Se presentó como un especialista en crecimiento económico “con o sin dinero”. Mil días después, el resultado de su experimento está a la vista: salarios y jubilaciones deteriorados, familias endeudadas, consumo deprimido, inversión en retroceso, empleos destruidos, empresas cerradas y una industria que no consigue levantarse. La estabilización de algunas variables no puede ocultar una economía que se ordenó sobre el sufrimiento de las mayorías.
Por Fernando Viano
“Soy especialista en crecimiento económico con o sin dinero”, afirmó alguna vez Javier Milei con esa mezcla de suficiencia, grandilocuencia y desprecio por cualquier opinión contraria que terminaría convirtiéndose en una de las marcas de su presidencia. La frase formaba parte de la construcción de un personaje que se presentaba ante la sociedad como poseedor de un conocimiento económico superior, capaz de resolver aquello que generaciones enteras de dirigentes, funcionarios y especialistas no habían podido solucionar. Mil días después de su llegada a la Casa Rosada, aquella definición ya no puede escucharse como una excentricidad de campaña. Debe confrontarse con los resultados concretos de una gestión que prometió crecimiento, prosperidad y libertad, pero que para millones de argentinos se fue convirtiendo en una verdadera pesadilla.
El Gobierno podrá exhibir como trofeos el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación o la reducción del riesgo país. Son datos que existen y que no necesitan ser negados. Lo que debe discutirse es cómo se alcanzaron, quiénes pagaron el costo y qué clase de país quedó detrás de esas planillas. Porque el equilibrio de las cuentas públicas no constituye por sí mismo un proyecto de desarrollo, del mismo modo que una inflación menor no garantiza bienestar cuando los ingresos fueron previamente pulverizados y luego obligados a correr siempre desde atrás. La estabilidad deja de ser una virtud social cuando se sostiene sobre salarios deprimidos, jubilaciones licuadas, consumo retraído, pérdida de puestos de trabajo y destrucción del aparato productivo.
Pulverización del salario
El balance de los primeros mil días permite advertir que la proclamada experiencia de Milei en materia de crecimiento no logró superar la prueba más elemental: mejorar las condiciones materiales de vida de la población. Los salarios registrados, tanto públicos como privados, acumulan una caída real del 8,2 por ciento respecto de noviembre de 2023. Si se calcula la inflación utilizando la estructura de consumo más actualizada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, la pérdida trepa al 18,5 por ciento. Los trabajadores privados registrados cobran, en términos reales, 3,6 por ciento menos que antes de la asunción de Milei; los empleados públicos provinciales perdieron 9,7 por ciento y los trabajadores del Estado nacional sufrieron una poda brutal del 37 por ciento.
No se trató de un efecto involuntario ni de una consecuencia pasajera del supuesto “sinceramiento” inicial. La reducción de los ingresos fue una herramienta central del programa. El Gobierno necesitó que los salarios perdieran frente a los precios para reducir el consumo, enfriar la actividad y contener la inflación. Lo presentó como un sacrificio inevitable, pero nunca explicó por qué ese sacrificio debía recaer casi exclusivamente sobre quienes viven de su trabajo. Tampoco explicó por qué la recuperación anunciada una y otra vez debía ser siempre parcial, desigual y provisoria, mientras la pérdida de derechos adquiría carácter permanente.
La destrucción del salario mínimo resume con particular crudeza esa decisión. Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2026 perdió el 40,8 por ciento de su poder adquisitivo. Para recuperar el promedio de 2023 debería aumentar más de 271 mil pesos, alrededor de un 70,7 por ciento. No estamos hablando de una referencia estadística abstracta. El Salario Mínimo, Vital y Móvil influye sobre prestaciones sociales, programas laborales y cuotas alimentarias. Su licuación atraviesa directamente la mesa de los hogares más vulnerables. El Presidente que prometió liberar a los argentinos de la casta terminó utilizando el poder del Estado para fijar uno de los salarios mínimos más bajos y degradados de la historia reciente.
