatorios han sido clave para sostener campañas de vacunación y asegurar tratamientos esenciales.
Paradójicamente, mientras el discurso del presidente Javier Milei apunta a romper con la OMS, la Argentina continúa participando de iniciativas impulsadas por la OPS. Esta doble vía -rechazo discursivo y dependencia operativa- expone una contradicción en la política sanitaria del gobierno de Javier Milei: se cuestiona el sistema del que, en la práctica, se sigue dependiendo.
La eventual pérdida de acceso pleno a estos mecanismos no solo encarecería las compras, sino que debilitaría la capacidad del Estado para responder con rapidez ante emergencias sanitarias. En términos concretos, la decisión impulsada por Javier Milei no reduce costos: los traslada, y potencialmente los incrementa.
Una decisión sin respaldo técnico
Otro de los puntos más débiles de la medida promovida por Javier Milei es la ausencia de evidencia que respalde sus beneficios. No hay informes técnicos que demuestren que abandonar la OMS mejora indicadores sanitarios, fortalece el sistema de salud o incrementa la capacidad de respuesta del país. Por el contrario, la experiencia internacional muestra que la cooperación es un factor clave para mejorar resultados en salud.
Incluso desde una perspectiva económica, el argumento del “ahorro” reiterado por el presidente Javier Milei resulta marginal. Las contribuciones obligatorias a la OMS representan una porción menor de su financiamiento total. El costo de retirarse -en términos de acceso a información, cooperación y asistencia- supera ampliamente cualquier reducción presupuestaria.
El retiro del Estado como política sanitaria
Lejos de ser un hecho aislado, la salida de la Organización Mundial de la Salud se inscribe en una política sanitaria más amplia del gobierno de Javier Milei, caracterizada por el repliegue del Estado en áreas críticas. En los últimos meses, la administración nacional avanzó en el recorte o desfinanciamiento de programas clave de prevención y asistencia, afectando políticas de vacunación, salud sexual y reproductiva, provisión de medicamentos esenciales y acompañamiento a poblaciones vulnerables. También se vieron debilitadas estrategias territoriales de atención primaria y dispositivos comunitarios que funcionaban como primera línea de contención sanitaria. Este retiro progresivo no solo reduce la capacidad de respuesta del sistema de salud, sino que profundiza desigualdades: en la práctica, deja a amplios sectores de la población con menos acceso, más barreras y mayor exposición a riesgos evitables.
La salida de la OMS, impulsada por el gobierno de Javier Milei, no puede leerse únicamente como una decisión administrativa. Es, ante todo, una señal política. Se inscribe en una lógica de desconfianza hacia los organismos multilaterales y en una visión que prioriza el repliegue nacional frente a la cooperación internacional.
Sin embargo, en el campo de la salud pública, esa lógica tiene límites claros. Los virus no reconocen fronteras, las epidemias no se detienen en aduanas y las soluciones requieren coordinación global. En ese contexto, la decisión del presidente Javier Milei no es un gesto de fortaleza, sino de aislamiento.
Lejos de fortalecer la soberanía, la medida debilita la capacidad del Estado para proteger a su población. Y en un mundo donde la próxima crisis sanitaria es una cuestión de tiempo, no de posibilidad, el costo de esa debilidad puede ser demasiado alto.