El subsidio vitalicio otorgado al Chaqueño Palavecino expone una de las contradicciones más profundas del presente político argentino: mientras el mileísmo construye un discurso feroz contra el Estado y quienes “viven de él”, sus aliados y simpatizantes no dudan en recurrir a los recursos públicos cuando los beneficios les resultan convenientes. El caso reabre una discusión incómoda sobre privilegios, doble vara y el uso selectivo de un Estado que dicen querer destruir.
Por Fernando Viano
El Gobierno de Salta decidió otorgarle al cantante Oscar “Chaqueño” Palavecino un subsidio vitalicio en reconocimiento a su trayectoria artística. El beneficio, establecido mediante decreto provincial, equivale a una categoría alta del escalafón estatal y representa un ingreso mensual que supera ampliamente el promedio salarial de miles de trabajadores argentinos. La medida generó rechazo no por la figura artística en sí misma, sino por lo que representa políticamente: otro capítulo de una Argentina donde los discursos antiestatales parecen tener excepciones demasiado convenientes.
Porque el problema no es únicamente el monto. Tampoco se limita a discutir si Palavecino tiene o no méritos culturales. El núcleo del debate es otro: ¿cómo se justifica que una figura con una posición económica consolidada, con décadas de recitales multitudinarios, festivales, giras y presencia permanente en los principales escenarios del país, acceda a un beneficio financiado por el Estado mientras cientos de músicos, actores, bailarines, escritores y trabajadores culturales sobreviven en condiciones de absoluta precariedad?
La escena se vuelve todavía más incómoda cuando se recuerda la cercanía pública del cantante con Javier Milei. En Jesús María, Palavecino no solo compartió escenario con el Presidente: celebró su presencia, se mostró cómodo políticamente y legitimó con su imagen a un dirigente que construyó su carrera atacando al Estado, insultando a la política y prometiendo “destruir” la estructura estatal desde adentro.
Ahí aparece la contradicción central que atraviesa no solo este episodio, sino buena parte del fenómeno libertario en la Argentina: el Estado es demonizado cuando garantiza derechos sociales, financia universidades, sostiene políticas culturales o protege sectores vulnerables; pero deja de ser “el enemigo” cuando distribuye privilegios, contratos, beneficios o recursos para los propios.
El mileísmo convirtió el odio al Estado en una identidad política. Se instalaron consignas agresivas contra los empleados públicos, contra los organismos estatales, contra los subsidios y contra toda forma de intervención pública. Se acusó durante meses a jubilados, docentes, investigadores, artistas y trabajadores de “vivir del Estado”. Sin embargo, la práctica cotidiana demuestra algo muy distinto: el problema nunca fue el uso del Estado, sino quién lo usa.
Porque mientras se ajustan presupuestos universitarios y científicos, mientras se paralizan programas culturales y se recortan políticas públicas esenciales, continúan apareciendo mecanismos de privilegio para sectores cercanos al poder político o ideológicamente compatibles con él. La lógica parece simple: el Estado es perverso cuando asiste a las mayorías; pero resulta perfectamente válido cuando beneficia a figuras con poder, visibilidad o capacidad de influencia.
La contradicción no termina ahí. El actual gobierno nacional sostiene un discurso de “libertad” y meritocracia extrema, donde cada ciudadano debería abrirse camino por sus propios medios, sin asistencia estatal. Bajo esa mirada, quien no progresa pareciera ser exclusivamente responsable de su situación. Sin embargo, cuando se trata de personajes con vínculos políticos, reconocimiento mediático o utilidad simbólica, las reglas cambian. Entonces aparecen excepciones, reconocimientos especiales, estructuras paralelas de financiamiento y beneficios que contradicen completamente el relato oficial.
El caso del Chaqueño Palavecino es especialmente potente porque desnuda esa doble moral de manera brutal. Un artista multimillonario -o al menos muy lejos de cualquier situación de vulnerabilidad económica- termina recibiendo recursos públicos en una provincia con enormes desigualdades sociales y profundas carencias estructurales. Y lo hace, además, en un contexto político donde desde el propio oficialismo nacional se promueve un discurso de desprecio hacia todo aquello que huela a asistencia estatal.
La pregunta, entonces, deja de ser cultural para convertirse en profundamente política y ética: ¿el Estado debe existir solo para garantizar privilegios a quienes ya tienen poder? ¿El ajuste y la austeridad son únicamente para docentes, jubilados, científicos, estudiantes y trabajadores comunes? ¿La motosierra funciona solo hacia abajo?
Porque detrás de este subsidio hay algo más grave que una decisión administrativa discutible. Hay una fotografía de época. Una imagen que resume buena parte del cinismo político contemporáneo: dirigentes, empresarios, artistas y referentes públicos que construyen prestigio atacando al Estado, mientras extienden silenciosamente la mano para cobrar de él.
Los odiadores del Estado, finalmente, nunca dejaron de necesitarlo. Simplemente quieren un Estado más pequeño para los demás y más generoso para ellos.