La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, reconoció que durante 2025 los suicidios dentro de las fuerzas federales aumentaron 30% y mencionó expresamente al endeudamiento —formal e informal— entre los problemas que atraviesan a los efectivos. El dato adquiere otra dimensión cuando se observa el cuadro general: ese mismo año se registraron 5.209 suicidios en la Argentina, 960 más que en 2024, mientras la mora de los hogares se disparó del 2,5 al 8,8%. A eso se suma el fuerte desfinanciamiento de las políticas nacionales de salud mental. No alcanza para establecer una relación causal. Pero sí para entender que el sobreendeudamiento dejó de ser un asunto exclusivamente financiero.
Por Fernando Viano
Hay declaraciones que adquieren importancia no solamente por lo que dicen, sino también por quién las pronuncia. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, reconoció ante el periodista Eduardo Feinmann que durante 2025 los suicidios dentro de las fuerzas federales aumentaron un 30 por ciento respecto del año anterior. Pero el dato más significativo apareció cuando intentó explicar qué situaciones están atravesando los integrantes de esas fuerzas. Monteoliva habló expresamente de “niveles de endeudamiento, muchas veces formales e informales”.
La frase merece atención. No proviene de un dirigente opositor, de una organización sindical ni de alguien intentando responsabilizar políticamente al Gobierno nacional. Es una ministra de ese mismo Gobierno reconociendo que dentro de las fuerzas que tiene bajo su órbita existe un incremento importante de suicidios y que, entre los problemas que están detectando, aparece la deuda. Monteoliva agregó además que las fuerzas federales no están aisladas de lo que ocurre en el resto de la sociedad: los suicidios, admitió, también aumentaron en el país.
Y ahí su declaración deja de ser solamente un dato sectorial.
Durante 2025 se registraron 5.209 suicidios en la Argentina, de acuerdo con el relevamiento del Observatorio de Política Criminal elaborado a partir de información oficial. En 2024 habían sido 4.249. Es decir que en apenas un año hubo 960 muertes más, un incremento del 22,6 por ciento. La tasa alcanzó 11,8 suicidios cada 100 mil habitantes, el nivel más alto de la serie analizada.
El dato es demasiado grave como para dejarlo reducido a una estadística. Y cuando la propia ministra de Seguridad reconoce, al mismo tiempo, un aumento del 30 por ciento dentro de las fuerzas federales y menciona expresamente al endeudamiento entre los problemas que atraviesan a sus integrantes, hay una pregunta que resulta inevitable: ¿qué relación puede existir entre la creciente asfixia financiera de los hogares y este fuerte aumento de los suicidios?
La respuesta exige responsabilidad. No se puede afirmar que alguien se suicida porque tiene una deuda. El suicidio es un fenómeno complejo y multicausal, atravesado por factores psicológicos, familiares, sociales, culturales y económicos. Reducirlo a una única explicación sería irresponsable. Pero la prudencia tampoco puede convertirse en una excusa para no mirar aquello que los propios datos empiezan a poner frente a nosotros.
Porque mientras durante 2025 se producían 960 suicidios más, la capacidad de pago de las familias argentinas sufría un deterioro extraordinariamente acelerado. En diciembre de 2024, la mora de los créditos destinados a los hogares se ubicaba en torno al 2,5 por ciento, según los informes del Banco Central. En noviembre de 2025 había llegado al 8,8 por ciento. En menos de doce meses, la morosidad familiar prácticamente se multiplicó por tres veces y media.
Ese dato tampoco demuestra por sí solo una relación causal con los suicidios. Pero muestra algo concreto: una cantidad creciente de hogares dejó de poder cumplir normalmente con sus obligaciones financieras.
Y allí aparece una diferencia fundamental. Endeudamiento no es lo mismo que sobreendeudamiento. Tener un crédito no constituye necesariamente un problema. El crédito puede servir para comprar una vivienda, adquirir un bien, financiar una inversión o anticipar un consumo. El problema comienza cuando deja de ser una herramienta para mejorar las condiciones de vida y empieza a convertirse en el mecanismo necesario para sostenerlas.
