«Pareciera que a veces la comunicación es algo obvio y no lo es, porque la comunicación también son definiciones políticas», afirmó el pasado 1 de abril la secretaria de Comunicación y Planificación Pública de La Rioja, Luz Santangelo Carrizo, en el marco de un acto en el que se puso en valor la presencia del Estado vinculada a un hecho esencial: el acceso a la información como un derecho fundamental, consagrado además en la nueva Constitución Provincial.
Este concepto cobra aún más relevancia en un escenario en el que el Gobierno nacional de Javier Milei avanza con una política de vaciamiento del Estado que impacta también y directamente en la comunicación pública. La disolución de la agencia de noticias Télam y el desfinanciamiento de programas han marcado el rumbo de una gestión que desprecia el rol del Estado. Frente a este panorama, la Provincia refuerza su compromiso con una comunicación inclusiva, apostando a que la información llegue a cada rincón.
Con ese eje como punto de partida es que realizaron importantes anuncios, entre ellos, que Canal 9 subió su calidad en digital a HD, que se recuperaron todas las repetidoras del sistema analógico y que se inició el proceso para que en cada municipio se puedan mantener las repetidoras sin dependencia de la Capital. Lo que entra a jugar aquí, más allá de lo necesario a nivel técnico, es lo indispensable de llegar con la mejor señal a todos y cada uno de los puntos cardinales, haciendo de la federalización tantas veces declamada, una acción de gobierno concreta.
Ese compromiso, además, tiene que ver con otra cuestión completamente indispensable y poco ejercida: la visibilización del otro, del habitante del interior profundo que, como tal, existe pero queda cada vez más lejos del centralismo porteño. Allí, el Gobierno de La Rioja asume la responsabilidad de sostener y expandir la comunicación pública. Frente a la indiferencia del Gobierno nacional, la Provincia redobla los esfuerzos en pos de sostener una estructura que incluye, además, la asistencia a las radios municipales, al igual que el acompañamiento al funcionamiento de los puntos digitales, un programa nacional que, tras la asunción de Javier Milei, quedó sin financiamiento. Espacios de contención que, de no mediar el accionar de la Provincia, dejarían de existir.
Esta diferencia de enfoques es clave: mientras el Gobierno nacional retira el apoyo estatal a programas informativos, la Provincia los sostiene, demostrando que la comunicación es también una herramienta de bienestar y desarrollo.
Sin embargo, ese trabajo en materia de comunicación va mucho más allá del hecho de garantizar los mecanismos esenciales para su normal desarrollo. Una labor a conciencia debe tener, además, a la libertad de expresión como un bien absoluto de las personas, pero asociado también a la estricta responsabilidad a la hora de comunicar. En este punto hace hincapié la Secretaría de Comunicación y Planificación, proponiendo instancias de formación y capacitación, pero también la apertura de un debate que, entre otras cuestiones, viene a plantear la necesidad de transparentar y entender a la comunicación como un derecho, pero que también requiere de regulaciones frente a los abusos de los oportunistas de turno, muchas veces mercenarios disfrazados de periodistas.
Mientras el Gobierno de Milei desmonta organismos públicos de información, La Rioja avanza en una dirección opuesta: apuesta por la capacitación, la ética profesional y el acceso equitativo. Este debate, lejos de ser abstracto, se traduce en iniciativas concretas, como la capacitación de periodistas y comunicadores en el uso responsable de la información y en la promoción de un periodismo comprometido con la verdad.
La comunicación es, en definitiva, un territorio de disputa en el que las decisiones políticas marcan diferencias sustanciales, mucho más cuando pareciera que es algo obvio, pero no lo es. Y en tiempos oscuros, garantizar el acceso es, también, una forma de resistencia.
