El Presidente volvió a descalificar a La Rioja mientras evita dar respuestas sobre los recursos que la Nación dejó de transferir. Ridiculizó los Chachos, pese a sus resultados concretos, y presentó al RIGI como un éxito económico que todavía está lejos de traducirse en beneficios generalizados para la sociedad.
Javier Milei volvió a elegir la provocación por encima de los argumentos. Desde Catamarca, durante una inauguración minera, atacó al gobernador de La Rioja, calificó a los Chachos como papelitos de colores y presentó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como la demostración del éxito de su modelo económico. Sin embargo, detrás de sus descalificaciones existe una contradicción que ningún discurso puede ocultar: el Gobierno nacional mantiene sin resolver un reclamo multimillonario de La Rioja por recursos que dejaron de transferirse desde diciembre de 2023. No se trata de defender a un gobernador ni a una administración provincial, sino los intereses de una provincia cuyos derechos no pueden quedar subordinados a las diferencias políticas con el Presidente.
El reclamo tiene antecedentes históricos y fundamentos presupuestarios concretos. Desde 1988, La Rioja sostiene que fue perjudicada en la distribución de la coparticipación federal, situación que sucesivos gobiernos nacionales atendieron mediante mecanismos compensatorios. El artículo 83 del Presupuesto Nacional 2023, por ejemplo, estableció una asignación de 47.000 millones de pesos para la Provincia y sus municipios. La interrupción de esas transferencias derivó en una demanda ante la Corte Suprema y en una controversia que, según estimaciones provinciales de junio de 2026, alcanzaba 1,84 billones de pesos, equivalentes al 104% del presupuesto anual riojano. Aunque la totalidad de ese monto reclamado todavía no cuenta con reconocimiento judicial definitivo, su magnitud y sus antecedentes son indiscutibles. La pregunta es sencilla: ¿con qué autoridad exige Milei responsabilidad fiscal mientras mantiene sin resolver un reclamo por recursos superiores a todo el presupuesto de una provincia? El equilibrio de las cuentas nacionales no puede celebrarse como una virtud si parte de sus costos se trasladan a los trabajadores, los municipios y los servicios públicos del interior.
En ese contexto, la descalificación de los Chachos resulta particularmente injustificada. Los Bonos de Cancelación de Deuda constituyen una herramienta financiera que permitió fortalecer ingresos y movilizar recursos dentro de la economía provincial. Y, a diferencia de las promesas que abundan en el discurso económico nacional, tienen resultados concretos para mostrar. Durante 2024 se distribuyeron más de 12 mil millones de pesos mediante este instrumento y, de acuerdo con el balance oficial, su circulación alcanzó un efecto multiplicador de 1,34 veces su valor nominal. En 2026, la nueva operatoria contempló aproximadamente 4 mil millones de pesos para unos 80 mil beneficiarios. El Centro Comercial e Industrial informó que el 80% de los comercios aceptaba Chachos, mientras que los registros de Hacienda contabilizaban 1422 establecimientos adheridos. En octubre, Tesorería informó un operativo de rescate por 1600 millones de pesos, correspondiente a más de 300 operaciones comerciales. Son cifras que muestran aceptación, circulación y capacidad para sostener transacciones en la economía local. Llamarlos papelitos de colores no refuta ninguno de esos resultados. Simplemente revela la decisión presidencial de desacreditar una respuesta provincial sin detenerse a examinar su funcionamiento.
Mucho más discutibles son las certezas que Milei pretende instalar alrededor del RIGI. Durante su discurso habló de 29 proyectos aprobados por inversiones cercanas a los 80 mil millones de dólares. Sin embargo, una inversión anunciada no es una inversión ejecutada y un empleo proyectado no equivale a un puesto de trabajo efectivamente creado. Según datos del Banco Central analizados por Chequeado, hasta el primer trimestre de 2026 los ingresos netos de inversiones vinculadas con el régimen alcanzaban aproximadamente 762 millones de dólares. Los grandes proyectos requieren años para concretarse, pero eso no autoriza a presentar compromisos futuros como resultados consumados. Además, parte de los emprendimientos incorporados al RIGI ya estaban anunciados o en desarrollo antes de su creación. El proyecto Fénix, cuya ampliación se inauguró en Catamarca, comenzó sus operaciones en 1997. Y hay otro dato que contradice el triunfalismo oficial: según estadísticas analizadas por Chequeado, Catamarca registró una caída del 3,9% en el empleo formal durante el período examinado y una reducción del 7,7% en la cantidad de empresas entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Esto no significa que el RIGI haya provocado esas pérdidas, pero demuestra que su implementación no garantiza automáticamente prosperidad. El desarrollo debe medirse por inversiones efectivas, empleo permanente, fortalecimiento de proveedores locales y beneficios verificables para las comunidades, no solamente por cifras anunciadas.
La contradicción de fondo es todavía más profunda: mientras el Gobierno nacional garantiza beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios y treinta años de estabilidad a grandes inversores, mantiene sin resolver el reclamo financiero de La Rioja. Las inversiones privadas son necesarias, pero también lo son el respeto al federalismo y una distribución de recursos que permita a las provincias desarrollar sus capacidades productivas. La Rioja tiene desafíos propios y debe responder por su administración, sus decisiones y sus resultados. Nada de eso está en discusión. Lo inadmisible es que la Nación utilice esas dificultades para descalificar a una provincia mientras desconoce sus reclamos y presenta promesas económicas como si fueran transformaciones ya realizadas. La Rioja no necesita certificados de responsabilidad emitidos desde un atril. Necesita que se respeten sus derechos y que las políticas económicas se traduzcan en oportunidades reales para su gente. Milei puede seguir burlándose de los Chachos y celebrando inversiones millonarias, pero mientras no resuelva sus obligaciones con la Provincia ni demuestre los beneficios concretos de su modelo, sus discursos seguirán teniendo una deuda con la realidad. Y esa deuda no se paga con palabras.
Por Fernando Viano