En apenas 19 meses de gestión, la Argentina perdió 236.139 empleos formales y desaparecieron 16.322 empresas con personal registrado, según datos oficiales procesados por el CEPA. La contracción golpeó con más fuerza a la construcción, el transporte y la administración pública, mientras que las grandes compañías concentraron más del 70% de los puestos eliminados, en una crisis que desnuda el costo social del ajuste.
En menos de dos años, la Argentina perdió 236.139 empleos formales y 16.322 empresas con personal registrado. El dato, crudo y contundente, no proviene de un diagnóstico militante ni de una interpretación caprichosa: surge de la propia Superintendencia de Riesgos del Trabajo y fue procesado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en su último informe sobre la dinámica laboral y empresarial. La foto es inapelable: la política económica del Gobierno nacional no solo ajusta las cuentas públicas, también achica el mercado laboral, erosiona el tejido productivo y degrada las bases mismas de la formalidad.
El derrumbe no distingue entre sectores, pero sí muestra puntos de concentración alarmantes. La construcción, motor histórico de arrastre de la actividad, retrocedió un 17% en empleos registrados. El transporte y almacenamiento, indispensable para la logística y la distribución de bienes, se achicó un 10%. Y la administración pública, que debería sostener funciones esenciales en tiempos de crisis, recortó casi 90 mil puestos. El relato de la “austeridad virtuosa” se enfrenta así con la evidencia de un achicamiento que erosiona derechos laborales y debilita capacidades estatales.
La fotografía es aún más severa cuando se observa el comportamiento de las grandes empresas: aquellas que tienen más de 500 trabajadores concentran el 72% de los empleos perdidos. El ajuste, lejos de limitarse a las pequeñas y medianas firmas, exhibe su mayor crudeza en los conglomerados que, en teoría, deberían resistir mejor un contexto recesivo. ¿Qué significa esto? Que el deterioro no es un efecto colateral, sino el resultado de una estrategia que expulsa empleo incluso en los núcleos de mayor productividad.
El Gobierno ha repetido que el “sinceramiento” económico es condición para la recuperación futura. Sin embargo, el sacrificio presente ya supera los márgenes tolerables. Cuando se pierden empresas y se destruyen empleos registrados, lo que se debilita no es solo el poder de compra de los trabajadores, sino también la recaudación fiscal, la sustentabilidad del sistema previsional y la propia posibilidad de una salida ordenada de la crisis. En ese sentido, los números son un espejo incómodo: no hay recuperación posible sobre la base del desguace del empleo formal.
Las políticas de shock suelen justificar sus costos inmediatos en nombre de beneficios por venir. Pero en la Argentina de Milei el ajuste lleva 19 meses consecutivos de contracción laboral sin que asome un horizonte de mejora. La pregunta es hasta cuándo podrá sostenerse este experimento sin dinamitar la cohesión social. Porque detrás de cada porcentaje hay miles de familias que caen en la informalidad, empresas que cierran sus puertas y comunidades que pierden servicios esenciales.
La economía no se mide solo en balances fiscales o en índices de inflación. También —y sobre todo— se mide en la capacidad de garantizar empleo digno, empresas vivas y un Estado presente. Hoy, los datos oficiales muestran que esa trama se está deshilachando a una velocidad preocupante. Y el riesgo, si no se corrige el rumbo, es que cuando llegue la prometida “recuperación” ya no quede país para recuperarse.