La decisión del gobierno de Javier Milei de restringir el acceso de periodistas a la Casa Rosada no es un hecho aislado ni un exceso circunstancial: es un síntoma. Cuando el poder comienza a cerrar puertas, lo que está en juego no es la comodidad del periodismo, sino el derecho de la sociedad a saber.
Hay decisiones que, por sí solas, definen una época. La restricción al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada no es un episodio administrativo ni una reacción desmedida ante un incidente puntual. Es un gesto político de enorme densidad institucional. Y como tal, debe ser leído en toda su dimensión: el poder eligiendo, de manera explícita, limitar la mirada de quienes tienen la función de observarlo, interpelarlo y dar cuenta de sus actos.
No se trata -conviene insistir- de una discusión sobre protocolos o medidas de seguridad. Ningún gobierno democrático puede sostener seriamente que la única forma de preservar el orden interno es impedir el acceso a la prensa. La lógica es otra, mucho más preocupante: disciplinar, condicionar, reducir el margen de acción de un actor incómodo. En otras palabras, domesticar la mirada crítica.
El problema de fondo es que el periodismo no es un actor más dentro del sistema democrático. Es un intermediario esencial entre el poder y la ciudadanía. Cuando se restringe su acceso, no se está castigando a un grupo profesional; se está recortando el derecho colectivo a la información. Se está empobreciendo el debate público. Se está debilitando uno de los pilares más básicos de la república: la publicidad de los actos de gobierno.
La Constitución Nacional Argentina no deja margen para interpretaciones caprichosas. Garantiza la libertad de expresión, prohíbe la censura previa y establece, en su espíritu más profundo, que el poder debe ser controlado. No hay democracia posible si la información circula filtrada, administrada o dosificada según la conveniencia del gobierno de turno. No hay institucionalidad sólida cuando la transparencia se reemplaza por el hermetismo.
Daño acumulativo
Pero lo ocurrido no es un rayo en cielo sereno. Forma parte de una secuencia. Desde el inicio de la gestión de Milei, el vínculo con el periodismo ha estado marcado por la confrontación, la deslegitimación sistemática y la construcción de un enemigo discursivo: “la casta mediática”, “los operadores”, “los ensobrados”. Ese discurso, repetido y amplificado, no es inocuo. Prepara el terreno para justificar medidas que, en otro contexto, resultarían inaceptables.
Porque primero se desacredita. Luego se señala. Y finalmente se restringe.
El riesgo de ese camino no es teórico. La historia -también la argentina- ofrece ejemplos suficientes de cómo empiezan estos procesos. No suelen anunciarse como censura. Se presentan como orden, como regulación, como defensa frente a abusos. Pero en el fondo operan del mismo modo: reducen el espacio de lo decible, achican el margen de lo visible, silencian las voces disidentes.
Y cuando eso ocurre, el daño es acumulativo.
Una democracia no se rompe de un día para otro. Se erosiona. Se desgasta. Se va vaciando de contenido a medida que los controles pierden eficacia, que las preguntas incomodan demasiado, que la crítica se vuelve sospechosa. En ese contexto, limitar el acceso de la prensa a la sede del poder no es una anécdota: es un síntoma claro de ese proceso de deterioro.
Hay, además, un aspecto que no puede soslayarse: el efecto disciplinador. Cuando el acceso depende de la obediencia, cuando la acreditación se convierte en un privilegio revocable, cuando el periodista sabe que puede quedar afuera por incomodar, la autocensura deja de ser una hipótesis y se convierte en una práctica. Y una prensa que se autocensura es, en los hechos, una prensa debilitada.
En retroceso
Lo que está en juego, entonces, es mucho más que una cobertura periodística. Es la calidad del sistema democrático. Es la posibilidad de que la ciudadanía acceda a información diversa, crítica, no mediada por la narrativa oficial. Es, en definitiva, la vigencia de un principio básico: que el poder no se observa a sí mismo, sino que es observado por la sociedad.
Por eso, frente a este tipo de decisiones, la reacción no puede ser tibia ni ambigua. No alcanza con señalar el hecho. Hay que nombrarlo por lo que es: un retroceso. Un paso en dirección contraria a los estándares democráticos que la Argentina supo construir desde 1983.
Cerrar la puerta a la prensa nunca es gratis. Siempre tiene consecuencias. Porque cuando el poder deja de ser visible, empieza a ser opaco. Y cuando la opacidad se vuelve norma, la democracia deja de ser plena para convertirse en una formalidad.
La pregunta, a esta altura, es inevitable: ¿hasta dónde se está dispuesto a llegar? Porque lo que hoy se presenta como una medida puntual puede convertirse mañana en un mecanismo permanente. Y cuando eso ocurre, ya no se trata de un gobierno. Se trata de un modelo.
Un modelo donde la crítica molesta, la pregunta incomoda y la información se administra.
Un modelo que, en definitiva, empieza a parecerse peligrosamente a aquello que la democracia prometió dejar atrás.
Por Fernando Viano