Hay gobiernos que construyen autoridad a partir del ejemplo. Y hay gobiernos que pretenden construirla desde la amenaza. El problema aparece cuando quienes incumplen la ley son, precisamente, quienes después exigen obediencia, disciplina y responsabilidad a los demás.
Por Fernando Viano
La intimación del Ministerio de Capital Humano a rectores de universidades nacionales expone con crudeza esa contradicción. El Gobierno nacional exige “garantizar” clases, presentar “planes de contingencia”, asegurar el acceso de quienes no adhieran a medidas de fuerza y hasta advierte sobre posibles consecuencias administrativas y financieras. Todo eso mientras el propio Estado nacional incumple la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y ratificada luego de un veto presidencial.
Y acá aparecen los datos que destruyen cualquier intento de relato oficial.
La crisis universitaria no es una construcción política ni una exageración sindical. Es matemática pura. Informes universitarios y escalas salariales actualizadas muestran que un ayudante de primera con dedicación simple -10 horas semanales- percibe alrededor de 200 mil pesos mensuales; un JTP simple ronda los 240 mil; incluso un profesor adjunto simple apenas supera los 280 mil pesos brutos.
La mayor parte del sistema universitario argentino funciona precisamente bajo ese esquema precarizado: cerca del 70% de los cargos docentes son de dedicación simple. Es decir, miles de profesionales altamente formados, investigadores, científicos y docentes sostienen aulas universitarias por salarios que en muchos casos ya ni siquiera alcanzan para cubrir servicios básicos.
La pérdida salarial acumulada ya supera el 35% de poder adquisitivo y distintos estudios universitarios sostienen que, para volver al nivel salarial de noviembre de 2023, los ingresos docentes deberían recomponerse más de un 55%.
Ese es el cuadro real.
Y frente a eso, el Gobierno responde con intimaciones.
No con cumplimiento de la ley. No con recomposición salarial. No con financiamiento garantizado. Con amenazas.
Porque el mismo Estado que no garantiza salarios dignos, que licúa presupuestos con inflación y que demora partidas esenciales para el funcionamiento universitario, pretende colocarse en el lugar de custodio de la normalidad institucional. Los que no cumplen la ley exigen cumplimiento. Los que desconocen una obligación votada democráticamente intiman a quienes sostienen como pueden la universidad pública.
La obscenidad política de la escena no admite demasiados rodeos.
Y todavía resulta más irritante cuando quienes pontifican sobre austeridad y esfuerzo son funcionarios que viven muy lejos de las privaciones que le imponen al resto de la sociedad.
Mientras un docente universitario necesita multiplicar cargos para sobrevivir, el aparato de comunicación oficial creció hasta niveles difíciles de justificar incluso bajo el propio discurso libertario. La estructura política de Manuel Adorni (además de propiedades de muy dudoso origen) llegó a acumular decenas de asesores, coordinaciones y contrataciones financiadas por el Estado. Investigaciones periodísticas hablan de más de cien designaciones y una maquinaria comunicacional multimillonaria construida mientras el Gobierno exige sacrificios al sistema universitario.
El contraste es brutal.
Al docente universitario se le pide vocación, paciencia y sacrificio. Al científico se le pide resistencia. A la universidad pública se le pide que siga funcionando aun desfinanciada. Pero al poder político no parece exigírsele nada. Ni coherencia. Ni ejemplaridad. Ni austeridad real.
Porque el problema no es solamente presupuestario. El problema es moral. O, mejor dicho, la ausencia total de autoridad moral.
El Congreso aprobó dos veces el financiamiento universitario. Hubo veto presidencial. Hubo insistencia legislativa. Hubo promulgación. Hubo fallos judiciales ordenando su cumplimiento. Y aun así el Gobierno encontró mecanismos administrativos y argumentaciones burocráticas para no cumplir aquello que la ley establece.
Pero aun en ese contexto, el relato oficial intenta invertir la carga de la responsabilidad. El ajuste brutal deja de ser el problema; el problema pasan a ser los docentes que protestan. El incumplimiento estatal deja de ser el eje; el eje pasa a ser el rector que no “garantiza” clases. La asfixia presupuestaria desaparece del discurso y en su lugar aparece la supuesta “politización” universitaria.
Es una operación discursiva tan vieja como eficaz: provocar el incendio y luego señalar a quienes intentan apagarlo.
La doble vara como método
Nada de esto ocurre de manera aislada. La universidad pública es apenas otro escenario donde se expresa una forma de ejercer el poder basada en la tergiversación sistemática de la realidad. Un gobierno que relativiza índices de inflación mientras los precios explotan; que celebra supuestas recuperaciones económicas que no aparecen en la vida cotidiana; que habla de transparencia mientras acumula episodios de opacidad y escándalos; que construyó su identidad política denunciando a “la casta” para terminar administrando privilegios, blindajes y negocios de una nueva casta propia.
La doble vara se volvió método.
Se demoniza al trabajador estatal mientras se multiplican estructuras paralelas de poder. Se acusa de “militancia” a cualquier voz crítica mientras se organiza un aparato oficial de propaganda permanente. Se exige austeridad a jubilados, docentes y universidades mientras sectores concentrados siguen recibiendo beneficios, garantías y protección política.
Y, aun así, el Gobierno actúa desde una superioridad moral impostada. Desde una especie de fundamentalismo de la corrección ajena que jamás aplica sobre sí mismo.
Por eso la intimación a las universidades resulta mucho más grave que una simple nota administrativa. Porque simboliza una forma de poder que pretende reemplazar el consenso por la presión, la legitimidad por el disciplinamiento y la política pública por la amenaza.
La universidad pública argentina no atraviesa una crisis por culpa de sus docentes, de sus rectores ni de sus estudiantes. La atraviesa porque el Estado nacional decidió convertir la educación superior en variable de ajuste mientras exige, al mismo tiempo, que todo funcione como si nada ocurriera.
Y ahí aparece la gran hipocresía de época: quienes incumplen la ley hablan de institucionalidad; quienes destruyen el financiamiento hablan de calidad educativa; quienes degradan salarios hablan de compromiso; quienes ajustan hasta el límite mismo del funcionamiento universitario se indignan por la protesta que ellos mismos generan.
Los morales inmorales.
Los que señalan con el dedo mientras esconden la mano. Los que exigen obligaciones que ellos mismos no respetan. Los que se presentan como restauradores éticos mientras naturalizan el cinismo como forma de gobierno.
Porque no hay autoridad posible cuando el poder se sostiene sobre la contradicción permanente entre lo que se dice y lo que se hace. Y no hay discurso moral que sobreviva cuando la realidad desmiente, todos los días, cada una de sus palabras.