Una Argentina sin dinero
Con los jubilados ocurrió algo semejante. El bono para quienes cobran la mínima permanece congelado en 70 mil pesos desde marzo de 2024. Si hubiera sido actualizado con el mismo criterio aplicado al haber previsional, en septiembre de 2026 debería alcanzar los 223.148 pesos. Cada jubilado pierde, por esa sola decisión, más de 153 mil pesos mensuales. La jubilación mínima con bono se encuentra un 19,2 por ciento por debajo del nivel real registrado al final del gobierno anterior. La crueldad no fue un exceso verbal del Presidente ni una extravagancia de sus redes sociales: adquirió forma presupuestaria y se descargó sobre personas que ya no cuentan con la posibilidad de reconstruir sus ingresos mediante el trabajo.
El experto en crecimiento “con o sin dinero” terminó construyendo, literalmente, una Argentina sin dinero. Una sociedad obligada a financiar con tarjetas, préstamos personales o billeteras virtuales los gastos que antes podía pagar con sus ingresos. La morosidad bancaria de las familias pasó del 2,5 por ciento en noviembre de 2024 al 13 por ciento en julio de 2026, uno de los niveles más elevados desde la crisis de 2001. En los proveedores no financieros de crédito, donde se incluyen las llamadas billeteras virtuales, la mora trepó del 7,3 al 33,9 por ciento y superó incluso el máximo alcanzado durante la pandemia. Detrás de esos porcentajes hay hogares que se endeudan para comprar alimentos, pagar medicamentos, afrontar servicios o simplemente llegar al final del mes.
El endeudamiento familiar no representa una ampliación virtuosa del crédito. Es la contracara de la pérdida de ingresos. Cuando una persona necesita refinanciar el resumen de la tarjeta o pedir un préstamo desde el teléfono para llenar la heladera, el crédito deja de ser una herramienta de progreso y pasa a convertirse en un mecanismo de supervivencia. La supuesta libertad del consumidor se reduce entonces a elegir con quién endeudarse y a qué tasa aceptar la prolongación de su angustia.
Caída del consumo
Por eso también cae el consumo. Las ventas de los supermercados retrocedieron un 10,3 por ciento frente al promedio comprendido entre enero de 2022 y noviembre de 2023. En los autoservicios mayoristas -el canal al que recurren numerosos hogares para buscar precios más bajos- la caída llegó al 16,9 por ciento. Las mediciones privadas sobre consumo masivo registran una contracción cercana al 13 por ciento. No es que los argentinos hayan decidido repentinamente comer menos, vestirse menos o renunciar al bienestar. Consumen menos porque pueden comprar menos. Y pueden comprar menos porque el programa económico convirtió al salario en la principal variable de ajuste.
La promesa oficial aseguraba que ese sacrificio sería compensado por una explosión de inversiones. Pero tampoco ocurrió. De los nueve trimestres con información disponible desde el inicio de la gestión, cinco mostraron caídas interanuales de la formación bruta de capital fijo. La inversión retrocedió 2,6 por ciento en el último trimestre de 2025 y 11,6 por ciento en el primero de 2026. Ni siquiera el extraordinario régimen de beneficios concedido a los grandes capitales consiguió generar el ingreso esperado: desde diciembre de 2023 se acumula una desinversión extranjera directa neta de 1193 millones de dólares a través del mercado de cambios. Los capitales que supuestamente llegarían atraídos por la desregulación, el ajuste y el RIGI continúan sin transformarse en una corriente sostenida de inversión productiva.
Así se desvanece otra de las grandes ficciones libertarias: que bastaba con retirar al Estado, reducir derechos y ofrecer ventajas extraordinarias para que el mercado desplegara espontáneamente una etapa de crecimiento. Lo que quedó fue un Estado ausente para proteger a los trabajadores, los jubilados y las pequeñas empresas, pero muy activo para garantizar negocios, disciplinar salarios y socializar los costos del programa.
Destrucción del empleo
El mercado laboral también desnuda la distancia entre la propaganda y la realidad. En el primer trimestre de 2026 había 1.765.000 personas desocupadas, 323 mil más que al finalizar 2023. Entre noviembre de aquel año y mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos registrados en unidades productivas: alrededor de 450 empleos formales destruidos por día. La industria manufacturera perdió más de 97 mil trabajadores; la construcción, más de 80 mil; el transporte y el almacenamiento, más de 72 mil; y la administración pública, otros 72 mil.