Cuando una familia compra alimentos con tarjeta porque el ingreso disponible no alcanza. Cuando paga una deuda tomando otra. Cuando cubre apenas el mínimo del resumen y refinancia sistemáticamente el resto. Cuando utiliza un préstamo para cancelar otro. Cuando una proporción cada vez mayor del salario ya está comprometida antes incluso de cobrarlo.
En ese momento la deuda empieza a cambiar de naturaleza. Ya no financia un proyecto futuro: administra una urgencia presente.
Y cuando ese mecanismo se repite durante meses, el problema deja de quedar encerrado en una cuenta bancaria. Entra en la vida cotidiana. Se convierte en insomnio, ansiedad, discusiones familiares, miedo a los vencimientos, vergüenza, aislamiento, sensación de fracaso y, fundamentalmente, en la percepción de que por más esfuerzo que se haga nunca se termina de salir.
Ese fenómeno tiene un nombre cada vez más presente en la investigación internacional: estrés financiero.
Estrés financiero
La evidencia científica viene advirtiendo desde hace años que las dificultades económicas y las deudas problemáticas están asociadas con mayores niveles de depresión, ansiedad, desesperanza y vulnerabilidad frente a conductas suicidas. La Organización Mundial de la Salud incluye expresamente los problemas financieros entre las situaciones que pueden incidir en una crisis suicida.
Esto no significa que la deuda conduzca inevitablemente al suicidio. Significa algo distinto: cuando una persona pierde el control sobre su economía y empieza a percibir que no existe una salida posible, el problema financiero puede transformarse en una fuente permanente de sufrimiento.
La declaración de Monteoliva resulta particularmente reveladora por otra razón. Quienes integran las fuerzas federales tienen trabajo. Perciben un salario. Mantienen, en principio, una estabilidad laboral superior a la de amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, la propia ministra reconoce que dentro de ellas existe un problema de endeudamiento formal e informal y que los suicidios aumentaron 30 por ciento.
Ese dato rompe con una idea demasiado sencilla: que la vulnerabilidad económica empieza solamente cuando una persona pierde el empleo o cae por debajo de una determinada línea estadística.
No necesariamente.
Una persona puede tener empleo y estar financieramente asfixiada. Puede cobrar todos los meses y no disponer realmente de su salario. Puede seguir apareciendo como ocupada y, sin embargo, utilizar deuda para cubrir consumos básicos. Puede sostener exteriormente una cierta normalidad mientras sus ingresos están cada vez más condicionados por cuotas, intereses, préstamos y refinanciaciones.
Por eso la discusión sobre la situación social argentina no puede limitarse únicamente a indicadores generales de pobreza, empleo o crecimiento. Esos datos pueden y deben ser analizados, discutidos y contrastados. Pero incluso tomándolos como referencia, existe una dimensión que no necesariamente reflejan: cuánto dinero le queda verdaderamente disponible a una familia después de pagar lo que debe.
Otra dimensión
Y aquí aparece otra dimensión que no puede quedar afuera del análisis: el desfinanciamiento de la salud mental por parte del Gobierno nacional.
La contradicción es difícil de ignorar. Mientras una ministra del propio Gobierno reconoce un fuerte incremento de suicidios dentro de las fuerzas federales y menciona al endeudamiento entre los problemas detectados, la inversión nacional en salud mental viene sufriendo una fuerte retracción en términos reales.
Según relevamientos presupuestarios, el gasto ejecutado en políticas de salud mental cayó casi 27 por ciento en 2024 respecto de 2023 y volvió a retroceder alrededor de 8,7 por ciento en 2025. Una de las líneas más directamente vinculadas con prevención, promoción y fortalecimiento territorial, “Apoyo y Promoción de la Salud Mental”, sufrió además una caída real superior al 58 por ciento durante 2024.
El Hospital Nacional Laura Bonaparte, principal institución nacional especializada en salud mental y adicciones, atravesó a su vez un proceso de reestructuración, reducción de personal e intervención.
