La represión violenta contra jubilados y manifestantes en Buenos Aires, que dejó a un fotógrafo gravemente herido, vuelve a poner en el centro de la escena a una de las figuras más camaleónicas y desafortunadas de la política argentina: Patricia Bullrich. Hoy ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, su trayectoria está marcada por una constante: la búsqueda incansable y obsesionada de poder, sin importar el costo ideológico, ético o humano que ello implique.
Su recorrido político es un testimonio de su completa falta de escrúpulos. En su juventud militó en la Juventud Peronista y estuvo ligada a Montoneros, la organización político-militar que buscaba la resistencia armada contra la dictadura militar. Incluso, su actual jefe político, aseguró en su momento: «Bullrich fue una terrorista que ponía bombas en jardines de infantes», pero ni siquiera esta afirmación le impidió hacer de cuenta que nada había pasado para armar una alianza con su propio acusador. Mucho menos, claro está, desmentir el hecho que Milei le endilgaba, ni aportar prueba alguna para contrarrestar semejante afirmación.
Tras el retorno de la democracia, allá por 1983, Bullrich inició una metamorfosis ideológica que la llevó a desmarcarse de su pasado revolucionario y a insertarse en estructuras de poder más tradicionales. Iniciaba así un camino político que estaría marcado por la mutación y el servilismo. Durante la década del ‘90, su adhesión al menemismo la acercó a las políticas de ajuste y privatización que supo combatir en su juventud. Ya en ese período, acompañó iniciativas que afectaron a los jubilados, como el recorte en el sistema previsional y la implementación de las AFJP, que mercantilizaron las jubilaciones y precarizaron el futuro de millones de personas.
Más tarde, en el gobierno de la Alianza encabezado por Fernando de la Rúa, ocupó el cargo de secretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios y luego Ministra de Trabajo, donde fue una pieza clave en la implementación de medidas de austeridad que golpearon a los sectores más vulnerables y que contribuyeron al colapso económico de 2001, del que fue parte esencial, conformando un gobierno que hizo de la inutilidad su único argumento.
El rol de Bullrich en la reducción de salarios estatales y jubilaciones le valió el repudio de gran parte de la sociedad. «El esfuerzo lo tienen que hacer todos, incluidos los jubilados», declaró entonces, justificando el ajuste que precarizó aún más la vida de quienes ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. Pero eso no la detuvo en su ambición por mantenerse en los espacios de decisión.
Con la misma facilidad con la que transitó del peronismo revolucionario al conservadurismo radical, Bullrich también supo acomodarse en los gobiernos de Mauricio Macri y ahora en el de Javier Milei, quien además la humilló públicamente en los debates presidenciales, acusándola de no tener ideas propias y de haber sido parte de los gobiernos que hundieron al país. Sin embargo, lejos de hacer frente a esas agresiones (el que calla, otorga, suelen decir por allí), Bullrich aceptó de inmediato y sin ningún tipo de reparo el cargo de ministra de Seguridad, ratificando una vez más (en esto si es consecuente) su voluntad de ser funcional a cualquier proyecto de poder. ¿Su performance política en aquella elección en la que se postuló para presidenta? La camaleónica Bullrich ni siquiera llegó a la segunda vuelta, en la que finalmente se enfrentaron Milei y Sergio Massa. ¿En qué se traduce esto? Sus apetencias políticas no tuvieron el respaldo del electorado, lo que la dejó fuera de la carrera. Sin embargo, haciendo caso omiso de la voluntad popular, Bullrich recogió rápidamente el guante y se puso al resguardo del calorcito de un cargo que le vino como anillo al dedo.
El pragmatismo extremo de Bullrich se manifiesta en su discurso y en sus acciones. Ayer defensora de la democracia y hoy promotora de la mano dura sin límites, su figura encarna y simboliza a la perfección lo más recalcitrante de la política del oportunismo. La casta, a la que tantas veces Milei ataca, pero que protege muy cuidadosamente dentro de su Gobierno. Como ministra de Seguridad de Macri, su accionar estuvo marcado por la doctrina Chocobar y la represión de protestas sociales, con la misma brutalidad que se vio en estos días bajo el gobierno de Milei. En su gestión, la violencia institucional se convirtió en política de Estado, con casos emblemáticos como la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en 2017, hechos en los que Bullrich defendió la actuación de las fuerzas sin contemplaciones, igual que lo hace ahora.
En este contexto en el que la nación se debate al borde del abismo, Bullrich no es simplemente una funcionaria más. Es la representación de una política sin principios, donde el poder es un fin en sí mismo y la violencia estatal una herramienta lógica y aceptable para sostenerlo y sostenerse. Su capacidad de mutar según la conveniencia del momento la ha llevado a ser una pieza clave en diversos gobiernos de orientaciones políticas muy dispares, siempre al servicio de quienes la necesiten para ejecutar las tareas más impopulares, pero por sobre todas las cosas, garantizando sus ambiciones desmedidas de ocupar un puesto.
La represión reciente no es un hecho aislado, sino una consecuencia previsible de su mecanismo de gestión. Y mientras el gobierno de Milei avanza con su agenda de ajuste y desmantelamiento del Estado, Bullrich se erige como la garante del orden a cualquier costo, sin que le tiemble el pulso y esgrimiendo explicaciones que distan mucho de la racionalidad y que, muy peligrosamente, se acercan cada vez más a un autoritarismo sin tope. Su historia política lo confirma: donde hay un interés de poder, Bullrich estará siempre bien dispuesta a hacer lo que haga falta para conservar ese lugar, sin importar a quién tenga que reprimir, traicionar o disciplinar.