La caída real de la coparticipación federal en junio de 2025 impacta en el financiamiento de provincias que dependen mayoritariamente de esos recursos para salarios, obras públicas y servicios sociales. Mientras crecen impuestos no coparticipables, el Gobierno nacional prioriza la reducción de transferencias, profundizando la crisis fiscal subnacional y agudizando las desigualdades regionales.
La información difundida por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) confirma que en junio de 2025 las transferencias por Coparticipación Federal de Impuestos (CFI) disminuyeron 3,9 % interanual en términos reales, con recortes que afectaron a todas las jurisdicciones -entre -2,9 % y -6,6 %, promedio -4,3 %. La caída se da en un contexto en el que la coparticipación financia, en promedio, 44,8 % de los ingresos provinciales y, sumada al resto de los recursos tributarios de origen nacional (RON), alcanza el 54 % del total de sus presupuestos. En provincias como Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, La Rioja y Catamarca la dependencia supera el 60%. Reducir ese flujo impacta de forma directa sobre salarios estatales, obras públicas, compras hospitalarias y asistencia social.
En el mismo mes, los RON -que incluyen la coparticipación y otros tributos- mostraron un crecimiento real del 7,9 %. El dato es engañoso por dos razones. Primero, el aumento se explica casi íntegramente por Bienes Personales (+160%), un impuesto marginal en la masa coparticipable y del que la Ciudad de Buenos Aires no recibe un solo peso. Segundo, los dos tributos que efectivamente determinan la CFI tuvieron comportamientos opuestos: IVA creció 8,3% (rebote sobre la peor base de la serie: -20 % en junio 2024) mientras el Impuesto a las Ganancias se desplomó 18,7 %. Es decir, sube lo que casi no se reparte y cae lo que sostienen los presupuestos subnacionales.
La secuencia 2023‑2025: de la pandemia fiscal al ajuste libertario
2022: la coparticipación creció todos los meses en términos reales.
2023: comenzó el retroceso (8 meses de caída).
2024: el derrumbe se profundizó (9 meses de baja).
2025: hubo un leve repunte enero‑abril, pero mayo marcó una retracción histórica de 23,3 % y en junio el saldo siguió negativo.
Durante la mayor parte de 2024 y principios de 2025, la recaudación nacional cayó menos que las transferencias a provincias porque la Casa Rosada reforzó su caja con dos tributos no coparticipables: Impuesto PAIS y Derechos de Exportación. La diferencia promedio fue de 5,6 puntos porcentuales en detrimento de las provincias. Cuando el Gobierno redujo la alícuota del PAIS, ese colchón desapareció, pero no se reemplazó con mayores giros coparticipables. La consecuencia es una brecha que sigue dejando la carga del ajuste en los distritos.
Efectos concretos en las cuentas subnacionales
Financiamiento corriente. Los salarios docentes y de la administración pública dependen en buena medida de la coparticipación. Con recortes de 3% a 6%, las paritarias se renegocian a la baja o directamente se posponen.
Obra pública. Rutas, redes de agua, hospitales y viviendas provinciales suelen pagarse con Aportes del Tesoro o saldos de coparticipación. La caída erosiona la continuidad de los proyectos.
Servicios sociales. Programas alimentarios, subsidios al transporte y medicamentos de alto costo sufren atrasos porque los presupuestos provinciales no tienen holgura para reemplazar la pérdida.
Disparidad regional. Las provincias con mayor recaudación propia (CABA, Neuquén, Chubut) absorben mejor el golpe; las del Norte Grande, que financian más de la mitad de su gasto con fondos nacionales, quedan expuestas a mayores índices de pobreza y conflictividad laboral.
La decisión de priorizar tributos no coparticipables, acompañada por la consigna “no hay plata”, trasladó el ajuste fiscal a los gobiernos locales. El Ejecutivo rechaza subas de retenciones o reinstaurar una mayor alícuota del Impuesto PAIS (que, de todos modos, no se distribuye), pero tampoco propone un mecanismo transitorio que compense la caída de Ganancias y sostenga la coparticipación. El resultado es una política que recentraliza recursos mientras exige a provincias y municipios el equilibrio que la Nación no garantiza con transferencias.
La evidencia empírica muestra que el recorte de la coparticipación no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino una consecuencia directa de las decisiones del gobierno de Javier Milei. Bajo la actual estructura tributaria, el crecimiento de Bienes Personales no compensa la pérdida de Ganancias; el Impuesto PAIS y las retenciones -claves para la recaudación nacional en 2024- no llegan a las provincias; y la “ventaja estadística” de medir contra meses muy débiles no cambia la tendencia de fondo. Sin una redefinición del esquema de ingresos o un refuerzo transitorio, las finanzas subnacionales continuarán deteriorándose, con efectos visibles en empleo público, obra pública y servicios esenciales. La advertencia de CEPA es contundente: mientras la Nación conserve el grueso de los recursos y reparta menos, el federalismo fiscal argentino se vacía de contenido.