Después de reivindicar a Thatcher, relativizar el reclamo argentino y avalar que una bandera de Malvinas fuera considerada una provocación, Milei ensaya una súbita conversión soberanista al calor de los intereses de Donald Trump. Una cadena nacional cargada de contradicciones y anuncios que, en su gran mayoría, ya existían.
Por Fernando Viano
Javier Milei apareció en cadena nacional para decir que las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, denunciar la ocupación colonial británica, negar que los isleños tengan derecho a la autodeterminación y anunciar una batería de medidas contra las empresas que pretenden explotar ilegalmente el petróleo del Atlántico Sur. Después de casi tres años de gobierno, el Presidente presentó la causa Malvinas como una cuestión urgente, estratégica y situada por encima de cualquier diferencia política.
Nada de lo que dijo sobre los derechos argentinos debería resultar novedoso. La soberanía sobre las islas es un mandato constitucional, una política permanente del Estado y una causa sostenida durante décadas en las Naciones Unidas y en todos los ámbitos regionales. La novedad no fue escuchar que las Malvinas son argentinas. La novedad fue que lo dijera Milei con una solemnidad y una vehemencia desconocidas hasta ahora, como si acabara de descubrir una verdad que millones de argentinos nunca olvidaron.
Sin embargo, el súbito fervor malvinero del Presidente no puede separarse de su devoción por Donald Trump ni del alineamiento incondicional que ha establecido con Estados Unidos. Esa relación no es una interpretación externa agregada al discurso: fue el propio Milei quien la colocó en el centro de su explicación. Dijo que Washington estaría reconsiderando su posición porque encontró en la Argentina un “socio confiable”, alineado con los valores occidentales y capaz de ser un aliado estratégico en las próximas décadas. Según su razonamiento, sin ese alineamiento nada de lo que ahora presenta como un avance habría sido posible.
La frase revela el verdadero sentido de la cadena. Milei no concibe la soberanía como ejercicio de autonomía, sino como recompensa por la obediencia. Según su visión tan particular, la Argentina podría avanzar en su reclamo no por la consistencia histórica de sus derechos, por el respaldo regional o por la legitimidad de las resoluciones internacionales, sino porque él mismo (como pollito mojado) decidió colocarse bajo el ala de Trump. La soberanía quedaría así condicionada a la protección de una potencia extranjera y a la conveniencia circunstancial de su gobierno.
Trump, no obstante, no reconoció la soberanía argentina ni anunció una modificación formal de la política estadounidense. Consultado por periodistas, respondió que siempre revisaba todas las posiciones. Apenas una frase ambigua, pronunciada en medio de su disputa con el Reino Unido por el gasto militar y los compromisos dentro de la OTAN. No hubo resolución, comunicado diplomático ni compromiso concreto con la Argentina. Milei tomó esa ambigüedad, la convirtió en un supuesto “viento de cambio” y la presentó como el fruto extraordinario de su política exterior.
Mal actor
La sobreactuación resulta todavía más evidente cuando se recuerda que Estados Unidos no mantuvo una neutralidad efectiva durante la guerra de 1982. Después de una mediación inicial, Washington proporcionó al Reino Unido asistencia militar, información de inteligencia, combustible y apoyo logístico. La alianza angloestadounidense fue decisiva para la recuperación británica de las islas. Que Trump utilice ahora Malvinas como una ficha de presión contra Londres no convierte a Estados Unidos en aliado de la causa argentina. Solo demuestra que las grandes potencias mueven sus posiciones según sus propios intereses.
Sin embargo, y como buen mal actor que es (valga la contradicción), Milei parece dispuesto a confundir esos intereses con los de la Argentina. Lo hizo desde el inicio de su gobierno al proclamar un alineamiento automático con Estados Unidos e Israel, incluso cuando esa subordinación redujo los márgenes de acción diplomática del país. Y vuelve a hacerlo ahora al presentar una insinuación de Trump como si fuera un respaldo histórico. Su repentino enamoramiento de Malvinas solo adquiere coherencia dentro de esa devoción: las islas se volvieron centrales para Milei cuando se volvieron útiles para Trump.
La contradicción con su trayectoria es demasiado evidente para pasarla por alto. El Presidente que ahora define a los habitantes de las islas como una población implantada es el mismo que en abril de 2025 sostuvo que aspiraba a que algún día “votaran con los pies” y prefirieran ser argentinos. Aquella formulación concedía a la voluntad de los isleños una centralidad cercana a la tesis británica de autodeterminación y debilitaba la posición histórica de la Argentina, que se compromete a respetar sus intereses y su modo de vida, pero no reconoce que una población introducida después de la ocupación pueda decidir la titularidad del territorio.
No se trata de un matiz discursivo. Son dos doctrinas incompatibles. Si los isleños tienen la última palabra, como sugirió Milei, la soberanía depende de su voluntad. Si son una población implantada en un territorio usurpado, como afirmó en la cadena nacional, no pueden invocar la autodeterminación para legitimar la ocupación. Milei pasó de una posición a la otra sin reconocer el cambio, sin explicar la rectificación y sin asumir el daño que sus declaraciones anteriores causaron al reclamo argentino.
