La marcha federal universitaria de hoy tiene una causa concreta: el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario, desoye una orden judicial y profundiza un ajuste que ya provocó una caída histórica del presupuesto educativo y del poder adquisitivo docente. Con salarios por debajo de la línea de pobreza y universidades funcionando bajo un fuerte recorte real, el conflicto expone mucho más que una disputa sectorial: revela un modelo de gestión basado en el desfinanciamiento del Estado y el deterioro sistemático de derechos esenciales.
Por Fernando Viano
La marcha federal universitaria de hoy tiene una razón concreta, verificable y urgente: los docentes y no docentes universitarios salen a la calle porque el Gobierno nacional no cumple con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, porque desconoce una obligación institucional votada por el Congreso, porque desoye una orden judicial y porque, mientras demora su aplicación, profundiza el ajuste sobre salarios, universidades, hospitales universitarios, ciencia, técnica y extensión.
No se trata, por lo tanto, de una protesta abstracta. Tampoco de un reclamo corporativo ni de una discusión presupuestaria más. Los docentes marchan porque el salario universitario perdió poder adquisitivo de manera brutal desde la asunción del actual Gobierno; porque buena parte de los cargos docentes quedó por debajo de la línea de pobreza e incluso de indigencia; porque las universidades nacionales funcionan con recursos recortados en términos reales; y porque existe una ley vigente que debería corregir parte de ese deterioro, pero el Poder Ejecutivo decidió no aplicarla.
Ese es el corazón del conflicto. La universidad pública no está pidiendo un privilegio: está exigiendo que el Estado cumpla la ley.
La Ley 27.795 fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025. Luego fue vetada por el Poder Ejecutivo el 10 de septiembre. Pero el 2 de octubre ambas Cámaras insistieron en su aprobación, por lo que la norma quedó definitivamente sancionada. A pesar de ello, el 21 de octubre, al momento de publicarla en el Boletín Oficial, el Gobierno dictó el Decreto 759/2025 y suspendió su aplicación. El argumento fue que la ley no precisaba de dónde saldrían los fondos. Sin embargo, la propia norma habilita al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su cumplimiento.
La situación se volvió todavía más grave cuando el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 declaró inaplicable ese decreto y ordenó al Estado nacional cumplir con la ley. Frente a esa orden, el Gobierno no avanzó con la aplicación de la norma, sino que envió al Congreso un nuevo proyecto para modificarla. Es decir: en lugar de cumplir una ley ratificada por el Congreso y respaldada por la Justicia, buscó cambiarla para reducir sus efectos.
Por eso marchan los docentes hoy. Porque el Gobierno convirtió el incumplimiento de la ley en una herramienta de ajuste.
Deterioro
Los datos del informe de CEPA muestran con claridad la magnitud del deterioro. Entre 2023 y 2025, el presupuesto de las universidades nacionales cayó 32,5% en términos reales. Si se toma el presupuesto vigente de 2026, la reducción acumulada respecto de 2023 llega al 41,6%. Es decir, en apenas tres años, el sistema universitario nacional perdió más de cuatro de cada diez pesos de capacidad real de financiamiento.
La diferencia entre aplicar la ley o aceptar el proyecto del Gobierno es enorme. Si se hubiera aplicado la Ley 27.795, el presupuesto universitario habría alcanzado $8,49 billones a valores de 2026, lo que permitía recuperar prácticamente el nivel previo al ajuste. En cambio, el proyecto oficial llevaría el presupuesto a $5,51 billones, consolidando una caída real de 33,9% respecto de 2023. Dicho de otro modo: el presupuesto que propone el Gobierno queda 35,1% por debajo del que correspondería bajo la ley vigente.
No es una diferencia técnica. Es la distancia entre sostener el sistema universitario o empujarlo a un funcionamiento cada vez más precario.
El impacto salarial explica con mayor crudeza la protesta docente. Desde noviembre de 2023 hasta abril de 2026, los salarios reales del personal docente y no docente universitario cayeron 34,2%. La mayor parte de esa pérdida se produjo en los primeros meses del actual Gobierno: entre diciembre de 2023 y julio de 2024, la inflación acumulada fue de 134,6%, mientras que los salarios aumentaron apenas 80,4%. Esa diferencia implicó una caída real del 23,1% en solo siete meses.
Luego el deterioro continuó. Durante 2025 hubo una nueva contracción del 10,1%, lo que llevó la pérdida acumulada al 32,1% hacia diciembre de ese año. En el primer cuatrimestre de 2026, lejos de corregirse, la situación volvió a empeorar hasta alcanzar una pérdida total de 34,2% frente a noviembre de 2023.
Por eso marchan los docentes: porque trabajan, enseñan, investigan y sostienen la universidad pública con salarios que fueron destruidos por la inflación y por la decisión política de no recomponerlos.
La comparación con las canastas básicas es contundente. En marzo de 2026, la Canasta Básica Total para un hogar tipo 2 alcanzó $1.434.464. Entre los docentes universitarios, solo el cargo de titular con dedicación exclusiva superaba esa línea, con un salario bruto de $1.555.834. Apenas $121.370 por encima de la pobreza. Todos los demás cargos docentes con dedicación exclusiva quedaban por debajo. En las dedicaciones semi-exclusivas y simples, la situación es aún peor: gran parte de los salarios no llega siquiera a cubrir la Canasta Básica Alimentaria, que fue de $658.011.