Mientras desaparece el empleo protegido, crece la informalidad. Más de cuatro de cada diez trabajadores -el 44,2 por ciento- se desempeñan sin registración, aportes previsionales, cobertura de salud, vacaciones pagas ni protección efectiva frente al despido. El empleo informal aumentó 3,4 puntos porcentuales respecto del primer trimestre de 2023. El Gobierno intenta presentar cualquier ocupación como prueba de recuperación, pero un repartidor sin derechos, un monotributista de subsistencia o un trabajador obligado a aceptar condiciones precarias no expresan el éxito de una economía: muestran el retroceso de una sociedad.
La destrucción no se limita a los trabajadores. En treinta meses desaparecieron 30.633 empresas empleadoras, un promedio de 33,5 por día. El comercio perdió 8.408 empleadores; el transporte y el almacenamiento, 6.733; los servicios inmobiliarios, 4.098; y la industria manufacturera, 4.020. Cada empresa que cierra representa puestos de trabajo que se pierden, capacidades productivas que desaparecen, proveedores que dejan de vender y comunidades que se debilitan. Recuperar ese entramado será mucho más difícil que destruirlo mediante una combinación de recesión, apertura, caída de la demanda y encarecimiento financiero.
La producción industrial completa el panorama. Durante el primer semestre de 2026 cayó 2,2 por ciento interanual y, en el promedio de la gestión de Milei, se encuentra 10,2 por ciento por debajo del período anterior. El modelo podrá generar oportunidades extraordinarias en algunos enclaves extractivos o financieros, pero no consigue poner en marcha una economía integrada, capaz de producir, agregar valor y crear empleo de calidad. Sin industria, mercado interno, inversión sostenida y trabajadores con capacidad de consumo, no existe desarrollo. Existe, a lo sumo, un país cada vez más concentrado, primarizado y desigual.
Una pesadilla cotidiana
Después de mil días, la pregunta ya no es si el ajuste iba a doler antes de producir resultados. La pregunta es cuánto tiempo más se pretende presentar el dolor como si fuera el resultado. El sacrificio dejó de ser un tránsito y se convirtió en el destino. El Gobierno reclama paciencia, pero cada nueva espera encuentra a la Argentina con menos empresas, menos empleos registrados, menos producción y familias más endeudadas.
Milei podrá insistir en que conoce las leyes del crecimiento económico. Sin embargo, una economía no crece verdaderamente cuando mejoran algunos indicadores financieros mientras se deteriora la vida concreta de su población. No hay crecimiento si el salario alcanza para menos, si un jubilado debe elegir entre alimentarse y comprar medicamentos, si una familia se endeuda para cubrir gastos corrientes, si una fábrica cierra o si el empleo formal es sustituido por la intemperie laboral. Puede haber negocios, rentabilidad concentrada o valorización financiera. Pero no crecimiento con desarrollo, inclusión y bienestar colectivo.
Aquella frase que pretendía exhibir sabiduría terminó adquiriendo el valor de una confesión involuntaria. Milei efectivamente construyó una economía “sin dinero”, pero sin dinero para los trabajadores, los jubilados, los comercios, las pequeñas empresas y las familias. El dinero no desapareció: cambió de manos. Se concentró arriba mientras abajo se distribuyeron el ajuste, la deuda y la incertidumbre.
Ese es el balance de los primeros mil días. No la epopeya que relata el Gobierno, sino una pesadilla cotidiana que se expresa en la mesa familiar, el recibo de sueldo, el resumen de la tarjeta, la persiana baja y la máquina detenida. Mil días en los que la Argentina no fue liberada: fue empobrecida, endeudada y desarticulada en nombre de una teoría que prometía prosperidad. Y el tiempo transcurrido ya no permite hablar de errores iniciales, dificultades heredadas o sacrificios momentáneos. Después de mil días, la pesadilla tiene responsables, decisiones deliberadas y un nombre propio: Javier Milei.