Una reflexión sobre cómo la provocación sustituyó a la verdad en el discurso presidencial
Por Fernando Viano
Hay frases que un Presidente no puede pronunciar sin dejar una marca. No porque sean ofensivas ni porque provoquen una polémica pasajera, sino porque revelan una determinada manera de entender el poder. Cuando Javier Milei afirma que la Argentina «no produce nada» y que, sin importaciones, apenas fabricaríamos «dulce de leche y biromes», no comete un simple exceso verbal más de los tantos a los que nos tiene acostumbrado en la continuidad de su estupidez ilimitada. Expone, en cambio, una concepción del lenguaje donde la verdad parece haber dejado de ser un límite para convertirse apenas en un detalle secundario.
Naturalmente, la discusión pública se concentró en demostrar que el Presidente estaba equivocado. Bastaron unas pocas horas para que economistas, científicos, empresarios, periodistas y hasta dirigentes cercanos al propio oficialismo recordaran que la Argentina produce petróleo, gas, litio, alimentos, reactores nucleares, satélites, software, biotecnología, maquinaria agrícola y conocimiento científico reconocido internacionalmente, entre tantas otras coaas. Era una discusión necesaria, pero insuficiente. Porque mientras todos corrían a refutar la frase, la pregunta verdaderamente importante quedaba sin formular.
¿Qué valor tiene hoy la palabra para el Presidente de la Nación?
La cuestión excede completamente a Javier Milei. Habla de la calidad de nuestra democracia. En cualquier sistema republicano la palabra presidencial deja de pertenecer exclusivamente a quien la pronuncia para convertirse en un bien público. Un Presidente no habla únicamente como individuo. Habla desde la institución más importante del Estado. Sus palabras orientan expectativas, construyen confianza, alteran mercados, condicionan decisiones políticas y modelan la forma en que una sociedad interpreta la realidad. Gobernar consiste también en administrar el valor de la propia palabra.
Por eso resulta inquietante que el debate ya no gire alrededor de las decisiones del Presidente, sino alrededor de la veracidad de sus afirmaciones. Hace algunos años, cuando un jefe de Estado hablaba, periodistas y analistas intentaban comprender el sentido político de sus anuncios. Hoy, con demasiada frecuencia, la primera reacción consiste en verificar si aquello que acaba de decir guarda alguna relación con los hechos. Esa inversión debería preocuparnos mucho más que cualquiera de sus exabruptos.
No se trata de sostener que los presidentes nunca mintieron. La historia demuestra exactamente lo contrario. Pero existía una diferencia importante. La mentira todavía reconocía la existencia de una verdad que debía ocultarse. Hoy parece ocurrir algo distinto. La realidad deja de funcionar como límite del discurso y las palabras comienzan a valer únicamente por el efecto que producen.
El filósofo estadounidense Harry Frankfurt describió ese fenómeno con extraordinaria precisión en un pequeño ensayo que se volvió un clásico del pensamiento contemporáneo: On Bullshit. Allí distingue al mentiroso del charlatán. El mentiroso todavía mantiene una relación con la verdad, porque necesita ocultarla. El charlatán, en cambio, es completamente indiferente a ella. No habla para describir el mundo. Habla para producir un impacto. La pregunta deja entonces de ser si dice la verdad o miente. La verdadera pregunta es si la verdad sigue teniendo alguna importancia para quien habla.
Esa distinción ayuda a comprender buena parte del fenómeno Milei. El problema ya no consiste solamente en determinar si una frase presidencial es verdadera o falsa. El problema aparece cuando el propio Presidente parece considerar irrelevante esa diferencia. Y allí el debate deja inmediatamente de ser comunicacional para convertirse en un problema institucional.
Mucho más que una anécdota
Como periodista, hay algo de este mecanismo que me resulta particularmente llamativo. En una redacción se aprende muy rápido que una declaración absurda tiene una enorme eficacia: obliga a todos a correr detrás de ella. Durante horas -a veces durante días- toda la conversación pública gira alrededor del último exabrupto. Mientras tanto, los temas verdaderamente importantes desaparecen de la agenda. No es casualidad. La provocación funciona como un formidable dispositivo para administrar la atención colectiva.
Quizá por eso resulte un error interpretar cada una de las frases de Milei como un episodio aislado. No estamos frente a una sucesión de ocurrencias desafortunadas. Estamos frente a una forma de ejercer el poder. La provocación dejó de ser un accidente del discurso presidencial para convertirse en uno de sus principales instrumentos políticos, si no el único.
