Por Fernando Viano
Hay algo que debería preocuparnos y sobre lo que vale la pena detenernos. No es solamente el tono agresivo que ha tomado buena parte de la discusión pública ni la pérdida de ciertos límites elementales en la convivencia democrática. Es que sea el propio Presidente de la Nación quien utilice de manera reiterada el insulto, la degradación y hasta la apelación al odio para referirse a periodistas y medios de comunicación. No estamos, entonces, ante una discusión sobre buenos modales. Estamos ante una forma de ejercer el poder y de intervenir sobre la palabra pública.
En los últimos días, Javier Milei llamó “mierda humana” a distintos profesionales, habló de “mierdas mentirosas con micrófono”, se refirió a “sicarios del micrófono”, “simios”, “imbéciles” y “periodistas corruptos ensobrados”. A una periodista la llamó “bruta”. A otra parte del periodismo la definió como un “amontonamiento de mierda”. Y volvió a amplificar una consigna que, por sí sola, debería encender todas las alarmas democráticas: “No odiamos lo suficiente a los periodistas”.
La preocupación no surge únicamente de la brutalidad de esas expresiones. Surge, fundamentalmente, del lugar desde el cual son pronunciadas. Las palabras nunca son solamente palabras, mucho menos cuando las pronuncia un presidente. La palabra presidencial no circula como cualquier otra: lleva consigo la autoridad del Estado, ocupa el centro de la conversación pública, establece prioridades y, muchas veces, habilita conductas. Un presidente no habla únicamente por sí mismo. Incluso cuando escribe desde su cuenta personal, habla desde el lugar institucional más poderoso de un país.
Tampoco estamos hablando de una frase desafortunada pronunciada al calor de una discusión. Ni de un exabrupto aislado del que alguien pueda arrepentirse después. Durante una sola semana, Milei escribió, compartió o difundió más de 300 mensajes dirigidos contra periodistas y medios de comunicación. Hubo nombres propios, fotografías, acusaciones de corrupción y una sucesión de agravios que se extendió durante horas. La reiteración obliga a dejar de hablar de impulsividad. Cuando una conducta se repite, selecciona adversarios, utiliza siempre los mismos términos y es amplificada por una estructura política y comunicacional, estamos frente a un método.
Efectos, acciones, clima
El punto no es defender corporativamente al periodismo. Los periodistas podemos equivocarnos. Los medios poseen intereses, orientaciones editoriales y relaciones de poder. Una noticia puede ser imprecisa, una interpretación puede ser discutible y una cobertura puede estar sesgada. Nada de eso debe ocultarse. El periodismo tiene que aceptar la crítica, corregir sus errores y explicar sus procedimientos. Ningún periodista debería pretender estar por encima del cuestionamiento público.
Pero criticar no es insultar. Refutar no es degradar. Responder una información con datos no es lo mismo que convertir a quien la publica en un enemigo al que la sociedad debería odiar. Si una noticia es falsa, el Gobierno dispone de documentos, estadísticas, conferencias de prensa, pedidos de rectificación y mecanismos judiciales. Posee, además, una capacidad de comunicación incomparablemente mayor que la de cualquier periodista individual. No necesita promover el desprecio para hacer conocer su versión.
Aquí existe una asimetría que no puede ignorarse. Un presidente tiene poder político, institucional y simbólico. Administra recursos públicos, conduce organismos del Estado y concentra una atención que ningún trabajador de prensa posee. Cuando señala con nombre y apellido a una persona, sabe que detrás de su publicación aparecerán miles de seguidores dispuestos a repetir el agravio, aumentar su violencia y llevarlo hasta las cuentas personales del periodista señalado. La palabra presidencial no termina donde se coloca el punto final. Produce efectos, desencadena acciones y crea un clima.
Por eso la consigna “No odiamos lo suficiente a los periodistas” es particularmente grave. El odio no es una categoría del debate democrático. No aporta información, no corrige errores ni mejora la calidad del periodismo. Su función es otra: dividir a la sociedad entre quienes merecen ser escuchados y quienes deben ser rechazados antes de hablar. Cuando se consigue que el público desprecie de antemano al mensajero, ya no hace falta responder el mensaje.
