Mientras millones de argentinos se endeudan para sostener gastos cotidianos, refinancian tarjetas y toman nuevos créditos para pagar deudas anteriores, el presidente Javier Milei califica como una “estupidez” decir que la gente no llega a fin de mes. Detrás de esa frase no hay sólo insensibilidad: hay un modelo que deterioró ingresos, desreguló condiciones financieras y generó condiciones que empujaron a millones de familias hacia el endeudamiento, y que ahora pretende presentar sus consecuencias como un simple “problema entre privados”.
Por Fernando Viano
Javier Milei volvió a hablar esta semana de la economía argentina y, una vez más, eligió una manera particular de describir lo que ocurre fuera de los indicadores que celebra el Gobierno. Durante su participación en el Council of the Americas calificó como una “estupidez” decir que “la gente no llega a fin de mes”. La frase podría quedar reducida a una provocación más de las tantas que utiliza el Presidente. Pero esta vez hay algo diferente. Porque no estamos solamente ante una expresión desafortunada. Estamos ante una manera de mirar -o de decidir no mirar- lo que está ocurriendo con millones de argentinos.
Y ahí es, justamente, donde aparece una palabra imposible de evitar: inhumano.
Porque hay algo profundamente inhumano en escuchar que millones de personas atraviesan dificultades para sostener su vida cotidiana y responder que decirlo es una estupidez. Hay algo inhumano en transformar el padecimiento económico en una falla intelectual de quien lo padece. Y hay algo todavía más grave cuando esa respuesta proviene de quienes tomaron las decisiones económicas que contribuyeron a generar las condiciones que hoy asfixian a esas familias.
Podría plantearse una discusión interminable acerca de qué significa exactamente “llegar a fin de mes”. Podríamos entrar en el terreno de las percepciones, preguntar a cada familia cuánto gana, cuánto necesita, qué consume o qué considera suficiente.
Pero existe una manera bastante menos subjetiva de responder: mirar qué están haciendo millones de argentinos para intentar que no sobre demasiado mes al final del sueldo. Y los datos, en este punto, muestran algo todavía más preocupante: una parte enorme de la sociedad está llegando a fin de mes con plata que no tiene, con tarjeta de crédito, con préstamos personales, con adelantos, con créditos de billeteras virtuales, refinanciando saldos, pagando el mínimo o pidiendo prestado para cubrir otro préstamo.
No estamos hablando de percepciones. Estamos hablando de deuda.
Más datos, menos relato
El informe sobre endeudamiento y mora elaborado por el Centro de Economía Política Argentina muestra que en junio de 2026 había prácticamente 21 millones de personas endeudadas con bancos o proveedores no financieros de crédito. De ellas, 5,91 millones ya estaban en situación de mora. La irregularidad de las familias con los bancos alcanzó el 12,8%, después de haber aumentado durante veinte meses consecutivos, mientras que entre los proveedores no financieros llegó al 30,1%, superando incluso el máximo registrado durante la pandemia.
Esto no ocurrió de la nada; no apareció como un fenómeno espontáneo, ni puede separarse de las decisiones económicas tomadas desde diciembre de 2023 por Javier Milei.
El programa económico del Gobierno nacional tuvo desde el comienzo una prioridad explícita: producir un ajuste acelerado de las cuentas públicas, modificar precios relativos, reducir el gasto del Estado, desregular mercados y sostener una política de ingresos subordinada a la estrategia antiinflacionaria. El resultado sobre la economía de los hogares fue una fuerte pérdida inicial del poder adquisitivo y una recuperación posterior profundamente desigual.
El propio informe del CEPA calcula que el salario real registrado acumula desde noviembre de 2023 una caída del 8,7% utilizando el IPC oficial, y estima una pérdida del 18,7% si se utilizan ponderadores actualizados del consumo.
Se podrá discutir la metodología, se podrá discutir el porcentaje exacto, pero lo que resulta mucho más difícil de discutir es la secuencia: primero cayó fuertemente el poder adquisitivo, después comenzó a crecer el financiamiento del consumo, después creció la mora y finalmente millones de familias empezaron a quedar afuera de los mecanismos tradicionales de crédito.