La misma contradicción atraviesa su relación con Margaret Thatcher. Milei la calificó como una de las grandes líderes de la historia y volvió a definirla como “brillante” durante una entrevista con la BBC. Cuando se le recordó que había conducido al Reino Unido durante la guerra, respondió con comparaciones deportivas, como si su admiración ideológica pudiera desprenderse limpiamente de la experiencia histórica argentina. Ahora denuncia el colonialismo británico, habla de los héroes que dieron la vida y asegura que la ocupación constituye una amenaza para la supervivencia nacional. Nunca explicó cómo conviven esa gravedad y su fascinación por quien ordenó la respuesta militar británica en 1982 y el hundimiento del crucero General Belgrano.
También es el mismo Presidente que en enero de 2024 calificó como “excelente” y “muy cordial” su encuentro con David Cameron. Después de aquella reunión destacó las inversiones inglesas, el comercio y el apoyo que esperaba obtener ante el Fondo Monetario Internacional. Su gobierno promovió luego el acuerdo Mondino-Lammy, que retomó una agenda de cooperación sobre vuelos y pesca sin conseguir que Londres aceptara discutir la soberanía. Mientras la Argentina ofrecía gestos de confianza, el Reino Unido sostenía su negativa a negociar y avanzaba con la explotación de los recursos naturales. ¿Milei? Bien, gracias.
De la subestimación al oportunismo
El Mundial expuso esa incomodidad de manera inesperada. Antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, avaló la prohibición de ingresar al estadio con banderas, camisetas o carteles referidos a Malvinas. La funcionaria llegó a encuadrar la frase “Las Malvinas son argentinas” entre los mensajes políticos o provocativos que debían quedar fuera de la cancha. El Gobierno aceptó que la afirmación más elemental de la soberanía nacional fuera tratada como un riesgo para el espectáculo.
Pero la bandera apareció después de la victoria argentina. Los jugadores la desplegaron sobre el césped y la imagen recorrió el mundo. Aquella sábana improvisada despertó una identificación inmediata, especialmente entre los jóvenes, provocó la reacción del Gobierno británico y devolvió la causa Malvinas al centro de la conversación pública. Lo que el Gobierno había consentido e intentado abiertamente silenciar, se convirtió para su pesar en una de las imágenes políticas más poderosas del Mundial. Más, incluso, que cualquier declaración pomposa e incomprobable del propio mandatario nacional.
Milei tomó distancia. Primero dijo que la expresión era legítima, pero la redujo a una emoción de los jugadores. Después insistió en que no debía mezclarse “el agua con el aceite”, porque el fútbol era solamente un juego. Incluso recordó que los goles de Maradona contra Inglaterra no habían devuelto las islas. Menos de dos meses más tarde, apareció en cadena nacional para proclamar que Malvinas es “la causa más importante y sagrada” de los argentinos.
La bandera no explica por sí sola el giro, pero constituye un antecedente político indispensable. Su repercusión demostró que Malvinas conserva una potencia social y emocional que el Gobierno había subestimado. También mostró que la causa puede atravesar generaciones y pertenencias partidarias. Milei comprendió que aquello que incomodaba su relación con Londres podía transformarse en una oportunidad de reconstrucción política y electoral. Primero intentó separar a Malvinas del fútbol; después quiso colocarla al servicio de todo su programa de gobierno.
En la cadena no se limitó a reafirmar la soberanía. Vinculó Malvinas con el ajuste fiscal, el RIGI, la apertura económica, la política militar y su alineamiento internacional. Sostuvo que solo después de “rescatar” a la Argentina de la decadencia resultaba posible defender el territorio. De esa manera, se apropió de una causa nacional para legitimar sus propias políticas. Pidió que la oposición depusiera las diferencias, pero al mismo tiempo presentó su modelo económico y su vínculo con Estados Unidos como condiciones obligatorias de la soberanía.
Del desprecio a la apropiación
La operación de apropiación también alcanzó a las medidas anunciadas. Milei construyó una escena fundacional, como si hasta su cadena nacional la Argentina hubiera permanecido de brazos cruzados frente a la explotación británica. Sin embargo, buena parte del andamiaje jurídico e institucional que presentó ya existía.
La Ley 26.659 fue sancionada en 2011 y estableció que ninguna persona o empresa puede explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. En 2013, la Ley 26.915 amplió y endureció ese régimen. Prohibió la participación directa o indirecta en compañías que desarrollaran esas actividades, alcanzó a quienes les prestaran servicios e impidió que el Estado nacional, las provincias y los municipios contrataran con empresas involucradas en explotaciones ilegales. La estructura central de las sanciones que Milei anunció no nació ayer ni fue una creación de su gobierno.