Ese parece ser uno de los objetivos de esta estrategia. Si un periodista informa que cayó el consumo, que aumentó la morosidad, que cerraron empresas o que existen conflictos dentro del Gobierno, la respuesta deja de concentrarse en comprobar esos datos. La conversación se desplaza hacia la supuesta condición moral de quien los dio a conocer. Es un “ensobrado”, un “operador”, un “mentiroso” o una “mierda humana”. Así, la descalificación sustituye a la explicación y el insulto evita la discusión de fondo.
La operación es sencilla y eficaz: cuando la información favorece al Gobierno, se la presenta como un dato objetivo; cuando lo contradice, se la define como una operación. De ese modo, el poder intenta reservarse la facultad de decidir no solamente qué interpretación es correcta, sino también qué hechos pueden ser reconocidos como verdaderos. El problema ya no afecta únicamente a los periodistas agredidos. Afecta el derecho de toda la sociedad a recibir información diversa y a formarse una opinión propia.
Una puerta peligrosa
La situación adquiere una gravedad mayor cuando el agravio empieza a aproximarse a la amenaza institucional. Esta semana, el ministro de Economía, Luis Caputo, planteó la necesidad de una ley que castigue a los periodistas que publiquen información “sin sustento”, y Milei respaldó públicamente esa posición. La pregunta es inevitable: ¿quién determinaría qué información tiene sustento? ¿El mismo Gobierno que está siendo investigado o cuestionado? ¿Puede el poder político convertirse en juez de aquello que se publica sobre su propia gestión?
Las noticias falsas pueden causar daños y existen responsabilidades que deben discutirse. Pero entregar al Gobierno la capacidad de establecer qué información merece castigo abre una puerta extremadamente peligrosa. La sola posibilidad de una sanción puede producir autocensura. Un periodista podría dejar de publicar no porque su información sea falsa, sino porque teme las consecuencias económicas, judiciales o personales de incomodar al poder. Y una democracia en la que las preguntas se formulan con miedo es una democracia que comienza a perder calidad.
También debemos preguntarnos qué aprendizaje social deja este lenguaje. Si el Presidente puede responder con insultos a quien lo contradice, ¿por qué los demás deberían actuar de otra manera? Si desde la máxima autoridad se presenta la humillación como una muestra de fortaleza, la violencia verbal empieza a naturalizarse en todos los niveles. La palabra pública pierde su capacidad de construir argumentos y se transforma en un arma destinada a herir, intimidar y expulsar al otro de la conversación.
No se trata de reclamar solemnidad permanente ni de exigir un lenguaje vacío, artificial o distante. Un presidente puede ser vehemente, apasionado y frontal. Puede cuestionar con dureza a un medio y demostrar que una noticia es falsa. Lo que no debería hacer es utilizar el enorme poder de su palabra para degradar personas y promover el odio contra una profesión cuya tarea consiste, precisamente, en observar y controlar al poder.
¿Y el valor de la palabra pública?
La libertad de prensa no existe para proteger la sensibilidad de los periodistas. Existe para proteger a la ciudadanía. Las preguntas incómodas, las investigaciones, las miradas críticas y hasta los errores que luego deben corregirse forman parte de una conversación pública que ninguna autoridad debería controlar por completo. Sin esa pluralidad, la sociedad queda expuesta a una única versión: la que el propio poder construye sobre sí mismo.
Las palabras nunca son inocentes, pero tampoco son inevitables. Se eligen. Javier Milei elige llamar “mierda humana” a un periodista. Elige hablar de “simios con micrófono”. Elige difundir que no odiamos lo suficiente a quienes ejercen esta profesión. Y cada una de esas elecciones transmite una concepción del poder: quien pregunta molesta, quien contradice miente y quien investiga se convierte en enemigo.
Un presidente tiene derecho a defender su gestión. Tiene derecho a sentirse injustamente tratado y a responder cada información que considere falsa. Pero tiene, sobre todo, una responsabilidad que ningún otro ciudadano posee: cuidar el valor de la palabra pública. Porque cuando la palabra presidencial pierde su dignidad, no se degrada solamente quien la pronuncia. Se degrada el debate democrático. Y cuando desde lo más alto del Estado se enseña a odiar a quienes preguntan, los perjudicados finales no son los periodistas. Somos todos.