Esto significa que hay docentes universitarios por debajo de la línea de pobreza y otros directamente por debajo de la línea de indigencia. No como consigna, sino como dato económico.
El caso de los docentes con dedicación simple es especialmente grave. Titulares, asociados, adjuntos, jefes de trabajos prácticos, auxiliares de primera y auxiliares de segunda perciben salarios básicos brutos inferiores a la Canasta Básica Alimentaria. Es decir, cargos docentes que forman profesionales en universidades nacionales tienen ingresos que, medidos contra un hogar tipo, no alcanzan para cubrir el umbral de indigencia.
También el personal no docente enfrenta una situación crítica. Solo los niveles 1 y 2 superan la línea de pobreza. El resto de las categorías queda por debajo de la Canasta Básica Total. Esto demuestra que el problema no afecta únicamente a quienes están frente al aula, sino a toda la comunidad trabajadora que sostiene el funcionamiento cotidiano de las universidades.
La ley que el Gobierno se niega a cumplir establecía una recomposición salarial mínima del 44%, destinada a recuperar la pérdida acumulada entre diciembre de 2023 y octubre de 2025. Si esa recomposición se hubiera aplicado, los salarios habrían quedado apenas 1,3% por debajo del nivel de noviembre de 2023. No era una mejora extraordinaria. Era, simplemente, una reparación parcial frente al desplome sufrido.
El proyecto del Gobierno, en cambio, propone un aumento de apenas 12,3% en tres cuotas trimestrales no acumulativas de 4,1%. Ese esquema tiene dos problemas centrales. Primero, ignora el brutal ajuste de 2024, que fue el tramo más fuerte de pérdida salarial. Segundo, ni siquiera alcanza para compensar la inflación proyectada de 2026. Según el informe, la inflación acumulada hasta septiembre llegaría al 23,6%, es decir, 11,3 puntos por encima del aumento propuesto.
En términos concretos, el proyecto oficial no recompone nada. Presenta como solución una cifra que nace insuficiente y que se licúa antes de llegar. El resultado es una nueva caída del salario real.
Por eso marchan los docentes hoy: porque el Gobierno pretende reemplazar una ley de recomposición por un proyecto que legaliza el recorte.
El informe también permite mirar el deterioro en perspectiva histórica. Un jefe de trabajos prácticos con dedicación semi-exclusiva y sin antigüedad cobraba, en noviembre de 2015, el equivalente a $1.187.482 medidos en pesos constantes de septiembre de 2026. En abril de 2026, ese salario se ubicaba en $584.413. La caída real es de 50,8%. Con la ley vigente, ese salario habría llegado a $888.794, reduciendo parte de la pérdida. Con el proyecto del Gobierno, en cambio, caería a $547.748 hacia septiembre de 2026, profundizando el retroceso hasta 53,9% respecto de noviembre de 2015.
La marcha docente y universitaria, entonces, no es solo una reacción frente al presente. Es también la expresión de un límite frente a una degradación acumulada, que el actual Gobierno no solo no repara, sino que profundiza.
Lógica de desfinanciación
Pero el conflicto universitario debe leerse dentro de un cuadro más amplio. La misma lógica que desfinancia las universidades aparece en la paralización de la obra pública, en el ajuste sobre las provincias, en el deterioro de los haberes jubilatorios, en la reducción de políticas sociales, en el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología, en la crisis del sistema de salud y en la pérdida de ingresos de los trabajadores. El denominador común es siempre el mismo: el Estado nacional se retira de sus responsabilidades esenciales y presenta ese abandono como disciplina fiscal.
El ajuste no es una herramienta transitoria. Es el programa de gobierno.
Por eso el reclamo universitario tiene una potencia política que excede a las aulas. Porque muestra, con números, una forma de gobernar: incumplir leyes, vetar derechos, desconocer decisiones del Congreso, judicializar obligaciones básicas, licuar salarios, cortar financiamiento y trasladar el costo de la crisis sobre quienes trabajan, estudian, investigan o dependen de servicios públicos.
Cuando un Gobierno incumple una ley de financiamiento universitario, no solo afecta a las universidades. Afecta a millones de estudiantes, a miles de docentes y no docentes, a investigadores, a hospitales universitarios, a proyectos científicos, a programas de extensión, a comunidades del interior y a familias que encuentran en la educación pública una posibilidad concreta de movilidad social.
La universidad pública argentina tiene un valor estratégico. Forma profesionales, produce conocimiento, sostiene investigación aplicada, desarrolla ciencia, acompaña procesos productivos, garantiza acceso territorial a la educación superior y permite que miles de jóvenes sean primera generación universitaria en sus familias. Atacarla presupuestariamente es atacar una idea de país.
Por eso hoy marchan los docentes. Marchan porque sus salarios fueron pulverizados. Marchan porque muchos quedaron bajo la línea de pobreza. Marchan porque el presupuesto universitario fue recortado en términos reales. Marchan porque el Gobierno tiene una ley vigente que cumplir y no la cumple. Marchan porque la educación pública no puede depender de la voluntad discrecional de un Ejecutivo que solo reconoce como política posible el ajuste.
La pregunta, entonces, no debería ser por qué marchan los docentes. La pregunta debería ser cómo no van a marchar, si el Gobierno nacional les quitó salario, recortó presupuesto, desconoció una ley y pretende convertir el deterioro de la universidad pública en una nueva normalidad.
La marcha federal de hoy es, en definitiva, una defensa de la ley, del salario, de la educación pública y del derecho de la sociedad argentina a tener futuro.