La filósofa Hannah Arendt escribió, hace casi sesenta años, que el mayor peligro para una democracia no comienza cuando un gobierno miente. Los gobiernos han mentido siempre. El verdadero problema aparece cuando los hechos dejan de importar. Cuando la política rompe su compromiso con la realidad, la discusión pública deja de apoyarse en evidencias y comienza a organizarse alrededor de emociones, identidades y relatos. La verdad pierde autoridad y la conversación democrática se vuelve cada vez más frágil.
Eso explica por qué la frase sobre el dulce de leche y las biromes es mucho más que una anécdota. No importa solamente porque sea falsa. Importa porque expresa una manera de concebir el ejercicio del poder donde el impacto vale más que la precisión y donde la provocación termina reemplazando a la explicación.
Y ese, probablemente, sea el verdadero problema que plantea Javier Milei. No que diga disparates como el bufón que es. Los disparates, por sí solos, no cambian un país. Lo verdaderamente preocupante es que esos disparates parezcan haber dejado de tener consecuencias sobre el valor de la palabra presidencial y sobre el valor de la palabra en general.
Porque las democracias pueden sobrevivir a gobiernos malos, a crisis económicas e incluso a dirigentes mediocres. Lo que difícilmente puedan soportar durante mucho tiempo es que la máxima autoridad del Estado deje de sentir la obligación de que sus palabras mantengan algún vínculo con la realidad.
Si uno observa con cierta distancia el comportamiento público de Javier Milei, descubre que sus declaraciones no son una sucesión de impulsos ni una colección de excentricidades personales. Más allá de lo payasesco que pueda parecer, existe un método. Cada una de esas frases cumple una función política muy concreta: interrumpir la conversación pública, obligar a todos a reaccionar y desplazar el eje del debate.
Quienes trabajamos en periodismo conocemos perfectamente ese mecanismo. Una frase absurda pronunciada por un Presidente tiene una capacidad extraordinaria para organizar la agenda de los medios. Desde ese momento, economistas, periodistas, científicos, empresarios, dirigentes políticos y usuarios de redes sociales comienzan una carrera frenética para desmentir, explicar o contextualizar aquello que jamás debería haber necesitado una explicación. Mientras tanto, otros asuntos -la caída del salario, el cierre de empresas, la crisis de las economías regionales, el deterioro del sistema científico o la situación financiera de las provincias- desaparecen del centro de la escena. El absurdo termina funcionando como una formidable herramienta de administración de la agenda.
Por eso creo que resulta ingenuo interpretar cada declaración de Milei como una simple salida de tono. El problema no es una frase. El problema es una forma de ejercer el poder. La provocación dejó de ser un accidente del discurso presidencial para convertirse en una tecnología política. Su eficacia no depende de que sea verdadera. Depende de que todos hablen de ella.
Aquí aparece una observación de Hannah Arendt que, escrita hace más de medio siglo, parece describir con inquietante precisión nuestro presente. En «Verdad y política», la filósofa alemana advertía que las democracias no empiezan a deteriorarse únicamente cuando los gobiernos mienten. El riesgo verdaderamente grave aparece cuando los hechos dejan de tener importancia. Porque en ese momento la discusión pública deja de organizarse alrededor de la realidad y comienza a hacerlo alrededor de las emociones, las identidades o las lealtades políticas.
Creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo en la Argentina. Cuando el Presidente afirma que el país no produce nada, la discusión ya no consiste en analizar el estado de la producción nacional. Consiste en discutir si una afirmación evidentemente falsa merece ser tomada en serio. El problema ya no es la economía. El problema pasa a ser la frase. Y mientras todos discutimos la frase, dejamos de discutir aquello que verdaderamente importa.
No es casual. Tampoco es improvisación. Es una estrategia extraordinariamente eficaz para dominar la conversación pública. Ningún gobierno puede resolver todos los problemas de un país al mismo tiempo, pero sí puede decidir sobre qué problemas quiere que la sociedad hable. Milei parece haber comprendido que la manera más eficiente de controlar esa conversación consiste en producir permanentemente acontecimientos discursivos capaces de absorber toda la atención.
Sin embargo, hay algo todavía más preocupante que esa habilidad para administrar la agenda. Lo verdaderamente inquietante es el costo institucional que produce ese mecanismo. Porque cuando la palabra presidencial se acostumbra a vivir desligada de los hechos, deja de perder credibilidad solamente quien ocupa circunstancialmente la Casa Rosada. Comienza a perder autoridad la propia institución presidencial.
Y aquí aparece una pregunta que me parece mucho más importante que cualquiera de los exabruptos de Javier Milei. ¿Puede una democracia sostenerse mucho tiempo cuando su máxima autoridad deja de sentir que la verdad constituye un límite para su palabra?
