El Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno al Congreso promete disciplina fiscal y equilibrio de las cuentas públicas, pero lo hace sobre la base de recortes profundos en áreas sensibles como educación, ciencia, salud y transferencias sociales. Mientras tanto, prioriza partidas vinculadas al pago de deuda, inteligencia y subsidios energéticos. Las proyecciones macroeconómicas, que plantean crecimiento sostenido y desinflación rápida, son consideradas irreales por analistas, lo que convierte al ajuste social en la variable de ajuste más probable.
El proyecto de Presupuesto 2026 marca un giro drástico en la orientación de la política económica argentina. Bajo la consigna de “ordenar las cuentas” y enviar señales de disciplina a los mercados y a los acreedores, el Gobierno de Javier Milei diseñó una regla fiscal estricta que impide aprobar presupuestos deficitarios y activa un mecanismo de recorte automático cuando la recaudación no alcanza lo previsto. Esa regla convierte al equilibrio contable en un objetivo superior al resto de las prioridades públicas, desplazando el costo de cualquier desvío hacia universidades, hospitales, programas alimentarios y transferencias a provincias.
Las cifras presentadas en cadena nacional por el Presidente ilustran este optimismo oficial: un crecimiento del 5% anual hasta 2028, una inflación que bajaría al 10,1% en 2026 (luego de 24,5% proyectado para el cierre de 2025) y un dólar a $1.423 en diciembre de 2026, por debajo incluso del nivel actual. En paralelo, el proyecto prevé un superávit primario de 1,5% del PBI y un superávit financiero de 0,3% para el próximo año. Estas metas se defienden como prueba de disciplina, pero entran en abierta contradicción con las expectativas privadas y con la dinámica reciente de la economía: el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA ubica tanto inflación como tipo de cambio muy por encima de esas proyecciones, lo que revela un desacople evidente.
El sector externo es otra pieza inconsistente del plan. El Presupuesto calcula exportaciones récord de más de 112 mil millones de dólares en 2026, pero al mismo tiempo proyecta un déficit comercial de 5.751 millones ese año, que acumularía más de 16 mil millones en el trienio 2026–2028. Es decir, incluso con un salto exportador de magnitud, la Argentina seguiría comprando más de lo que vende, sin que se expliciten mecanismos claros de financiamiento para cubrir esa brecha. Esa omisión incrementa la vulnerabilidad externa y pone en duda la sostenibilidad del esquema de metas.
Recorte sin precedentes
La contracara de esta apuesta es un recorte sin precedentes en partidas clave para el desarrollo social y productivo. La función educación y cultura registra una caída acumulada del 46,6% respecto de 2023; las universidades pierden un 33% en el mismo período; y las becas estudiantiles sufren un derrumbe del 76%. El CONICET, motor de la investigación científica, acumula un recorte del 39%, mientras que organismos estratégicos como INTA, INTI, CNEA o CONAE ven reducciones de entre 45% y 60%. En paralelo, la Prestación Alimentar retrocede casi 30% desde 2023 y los fondos para comedores comunitarios caen 45%. La Agencia Nacional de Discapacidad también pierde más de un cuarto de su financiamiento.
Mientras tanto, partidas destinadas a inteligencia crecen en términos reales desde 2023, y se mantienen intactos beneficios impositivos y subsidios energéticos. Esa distribución de prioridades evidencia una política de austeridad selectiva: se recortan derechos y capital humano, pero se sostienen gastos asociados al blindaje financiero y político del Gobierno.
El proyecto incorpora además cambios normativos que amplían la discrecionalidad del Ejecutivo. Se habilitan canjes de deuda sin los requisitos previos de mejora en las condiciones, lo que debilita la protección frente a operaciones perjudiciales para el Estado. Se deroga también la movilidad automática de las asignaciones familiares, lo que le otorga al Gobierno la facultad de congelarlas o reducirlas discrecionalmente. Y se elimina el FONDEF, que garantizaba recursos para la defensa nacional.
El discurso presidencial por cadena nacional presentó este presupuesto como la base del “orden” económico, asegurando que no se tocarían partidas sensibles. Sin embargo, la letra chica lo desmiente: son precisamente la educación, la salud, la ciencia y la asistencia alimentaria las que aparecen como variables de ajuste automático en caso de que los supuestos macro no se cumplan. El contraste entre la narrativa política y los números concretos es evidente: las promesas de protección social se sostienen únicamente si se alcanzan metas que, de acuerdo con el consenso privado, son prácticamente inalcanzables.
Tejido social en crisis
La conclusión técnica es clara: el Presupuesto 2026 prioriza a los acreedores y a los mercados, trasladando el riesgo macroeconómico al tejido social. La disciplina fiscal se logra a costa de debilitar la capacidad productiva futura, recortar el capital humano y deteriorar la cohesión social. La austeridad aquí no es universal: es selectiva, y su sesgo recae sobre universidades, comedores, becas y laboratorios, mientras se preservan subsidios, beneficios y partidas de poder.
El debate en el Congreso pondrá estas tensiones en evidencia. Pero incluso un eventual rechazo podría jugar a favor del Gobierno, que se reservaría la administración discrecional de los recursos, con el argumento de que “la casta” bloquea su plan. El verdadero problema, sin embargo, no es de relato político: es de sustentabilidad económica y de justicia social.