El Gobierno nacional redujo de 128 a apenas seis los principios activos contemplados en el nuevo listado de medicamentos esenciales para la atención primaria. La decisión compromete la provisión nacional de tratamientos para enfermedades como diabetes, hipotiroidismo y asma, y traslada mayores responsabilidades económicas a las provincias. Mientras tanto, los jubilados afrontan medicamentos cada vez más caros y una cobertura del PAMI más restringida. Un informe de CEPA, CEPPEMA y ALGEC expone las consecuencias humanas de las decisiones sanitarias adoptadas durante la gestión de Javier Milei.
Hay decisiones políticas que no pueden explicarse solamente a través de los números. Detrás de una partida presupuestaria que se reduce o de un programa que pierde financiamiento existen consecuencias concretas sobre la vida de las personas. Un jubilado que debe destinar una parte creciente de sus ingresos a medicamentos, una madre que encuentra dificultades para acceder a un antibiótico para su hijo o un paciente con una enfermedad crónica que depende de la provisión pública para continuar su tratamiento. Son situaciones que permiten comprender por qué las decisiones económicas también deben evaluarse desde sus consecuencias humanas.
La reciente decisión del Gobierno de Javier Milei de reducir de 128 a apenas seis principios activos el listado nacional de medicamentos esenciales para la atención primaria constituye un ejemplo de esa tensión. La medida, formalizada el pasado 15 de octubre, profundiza un proceso de restricciones iniciado en 2024 sobre el programa Remediar, creado hace más de dos décadas para garantizar tratamientos gratuitos a quienes dependen del sistema público de salud.
El alcance de estas modificaciones quedó documentado en un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), CEPPEMA y ALGEC, que reconstruye el deterioro de los principales mecanismos nacionales de acceso gratuito a medicamentos.
La nueva nómina quedó limitada a seis principios activos vinculados con la salud cardiovascular. Quedaron excluidos medicamentos como la metformina, utilizada para tratar la diabetes; la levotiroxina, necesaria para personas con hipotiroidismo; el salbutamol, empleado en enfermedades respiratorias; y antibióticos como la amoxicilina y la cefalexina. También desaparecieron del listado suplementos de hierro, ácido fólico, antimicóticos, antihistamínicos y distintos anticonceptivos.
La exclusión no significa que esos medicamentos hayan desaparecido automáticamente de todos los centros de salud del país. Sin embargo, representa una reducción sustancial del esquema nacional de provisión y coloca sobre las provincias una responsabilidad económica cada vez mayor para garantizar tratamientos que continúan siendo indispensables.
Los números permiten comprender la magnitud del retroceso. Remediar llegó a abastecer a aproximadamente 8.100 centros de atención primaria, con una cobertura potencial de 19 millones de personas. Actualmente, las entregas alcanzan a poco más de 4.200 establecimientos. Los tratamientos dispensados, que en 2022 sumaban 37,1 millones, descendieron a 14,1 millones durante 2025. Es decir, una caída del 62% en apenas tres años. A esto se agrega que el presupuesto del programa para 2026 resulta un 72% inferior, en términos reales, al ejecutado en 2023.
No son cifras menores. Cada tratamiento que deja de dispensarse representa una necesidad sanitaria que deberá resolverse por otra vía o que, en el peor de los casos, corre el riesgo de quedar sin respuesta.
El costo humano de las decisiones
La gravedad de las restricciones adquiere otra dimensión cuando se considera que, según datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina citados en el informe, más del 44% de la población carece de obra social o medicina prepaga. Para millones de argentinos, los hospitales y centros de atención primaria constituyen la principal puerta de acceso al sistema sanitario.
La disminución de medicamentos gratuitos puede traducirse en tratamientos postergados, enfermedades que se agravan y mayores demandas sobre hospitales provinciales. También plantea una desigualdad evidente: mientras quienes disponen de recursos pueden adquirir sus remedios en farmacias, las familias de menores ingresos dependen de que el sistema público pueda garantizar su provisión.