No me preocupa que un Presidente se equivoque. Todos los presidentes se equivocan. Tampoco me preocupa que un Presidente defienda ideas que considero equivocadas. Eso forma parte de la democracia. Lo que sí debería preocuparnos es otra cosa: que quien ejerce la máxima magistratura del Estado considere que la realidad es apenas un material disponible para construir una narrativa conveniente.
Porque ese cambio modifica la naturaleza misma del poder. El Presidente deja de explicar el país. Empieza a competir con él. La realidad deja de ser el punto de partida de la política para convertirse en un obstáculo que puede ser reemplazado por una frase más eficaz.
Y cuando eso ocurre, ya no estamos discutiendo simplemente un estilo de comunicación. Estamos discutiendo la calidad de nuestra democracia.
Un problema cultural
Hasta aquí hablamos del lenguaje. Pero sería un error creer que todo termina allí. Las palabras nunca son inocentes. Ningún Presidente habla durante meses en los mismos términos por casualidad. Cuando Javier Milei insiste en describir a la Argentina como un país que no produce, que vive de privilegios, que está condenado por el Estado, que fracasó en todo aquello que intentó construir colectivamente, no está simplemente expresando una opinión. Está preparando el terreno para un proyecto político.
Porque ningún gobierno destruye aquello que la sociedad considera valioso. Antes tiene que convencerla de que ya no sirve. Antes de desfinanciar la ciencia hay que instalar la idea de que la ciencia es un gasto. Antes de abandonar la política industrial hay que repetir que la industria vive protegida y no sabe competir. Antes de cuestionar la universidad pública hay que persuadir a la sociedad de que dejó de educar para convertirse en un espacio de adoctrinamiento. Antes de reducir el Estado hay que convencer de que el Estado nunca produjo nada útil.
No se trata solamente de discutir presupuestos. Se trata, sobre todo, de disputar el sentido de las palabras. Porque las sociedades no defienden instituciones; defienden aquello que consideran valioso. Y el camino más corto para desmantelar una institución consiste en vaciar previamente el significado que esa institución tiene para la comunidad.
El sociólogo francés Pierre Bourdieu llamó a ese proceso «poder simbólico». La fuerza de un gobierno no depende únicamente de las leyes que sanciona o de los recursos que administra. Depende también de su capacidad para imponer una determinada manera de interpretar la realidad. Quien logra definir el significado de las cosas termina condicionando también las decisiones que una sociedad considera razonables.
Creo que allí reside uno de los aspectos menos discutidos del gobierno de Javier Milei. La batalla principal no se libra en el Congreso ni en los mercados financieros. Se libra en el terreno del sentido común. Todos los días el Presidente intenta responder una misma pregunta: ¿qué país quieren que los argentinos crean que tienen?
Porque no es lo mismo pensar que vivimos en una economía con problemas estructurales que creer que habitamos un país incapaz de producir absolutamente nada. No es lo mismo discutir cómo mejorar el Estado que aceptar que el Estado constituye, por definición, una maquinaria parasitaria. No es lo mismo debatir la eficiencia de una universidad pública que convencerse de que todas son, inevitablemente, centros de militancia política.
Las palabras importan porque construyen el marco desde el cual después se toman decisiones. Cuando un concepto consigue instalarse como sentido común, deja de necesitar demostraciones. Empieza a funcionar como una evidencia.
Antonio Gramsci comprendió ese mecanismo hace casi un siglo al desarrollar la idea de hegemonía cultural. El poder más sólido no es el que obliga mediante la fuerza, sino el que consigue que una determinada visión del mundo sea aceptada como natural incluso por quienes resultan perjudicados por ella. Gobernar también consiste en construir consensos sobre aquello que parece obvio.
Y, precisamente por eso, la insistencia de Milei en presentar a la Argentina como un país inviable no debería interpretarse como una exageración retórica. Forma parte de una narrativa mucho más amplia. Si la Argentina no produce nada, si el Estado no sirve para nada, si la universidad pública adoctrina, si la ciencia es un gasto, si la cultura vive del subsidio y si las provincias dependen únicamente de los recursos que genera el sector privado, entonces cualquier política destinada a reducir o eliminar esos espacios aparecerá casi como una consecuencia lógica.
No hace falta justificar una demolición cuando antes se convenció a la sociedad de que el edificio estaba en ruinas.
Por eso me parece insuficiente responder cada una de las afirmaciones presidenciales con una lista de datos. El problema ya no consiste solamente en demostrar que Milei está equivocado. El problema consiste en comprender por qué necesita describir un país tan distinto del que efectivamente existe.
Y creo que la respuesta empieza a aparecer cuando observamos el conjunto de su proyecto político. Porque un gobierno que pretende reducir drásticamente el papel del Estado necesita, antes que nada, reducir el valor simbólico de todo aquello que el Estado representa. La batalla decisiva, entonces, no ocurre sobre los presupuestos. Ocurre mucho antes, en el lenguaje.