El Programa Nacional de Abordaje Integral de la Problemática del Suicidio continúa formalmente vigente. Y justamente por eso la pregunta resulta todavía más incómoda: ¿con qué recursos, con qué equipos y con qué capacidad territorial puede sostenerse una política de prevención cuando el área viene atravesando semejante desfinanciamiento?
Porque una política pública no se mide solamente por el nombre de un programa o por la resolución que lo creó. Se mide por los recursos que tiene para funcionar, por los profesionales disponibles, por su capacidad de prevenir y por la posibilidad concreta de llegar a quienes necesitan ayuda.
Y en un país que terminó 2025 con 5.209 suicidios y 960 muertes más que el año anterior, discutir el financiamiento de la salud mental deja de ser una cuestión meramente administrativa.
También es discutir prioridades.
La otra cara del modelo
Quizás ahí empiece a aparecer la otra cara del modelo Milei. No la que se expresa en los indicadores macroeconómicos, en las metas fiscales o en los números que el Gobierno exhibe como señales de orden, sino la que se vive puertas adentro de los hogares: salarios comprometidos, tarjetas refinanciadas, créditos que se toman para pagar otros créditos y una creciente pérdida de autonomía sobre los propios ingresos.
Porque una economía puede exhibir determinados números y, al mismo tiempo, dejar a miles de familias atrapadas en una lógica de endeudamiento permanente. Y si a esa presión económica se suma un Estado nacional que reduce en términos reales los recursos destinados a salud mental, la discusión deja de ser solamente económica.
Pasa a ser social.
Durante mucho tiempo aprendimos a reconocer una crisis a partir de determinadas imágenes: fábricas cerradas, filas de personas buscando empleo, pérdida masiva de puestos de trabajo, pobreza visible. Pero una crisis también puede presentarse de otra manera. Puede expresarse en una persona que sigue trabajando, cobrando y consumiendo, pero que lo hace cada vez más con dinero prestado. En una familia que mantiene una apariencia de normalidad mientras acumula vencimientos. En alguien que conserva su empleo, pero perdió la capacidad de proyectar.
Eso también es deterioro social.
Y posiblemente sea más difícil de advertir porque ocurre en silencio.
Más que un problema entre privados
Por eso los datos de 2025 deben leerse juntos, aunque no puedan confundirse. 5.209 suicidios. 960 muertes más que el año anterior. Un aumento nacional del 22,6 por ciento. Un incremento del 30 por ciento dentro de las fuerzas federales. Una mora familiar que pasó del 2,5 al 8,8 por ciento en menos de un año. Y una política nacional de salud mental que perdió recursos reales justamente mientras el problema se agravaba.
No alcanza para afirmar que la deuda explica el aumento de los suicidios. No sabemos cuántas de esas 5.209 personas atravesaban dificultades económicas ni qué peso tuvieron esas dificultades en cada historia individual. Pretender establecer una relación automática sería falso.
Pero tampoco alcanza ya con decir que se trata simplemente de un problema privado entre quien presta y quien debe.
Cuando una deuda condiciona la alimentación, el descanso, los vínculos familiares, la salud mental y la capacidad de imaginar un futuro, deja de ser solamente un asunto financiero. Cuando el ingreso ya no sirve para organizar la vida sino apenas para administrar vencimientos, aparece un problema social. Y cuando, frente a ese escenario, se desfinancian las políticas públicas destinadas a intervenir sobre la salud mental, aparece también una responsabilidad política que merece ser discutida.
Quizás ése sea el dato más profundo que dejó la declaración de Monteoliva.
Sin proponérselo, la ministra puso sobre la mesa una pregunta que excede ampliamente a las fuerzas de seguridad y que debería interpelar a toda la sociedad: ¿qué está haciendo el sobreendeudamiento con la vida de los argentinos?
Y habría que agregar otra: ¿qué está haciendo el Estado nacional para contener sus consecuencias?
Todavía no tenemos una respuesta completa.
Pero después de 5.209 suicidios en un año, 960 muertes adicionales, una suba del 30 por ciento dentro de las fuerzas federales, una mora familiar que prácticamente se multiplicó por tres veces y media y un fuerte desfinanciamiento de la salud mental, ya no alcanza con no querer formular las preguntas.