No alcanza con decir que cada persona decidió libremente endeudarse, porque una decisión económica nunca ocurre fuera de las condiciones materiales en las que se toma. No es la misma libertad elegir un crédito para comprar un automóvil que tomarlo para poder comprar alimentos hasta cobrar el próximo sueldo.
Y ese es uno de los datos centrales de esta historia: el endeudamiento de los hogares dejó de estar vinculado solamente con la adquisición de bienes importantes o con la posibilidad de adelantar consumo futuro. Cada vez más familias recurren al crédito para financiar la vida corriente. Comida, servicios, combustible, medicamentos, gastos del mes y otras deudas. Es decir: el crédito se está convirtiendo en una extensión del salario que no alcanza y la tarjeta funciona como un segundo ingreso. Pero ese segundo ingreso tiene una diferencia fundamental: hay que devolverlo. Y hay que devolverlo con intereses.
Entonces el ingreso del mes siguiente ya no alcanza solamente para vivir ese mes. También debe pagar parte del anterior. Allí comienza el círculo: el salario no alcanza, se usa la tarjeta, después se paga el mínimo, se refinancia, se toma un préstamo personal.
Cuando el banco restringe el crédito, aparece una billetera virtual. Cuando esa puerta también se cierra, aparece una financiera. Y en el último escalón aparece el prestamista informal.
El CEPA denomina este proceso “precarización del endeudamiento”. Los bancos reducen el crédito a quienes presentan mayores dificultades, pero la necesidad de dinero no desaparece. El deudor simplemente migra hacia mecanismos más caros y más riesgosos. El informe incluso describe el pasaje desde créditos bancarios con posibilidades de renegociación hacia modalidades con costos financieros extraordinariamente superiores y, finalmente, hacia el crédito informal.
Es una escalera descendente: banco, tarjeta, billetera, financiera, prestamista. Cada escalón encuentra a la persona con menos ingresos disponibles, más deuda acumulada y peores condiciones para negociar.
Y cuando ese proceso alcanza dimensiones masivas, el Gobierno nacional responde que se trata de un “problema entre privados”. La posición fue reiterada públicamente durante las últimas semanas frente al crecimiento de la morosidad.
Mirar para otro lado
La frase “problema entre privados” es reveladora, porque pretende colocar al Estado fuera de una situación en la que el Estado estuvo desde el comienzo. El Gobierno no fue un espectador: intervino, tomó decisiones, cambió regulaciones y modificó las reglas del mercado crediticio.
El DNU 70/2023 introdujo cambios importantes en la Ley de Tarjetas de Crédito. Entre otras cosas, el Banco Central dejó establecido, en función de ese decreto, que se eliminaba el límite a las tasas de interés punitorio aplicables a las financiaciones mediante tarjeta de crédito. Está escrito en la propia normativa oficial.
Por eso hay una contradicción difícil de esconder: cuando el Gobierno decidió retirar regulaciones, la relación entre acreedor y deudor no fue considerada un asunto puramente privado. El Estado intervino para modificarla, decidió retirar límites y alteró el marco dentro del cual millones de personas se financian. Entonces resulta demasiado cómodo aparecer después, cuando crece la mora, y sostener que ahora sí estamos frente a un asunto que sólo compete a dos particulares.
Intervenir para desregular también es intervenir. Y todavía hay algo más importante: el Gobierno también intervino sobre la economía general que determina la capacidad de pago de esas familias. Las políticas sobre salarios públicos, jubilaciones, transferencias, tarifas, gasto, regulación y actividad económica forman parte de un mismo programa. Las consecuencias de ese programa llegan inevitablemente al bolsillo de quienes después deben pagar la tarjeta, el préstamo o la cuota. Por eso resulta insuficiente -y profundamente injusto- reducir toda la discusión a una supuesta responsabilidad individual del deudor.
Por supuesto que cada persona es responsable de las obligaciones que contrae, pero una sociedad no puede explicar un fenómeno que alcanza a millones de personas recurriendo únicamente a millones de historias individuales de irresponsabilidad. Cuando una, diez o cien personas no pueden pagar una deuda, puede discutirse cada caso. Cuando casi seis millones están en mora, ya no hablamos de una suma de conductas individuales: hablamos de un fenómeno económico. Y los fenómenos económicos tienen causas económicas.