Tal vez por eso la frase sobre el dulce de leche y las biromes no fue una ocurrencia más. Fue una síntesis brutal de una manera de mirar a la Argentina. Una mirada que necesita un país sin capacidades para justificar un Estado sin responsabilidades. Y cuando un Presidente deja de describir la realidad para empezar a fabricar una realidad funcional a sus decisiones, el problema ya no es solamente político. Empieza a ser cultural.
El valor de la palabra
Hay una tentación muy argentina que conviene evitar. Creer que esta reflexión trata sobre Javier Milei. No. Milei es el punto de partida, no el punto de llegada. Lo verdaderamente importante es aquello que su forma de ejercer el poder nos obliga a pensar sobre la democracia.
Los gobiernos pasan. Las sociedades permanecen. Por eso las discusiones verdaderamente relevantes nunca son las que terminan con un cambio de administración, sino aquellas que dejan una marca duradera en la cultura política de un país. Y me temo que allí reside el problema más profundo de este tiempo.
Durante décadas discutimos qué modelo económico necesitaba la Argentina, cuánto Estado era conveniente, cuál debía ser el papel del mercado, cómo distribuir el ingreso o de qué manera insertarnos en el mundo. Eran discusiones intensas, muchas veces irreconciliables, pero todas partían de un presupuesto compartido: la realidad existía y la política consistía en interpretarla de maneras diferentes.
Hoy ese acuerdo parece haberse quebrado. Ya no discutimos solamente las respuestas. Empezamos a discutir los propios hechos. Y cuando una democracia pierde la capacidad de reconocer una realidad común, la conversación pública deja de ser un intercambio de argumentos para convertirse en una competencia de relatos donde lo decisivo ya no es la verdad, sino la eficacia.
Eso explica por qué me preocupa mucho más el método que cada uno de los exabruptos presidenciales. La frase sobre el dulce de leche y las biromes pasará. Como pasaron tantas otras. También pasarán los insultos, las provocaciones y las exageraciones que hoy monopolizan la agenda pública. Lo que no sabemos es qué quedará después.
Porque los gobiernos siempre dejan algo más que leyes, decretos o indicadores económicos. También dejan hábitos. Dejan formas de discutir. Dejan maneras de entender el poder. Y dejan, sobre todo, una determinada relación entre la sociedad y la verdad.
Mi preocupación no es que Javier Milei mienta, que lo hace abiertamente y sin vergüenza alguna. Mi preocupación es otra: es que estemos empezando a aceptar con demasiada naturalidad que la verdad haya dejado de ser una obligación para quien ejerce la máxima autoridad del Estado.
No creo que ese sea un problema menor. Cuando un Presidente descubre que puede decir cualquier cosa sin pagar un costo político por ello, el deterioro ya no afecta únicamente a su gobierno. Empieza a modificar la cultura democrática de una sociedad. Poco a poco nos acostumbramos a vivir en un espacio público donde las palabras dejan de describir la realidad para transformarse en herramientas de confrontación, donde la provocación vale más que la explicación y donde el impacto reemplaza al argumento.
Ese acostumbramiento es mucho más peligroso que cualquier declaración aislada. Porque las sociedades terminan pareciéndose a aquello que dejan de cuestionar. Y una democracia que deja de exigirle verdad a quien ocupa la Presidencia empieza, lentamente, a resignarse a una forma degradada de la política.
No sé cuánto tiempo permanecerá Javier Milei en el poder. Como todos los presidentes, tarde o temprano será reemplazado. Lo que sí me preocupa es el país que quedará cuando eso ocurra. Si para entonces habremos naturalizado que el Presidente pueda afirmar cualquier estupidez sin que nadie espere de él un compromiso mínimo con los hechos. Si habremos aceptado que la política consiste simplemente en administrar emociones. Si nos habremos resignado a que la provocación sustituya definitivamente al pensamiento.
Porque las instituciones no se deterioran de un día para otro. Se desgastan lentamente. Pierden autoridad cada vez que dejamos de exigirles aquello que las hace valiosas. Y la Presidencia de la Nación no constituye una excepción. Su autoridad no proviene solamente de la Constitución ni del resultado de una elección. Proviene también de la confianza que inspira la palabra de quien la ejerce.
Tal vez por eso la pregunta con la que comenzó esta reflexión siga siendo, también, la única que realmente importa. No qué dijo Javier Milei. No cuál será su próxima provocación. No cuánto durará la polémica de turno. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué valor queremos que tenga, de ahora en adelante, la palabra del Presidente de la Nación?
Porque la respuesta ya no compromete solamente a Javier Milei. Nos compromete a todos.