En medio de una crisis económica que ya golpea con crudeza a las fábricas, a las pymes, a los comercios y a los hogares, la Cámara de Diputados abrió este martes un espacio que expuso, con nombres, rostros y testimonios concretos, la magnitud del deterioro productivo que atraviesa la Argentina. La Comisión de Economía, presidida por Julia Strada, reunió a representantes de distintos sectores para discutir la situación del empleo y de la actividad en todo el país, y el resultado fue un diagnóstico tan claro como alarmante: la industria nacional está siendo asfixiada por la recesión, la pérdida del poder adquisitivo, la apertura importadora indiscriminada y la ausencia de una política activa de protección productiva.
Lejos de cualquier relato oficial que pretenda vestir de “normalización” lo que en realidad es desindustrialización, el encuentro dejó al descubierto una dinámica conocida pero cada vez más destructiva: caída del consumo, parálisis de líneas de producción, suspensiones, despidos, cierres de empresas, aumento de la morosidad y un mercado interno que se desangra a medida que se pulverizan salarios y jubilaciones. No se trata de una foto aislada ni de un problema sectorial. Es una crisis de modelo.
La advertencia más contundente llegó de la propia Strada, quien sostuvo que la Argentina está “atravesada por la ruptura de todas sus cadenas productivas y despidos a lo largo y a lo ancho del país”, y reclamó una respuesta legislativa urgente. La frase no es exagerada: es la descripción de un país donde cada eslabón de la economía real empieza a resentirse cuando el Estado abandona su rol de articulador, árbitro y resguardo del trabajo nacional. Lo que hoy ocurre no es una simple “reconversión” productiva, como intenta sugerirse desde sectores del oficialismo; es una transferencia acelerada de actividad local hacia bienes importados, con el consecuente vaciamiento de capacidades industriales construidas durante décadas.
Los testimonios fueron elocuentes. Dante Choi, dueño de Peabody, denunció la invasión de productos chinos y habló de mercadería subfacturada, con certificados presuntamente truchos y un Estado que, según advirtió, no está fiscalizando. El dato es grave porque revela algo más profundo que una competencia desleal: expone un debilitamiento deliberado —o al menos una tolerancia peligrosa— de los mecanismos de control que deberían defender la producción local. Cuando se relativiza el ingreso de mercadería a valores irrisorios y se desarman barreras técnicas, no gana el consumidor; pierde el empleo argentino.
También habló Pablo Sigot, trabajador de Ayres del Sur, quien describió la angustia de una planta abandonada por la empresa y de 140 familias atrapadas en una pelea por sostener el trabajo. Su testimonio es uno de los tantos que muestran que detrás de cada “ajuste” hay historias concretas: hogares que se quedan sin ingreso, barrios que se vacían, comercios que venden menos y un tejido social que se rompe desde abajo. Cuando un trabajador pregunta “¿con qué, con Uber?”, no está haciendo una metáfora: está señalando la pobreza del horizonte que se ofrece como salida a miles de argentinos expulsados del empleo formal.
Luciano Galfione, de Textil Galfione y presidente de Pro Tejer, puso el foco en otra arista central: la carga tributaria no se reduce para quienes producen en el país, pero sí se aliviana para la competencia extranjera. Su denuncia resume una contradicción estructural del actual esquema económico: se habla de bajar impuestos, pero se baja la presión sobre el ingreso de bienes foráneos mientras se abandona a la industria que genera valor, empleo y encadenamientos locales. Dicho de otro modo: el alivio fiscal no está pensado para el trabajo argentino sino para la lógica de la importación.
Norberto Fedele, de Laminación Paulista y titular de la Unión Industrial de San Martín, dio cuenta de un golpe institucional de alto impacto: la caída de la ley antidumping y la desaparición de una herramienta clave para defender a sectores expuestos a la competencia desleal. En un país industrial como la Argentina, desarmar esos instrumentos no es neutral. Es una decisión política que beneficia a los grandes proveedores externos y deja a la producción nacional librada a su suerte. Cada medida de ese tipo empuja un poco más hacia la precarización y la dependencia.
A lo largo de la jornada, representantes de la línea blanca, la industria metalúrgica, la textil, el calzado, la alimentación, la economía popular y los servicios coincidieron en algo básico: la recesión no es una cifra abstracta, sino una experiencia cotidiana que se traduce en ventas desplomadas, tarifas impagables, tasas de interés asfixiantes y costos crecientes. Javier Ditto, de la Confederación de Sindicatos Industriales, habló de la avalancha de importaciones y del incremento de costos productivos en un contexto donde la producción local compite en desventaja, sin protección y con un mercado interno cada vez más chico. Fernando Pérez, trabajador de John Foos, fue todavía más brutal en su denuncia: la producción nacional, dijo, cierra para convertirse en importadora. Esa es la síntesis más cruda del modelo en marcha.
La pregunta de fondo ya no es si la crisis industrial existe. La evidencia sobra. La pregunta es si el Gobierno seguirá mirando para otro lado mientras se destruyen empleos y capacidades productivas, o si asumirá que ningún país serio se desarrolla desarmando su economía real. Porque sin industria no hay federalismo posible, sin empleo no hay consumo, sin consumo no hay mercado interno y sin mercado interno no hay futuro. Lo que ayer se escuchó en el Congreso no fue una queja sectorial: fue una alarma nacional. Y el problema es que, hasta ahora, el poder político parece más dispuesto a administrar la caída que a frenarla.
Por Fernando Viano