El propio comportamiento de la mora acompaña el deterioro de los ingresos. Los hogares comenzaron a utilizar crédito para sostener gastos corrientes y, cuando el poder adquisitivo no logró recomponerse con suficiente velocidad, esa deuda comenzó a resultar impagable.
Por eso no es serio que el mismo Gobierno que ejecutó una política económica con consecuencias directas sobre los ingresos pretenda luego observar la insolvencia familiar desde afuera. Mucho menos responsabilizar exclusivamente a quienes quedaron atrapados en ella. Y muchísimo menos burlarse de quienes dicen que no llegan a fin de mes.
Vivir con angustia
Ahí vuelve a aparecer la dimensión humana. Porque detrás del porcentaje de mora no hay solamente cuentas bancarias: hay personas, hay familias que calculan qué factura dejar vencer, personas que esperan la fecha de cierre de la tarjeta para volver al supermercado, personas que pagan el mínimo porque no pueden pagar el resumen, familias que utilizan una aplicación para pedir dinero y cancelar otra deuda, trabajadores que tienen empleo y, aun así, necesitan financiar gastos corrientes, personas que nunca fueron pobres en términos estadísticos y que ahora viven permanentemente preocupadas por el próximo vencimiento.
Eso tiene un nombre: angustia financiera. La angustia de abrir la aplicación del banco, la de mirar el saldo, la de contar cuántos días faltan para cobrar, la de saber que el ingreso que todavía no llegó ya está comprometido. La economía también ocurre allí, no solamente en la inflación mensual, no solamente en el déficit fiscal, no solamente en las reservas, los bonos o el riesgo país. Ocurre en una mesa donde se ordenan facturas, en el supermercado, en el resumen de la tarjeta, en el vencimiento de un préstamo, en el celular desde donde alguien busca cómo conseguir cien mil pesos para pasar los próximos diez días.
Por supuesto que la estabilidad macroeconómica importa, que la inflación baje importa, que un Estado tenga cuentas sostenibles importa, pero ninguna de esas cosas autoriza a negar lo que ocurre en millones de hogares. Mucho menos a ridiculizarlo. Porque una economía puede ordenar determinadas variables macroeconómicas mientras desordena profundamente la vida financiera de millones de personas.
Y esa parece ser una de las grandes contradicciones del presente argentino: se ordenaron cuentas fiscales, se desregularon mercados, se modificaron precios relativos, se liberaron condiciones financieras, pero millones de familias terminaron haciendo su propio ajuste todos los días.
Lo inhumano como respuesta
Por eso la frase presidencial resulta tan grave, no solamente porque es ofensiva, sino porque intenta invertir la responsabilidad. El Gobierno nacional presenta como una “estupidez” la descripción de una realidad que sus propias decisiones económicas ayudaron decisivamente a construir. Después presenta el endeudamiento como una suma de decisiones privadas, y finalmente se declara ajeno a las consecuencias.
Ese razonamiento puede resultar coherente con una determinada concepción ideológica del Estado, pero frente a la realidad de millones de personas es, además, inhumano, porque gobernar no consiste solamente en administrar balances. Gobernar significa administrar las consecuencias humanas de las decisiones que se toman.
Y cuando esas decisiones contribuyen a que millones de argentinos tengan que recurrir al crédito para sostener su vida cotidiana, el Estado no puede lavarse las manos cuando esa deuda se vuelve impagable. Mucho menos burlarse.
Tal vez ahí esté el verdadero problema de aquella frase: Milei dice que es una estupidez afirmar que la gente no llega a fin de mes, pero los datos muestran algo más grave. Millones llegan, pero llegan con plata prestada, hipotecando parte del salario siguiente, pagando intereses por haber comprado comida el mes anterior. Llegan con una deuda que ya no sirve para construir futuro, sino para sobrevivir al presente.
Y cuando una sociedad comienza a utilizar ingresos futuros para financiar necesidades actuales, no estamos frente a millones de irresponsabilidades individuales. Estamos frente a una consecuencia directa del rumbo económico adoptado.
Y frente a un Gobierno que, después de aplicar esa política, decide mirar para otro lado.