Las compañías señaladas tampoco recibieron por primera vez una advertencia argentina. Rockhopper fue declarada clandestina en 2012 y sus actividades fueron consideradas ilegales. En 2013 quedó inhabilitada para operar en la Argentina durante veinte años. Navitas Petroleum recibió sanciones equivalentes en 2022. Milei puede acelerar procedimientos, ampliar responsabilidades o incrementar penas, pero no puede presentar como una invención propia una política construida y aplicada por gobiernos anteriores.
Algo semejante ocurre con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. El proyecto fue impulsado antes de su llegada al poder como parte de una estrategia logística para el Atlántico Sur y la Antártida. En 2022, el Gobierno nacional y el de Tierra del Fuego ya lo presentaban como una acción de soberanía. Milei no lo creó: heredó una iniciativa que luego mantuvo paralizada y que recién volvió a exhibir en abril de 2024, cuando viajó a Ushuaia junto a Laura Richardson, entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos.
Ese antecedente vuelve todavía más problemática la apelación actual a la soberanía. La misma base que Milei presenta como instrumento argentino para proyectarse sobre el Atlántico Sur fue incorporada desde el comienzo a su acercamiento militar con Washington. Estados Unidos tiene un interés documentado en Ushuaia, en las rutas marítimas australes, en el acceso a la Antártida y en impedir que China gane posiciones estratégicas en la región. No existe evidencia de que pretenda apropiarse directamente del petróleo de Sea Lion, que está en manos de un consorcio británico-israelí. Pero tampoco puede ignorarse que su preocupación por el sur responde a su propia competencia global, no a una repentina adhesión sentimental a los derechos argentinos.
Incluso la creación anunciada de un Consejo de Seguridad Nacional debe analizarse sin aceptar la retórica fundacional. La Argentina ya posee un Consejo de Defensa Nacional, previsto por la Ley 23.554 de 1988 y reglamentado nuevamente por el propio Gobierno de Milei en diciembre de 2024. El nuevo organismo tendría una integración y competencias más amplias, particularmente por la incorporación de Inteligencia y Economía, pero la coordinación interministerial de la defensa no comienza con esta iniciativa. Lo verdaderamente novedoso podría ser la concentración de facultades y la extensión del concepto de seguridad nacional, aspectos que requieren más control democrático, no menos.
También los respaldos internacionales enumerados por Milei forman parte de una construcción diplomática de décadas. Las declaraciones de las Naciones Unidas, la OEA, el Mercosur, la CELAC y otros foros no surgieron porque Trump descubriera en Milei a un aliado confiable. Son el resultado de una política sostenida por distintos gobiernos argentinos y del acompañamiento histórico de América Latina. Paradójicamente, Milei intenta apropiarse de esos apoyos mientras desprecia buena parte de los organismos multilaterales y confronta con países de la región cuya solidaridad fue indispensable para mantener vivo el reclamo.
Más allá y a pesar de…
Nada de esto significa que las nuevas medidas deban rechazarse de antemano. Endurecer sanciones, perseguir a proveedores y financiadores, fortalecer la presencia argentina en Tierra del Fuego e impedir que Sea Lion consolide económicamente la ocupación británica pueden ser decisiones correctas. Pero una política soberana no se construye falseando sus antecedentes ni subordinándola a la voluntad de otro país. Mucho menos presentando como iluminación personal aquello que el Estado argentino viene sosteniendo desde hace años.
Sea Lion plantea una amenaza concreta. La explotación petrolera puede otorgar a las islas una autonomía económica inédita, financiar nueva infraestructura y reforzar la presencia británica sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Precisamente por eso la respuesta argentina necesita continuidad, inteligencia, respaldo regional y autonomía. No puede depender de cuánto dure la disputa de Trump con Londres ni de la relación personal que Milei crea mantener con el presidente estadounidense.
La causa Malvinas no le pertenece a un gobierno, como el propio Milei dijo. Pero tampoco puede ser utilizada para exigir obediencia política, encubrir contradicciones o convertir el alineamiento con Washington en una supuesta demostración de patriotismo. La soberanía argentina no será más sólida por cambiar la dependencia de Londres por la tutela de Estados Unidos.
Milei no descubrió que las Malvinas son argentinas. Descubrió que seguían vivas en millones de argentinos cuando una bandera recorrió el mundo. Descubrió que el petróleo podía consolidar la ocupación británica cuando Sea Lion entró en su etapa decisiva. Y, sobre todo, descubrió que Malvinas podía formar parte de su agenda cuando Trump decidió mirar hacia el sur.
Ese es el problema de su repentino enamoramiento. No nace de una convicción soberana, sino de una convergencia de oportunidades: una emoción popular que puede capitalizarse, una amenaza petrolera que ya no puede ignorarse y una señal de Washington que su gobierno necesita exhibir como triunfo. La soberanía, sin embargo, no es una bandera que se guarda cuando incomoda y se despliega cuando conviene. Tampoco es una concesión que una potencia entrega a cambio de obediencia.
Las Malvinas son argentinas antes de Milei, más allá de Trump y a pesar de ambos.