La decisión nacional afecta, además, las posibilidades presupuestarias de las provincias. El Gobierno sostiene que la atención primaria es competencia de las jurisdicciones provinciales, pero el traslado de responsabilidades no garantiza que todas cuenten con fondos suficientes para responder. Según el informe, Santa Fe destinará 17.675 millones de pesos durante 2026 a la compra de medicamentos, mientras que Misiones calculó que necesitaría unos 800 millones adicionales para reemplazar productos que dejó de enviar la Nación.
Para provincias como La Rioja, donde el sistema público cumple una función esencial, esta situación plantea mayores exigencias sobre recursos que también deben destinarse al funcionamiento de hospitales, la atención médica y las necesidades sanitarias de la población.
La reducción de la cobertura también alcanza a los jubilados. Desde 2024, el PAMI implementó restricciones en los medicamentos gratuitos y mayores requisitos para acceder a determinados subsidios. De acuerdo con el relevamiento, entre noviembre de 2023 y octubre de 2026, los precios de los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron alrededor del 404%, mientras que los importes efectivamente abonados por afiliados al PAMI crecieron cerca del 638%. En el mismo período, la jubilación mínima con bono aumentó aproximadamente un 306%.
El resultado es una presión económica cada vez mayor sobre quienes necesitan medicación permanente y dependen de ingresos previsionales. Un estudio de la UCA citado por los investigadores reveló que el 35,2% de los hogares con personas mayores tuvo que postergar o resignar atención médica o medicamentos por motivos económicos durante 2025.
El ajuste también se extendió a otras áreas sensibles. En mayo de 2026 se aplicaron recortes por más de 63.000 millones de pesos en distintos programas del Ministerio de Salud, que incluyeron partidas vinculadas con tratamientos oncológicos, medicamentos de alto costo, salud sexual y reproductiva y atención de enfermedades como VIH, hepatitis y tuberculosis.
Cuando el equilibrio fiscal tiene consecuencias sanitarias
El presidente Javier Milei ha colocado el equilibrio fiscal en el centro de su política económica. Es una orientación que implica decisiones sobre el destino de los recursos públicos y sobre las responsabilidades que corresponden a cada nivel del Estado. Pero, cuando esas decisiones alcanzan prestaciones sanitarias esenciales, resulta indispensable evaluar también sus consecuencias sociales.
Porque un medicamento no constituye un gasto prescindible para quien necesita controlar una enfermedad. Una persona con diabetes no puede suspender arbitrariamente su tratamiento. Un paciente con asma no puede esperar a que mejoren las condiciones presupuestarias para acceder a la medicación que necesita. Y un jubilado no debería verse obligado a resignar otras necesidades básicas para afrontar el costo de sus remedios.
El informe de CEPA, CEPPEMA y ALGEC expone una reducción sostenida de recursos y prestaciones que afecta particularmente a los sectores más vulnerables. También advierte que la transferencia de responsabilidades hacia las provincias puede profundizar las desigualdades territoriales, porque la posibilidad de acceder a medicamentos dependerá cada vez más de los recursos disponibles en cada jurisdicción.
Lo que queda planteado es una discusión de fondo sobre los límites del ajuste y las obligaciones del Estado frente a necesidades sanitarias que no pueden postergarse.
El equilibrio de las cuentas públicas es un objetivo de política económica. Pero su cumplimiento no debería evaluarse al margen de lo que ocurre con las personas que necesitan atención médica. Un ahorro presupuestario puede representar, simultáneamente, un gasto imposible de afrontar para una familia o una mayor carga financiera para una provincia.
La pregunta que deja abierta la política sanitaria del Gobierno de Milei es quién termina pagando el costo de estas decisiones. Los datos muestran que una parte creciente de ese esfuerzo se traslada a pacientes, jubilados y administraciones provinciales. Y cuando los recursos no alcanzan para reemplazar las prestaciones que se reducen, el problema deja de pertenecer exclusivamente al terreno de la economía.
Porque las enfermedades no desaparecen cuando se recortan los presupuestos. Los tratamientos siguen siendo necesarios. Y detrás de cada medicamento que deja de financiarse hay personas que deberán encontrar la manera de conseguirlo.
La dimensión humana de esas consecuencias es, precisamente, lo que ninguna política de ajuste puede permitirse ignorar.