Un relevamiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) documentó que el 15% de los más de 113.000 tuits publicados por el presidente Javier Milei contienen agravios, descalificaciones o estigmatizaciones. Lejos de ser exabruptos aislados, los datos evidencian una estrategia discursiva sostenida que impacta en la calidad del debate democrático, promueve la deshumanización del adversario y contribuye a un clima social donde la violencia simbólica -y sus derivaciones concretas- encuentra cada vez menos límites.
Por Fernando Viano
Hay cifras que no admiten eufemismos. El relevamiento del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) analizó 113.000 publicaciones realizadas por el presidente Javier Milei en la red social X desde su asunción, el 10 de diciembre de 2023, hasta el 15 de septiembre de 2025. El resultado es tan preciso como inquietante: 16.806 de esos mensajes contienen insultos u ofensas. Es decir, el 15% de la comunicación presidencial en redes está atravesada por el agravio.
No se trata solo de volumen, sino de sistematicidad. FOPEA no habla de excesos aislados, sino de una “estrategia sostenida”, con picos mensuales de agresividad -522 insultos antes de agosto de 2025, cuando el propio mandatario prometió moderar su lenguaje, y aun así 278 en noviembre de ese mismo año-. Es, en términos comunicacionales, una política de enunciación.
Los números permiten además dimensionar el alcance de esa práctica. El informe identifica 62 periodistas y comunicadores atacados de manera directa, junto a 14 medios de comunicación hostigados. Entre los nombres más mencionados aparecen Jorge Lanata, Carlos Pagni, Jorge Fontevecchia, Hugo Alconada Mon, Marcelo Longobardi, entre otros. No es menor: el blanco privilegiado es el sistema de medios, es decir, uno de los pilares de la vida democrática.
Pero la densidad del fenómeno no se agota en quiénes son los destinatarios, sino en cómo son construidos discursivamente. FOPEA señala que el 54% de los mensajes contienen adjetivos despectivos, y que el lenguaje se organiza en tres patrones dominantes: la animalización (“mandril”, “burro”, “rata”, “plaga”), la sexualización (“envaselinados”, “culo”) y la apelación a lo repulsivo (“basura”, “inmundicia”, “putrefacto”). A esto se suma un léxico reiterado que incluye términos como “kuka” (2.286 veces), “casta” (1.815), “delincuente” (1.023), “mandril” (904), “corrupto” (654), “ensobrado” (644), “violento” (540), “degenerado” (507), “mentiroso” (502) y “terrorista” (495).
No es un detalle estilístico. Es una forma de nombrar al otro que lo despoja de legitimidad, lo ubica fuera del campo de lo aceptable y, en última instancia, lo deshumaniza. FOPEA lo define con claridad: “La estigmatización es un proceso social más amplio que apunta a etiquetar y marginar a un grupo de personas basándose en prejuicios”. Y agrega que en la comunicación presidencial se detectan “la descalificación personal, la deslegitimación profesional, la acusación criminal, la amenaza indirecta y la incitación al ataque”.
La lógica de la eliminación
En ese punto, el análisis deja de ser meramente descriptivo para volverse estructural. Porque lo que está en juego no es el tono, sino el modelo de vínculo social que se promueve desde el poder.
El lenguaje político siempre ha tenido componentes de confrontación. La democracia no es ajena al conflicto. Pero una cosa es el disenso y otra muy distinta es la anulación simbólica del adversario. Cuando el otro deja de ser un contendiente legítimo para convertirse en “basura”, “plaga” o “enemigo”, el terreno de la discusión se desplaza peligrosamente hacia la lógica de la eliminación.
La UNESCO advierte que el discurso de odio “incita a la violencia, la hostilidad y la discriminación”. Y subraya que su circulación masiva impacta especialmente en los más jóvenes, moldeando percepciones y prácticas. En esa misma línea, distintos estudios en psicología social sostienen que la deshumanización reduce las barreras morales frente a la agresión: cuando el otro es percibido como menos humano, la violencia hacia él se vuelve más justificable.
Este punto es central para entender por qué el fenómeno no queda encapsulado en la esfera política. La palabra, especialmente cuando proviene del poder, tiene un efecto performativo: no solo describe la realidad, la configura.
En ese contexto, no resulta ajeno -aunque tampoco lineal- el aumento de episodios de violencia o amenaza en otros ámbitos sociales, particularmente en el sistema educativo. En los últimos meses, distintas provincias argentinas han debido activar protocolos ante amenazas de tiroteos en escuelas, un fenómeno que, si bien tiene múltiples causas, se inscribe en un clima social donde la agresión simbólica ha ganado terreno.
Los especialistas en convivencia escolar coinciden en que estos episodios no surgen en el vacío. Se desarrollan en entornos donde ciertos discursos habilitan, naturalizan o banalizan la violencia.
Aquí es donde la responsabilidad del liderazgo político se vuelve ineludible. No porque exista una relación causal directa entre un mensaje presidencial y un hecho violento concreto, sino porque el poder establece marcos de referencia. Define qué es tolerable, qué es legítimo, qué es decible.
La normalización del insulto
FOPEA introduce, además, otra consecuencia relevante: la autocensura. “El precio del silencio es elevado. No se apagan todas las voces de un día para otro, sino a modo de goteo”. Cuando el agravio se vuelve sistemático y proviene del vértice del poder, no solo se agrede: también se disciplina. Se inhibe. Se condiciona.
La democracia no se deteriora únicamente por la restricción formal de derechos. También se erosiona cuando el espacio público se vuelve hostil, cuando la palabra se degrada y cuando el miedo -aunque sea difuso- empieza a ordenar conductas.
En ese sentido, el dato más inquietante del informe no es solo la cantidad de insultos, sino su normalización. Que el 15% de la comunicación presidencial esté atravesada por el agravio no parece, a esta altura, una anomalía, sino parte de un patrón asumido. Y eso, en sí mismo, es el problema.
Porque gobernar no es solo administrar recursos o tomar decisiones. Es también construir sentido. Y cuando desde el poder se instala una lógica de confrontación basada en la deshumanización del otro, lo que se debilita no es únicamente el debate político: es la trama misma de la convivencia democrática.
El lenguaje no es un accesorio del poder. Es uno de sus instrumentos más potentes. Y, como tal, su uso nunca es inocente.