El escándalo por el cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad golpea en el corazón del mileísmo. Lo que se presentó como una “alternativa diferente” aparece hoy embarrado en corrupción, excusas ridículas, violencia discursiva y censura contra la prensa. El caso involucra a Karina Milei, salpica al Presidente, expone la hipocresía de Patricia Bullrich y desnuda la alianza con el clan Menem, símbolo histórico de la casta que La Libertad Avanza decía combatir.
Lo que ocurre con el llamado «Coimagate» no puede calificarse de otra forma que como una vergüenza nacional. Que en la Agencia Nacional de Discapacidad -una institución que debería ser ejemplo de sensibilidad y transparencia- aparezcan denuncias de cobro de coimas en la compra de medicamentos, es un hecho de una gravedad institucional enorme. Y más todavía porque se trata de un gobierno que se presentó como “alternativa diferente”, dispuesto a barrer con la “casta” y la corrupción. Lo que prometía ser una revolución moral hoy se hunde en el mismo fango de siempre, con el agravante del cinismo.
La historia es clara. El 23 de agosto se filtró un audio de Diego Spagnuolo, entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que reconocía que “funcionarios de alto rango cobraban coimas por la compra de medicamentos”. Spagnuolo fue apartado de inmediato, y el gobierno anunció la intervención de la Agencia. Pero en lugar de ofrecer explicaciones serias, el oficialismo eligió el camino conocido: atacar a la prensa, hablar de operaciones, victimizarse y cargar contra cualquiera que difundiera la información. Guillermo Francos, jefe de Gabinete, incluso admitió que “no pone las manos en el fuego por ningún funcionario”, un reconocimiento implícito de que la denuncia podía ser real.
El contexto hace todavía más obsceno el escándalo. El mismo gobierno que ahora aparece señalado por corrupción había eliminado ya 100 mil pensiones por invalidez en lo que va del año y proyectaba recortar otras 300 mil, en nombre del ajuste. Había vetado una ley de emergencia en discapacidad que buscaba paliar esa situación. Es decir: mientras los más vulnerables eran despojados de derechos, mientras las familias sufrían por no poder acceder a medicamentos o pensiones básicas, alguien se enriquecía con coimas en las sombras. ¿Puede haber una muestra más cruel de la hipocresía política?
La respuesta oficial fue un festival de excusas y desvíos. Manuel Adorni, vocero presidencial, habló de una “operación orquestada de desinformación” para perjudicar al gobierno en la antesala de las elecciones en Buenos Aires. Patricia Bullrich fue todavía más lejos: denunció la existencia de un “servicio de inteligencia paralelo” que, según ella, integran kirchneristas, rusos y venezolanos. Como si se tratara de un thriller internacional, la ministra sugirió que agentes extranjeros y opositores habrían montado toda la filtración. Y aquí conviene subrayar un detalle que desnuda su cinismo: Bullrich arrastra en su carrera vínculos con escuchas ilegales, justamente el tipo de maniobras de espionaje que ahora dice repudiar. Es difícil imaginar una muestra más clara de hipocresía política. La misma ministra que encarna como pocas a la vieja “casta” de la que Milei reniega, pretende dar lecciones de transparencia.
El propio presidente no quiso quedar afuera del relato conspirativo y se puso el traje de víctima. Milei afirmó que todo responde a un “complot internacional”, acusó a periodistas de ser “espías disfrazados” y defendió la censura judicial como si fuera un acto de justicia. El juez Alejandro Maraniello dictó una cautelar insólita: prohibió difundir los audios atribuidos a Karina Milei, algo que constituye censura previa, prohibida expresamente por la Constitución. Organizaciones como ADEPA y FOPEA reaccionaron con dureza: advirtieron que esa decisión vulnera la libertad de expresión, reclamaron que se anule y exigieron al gobierno que cese el acoso contra los periodistas. El Foro de Periodismo Argentino fue más allá: recordó que los medios deben trabajar con absoluta libertad para garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.
No fue lo único. En paralelo, el gobierno pidió allanar domicilios de periodistas, medida que la justicia rechazó, pero que muestra hasta dónde está dispuesto a llegar el oficialismo para silenciar a quienes investigan. Se trata de una persecución abierta contra la prensa, disfrazada de defensa del orden. Y todo esto, claro, acompañado por la ya habitual violencia verbal: insultos, acusaciones sin pruebas, amenazas de demandas, teorías delirantes de complots internacionales. El método es siempre el mismo: negar lo evidente y atacar a los mensajeros.
Mientras tanto, los hechos hablan por si solos. La justicia investiga a Spagnuolo y a los directivos de la farmacéutica Suizo Argentina por presuntos delitos de cohecho, fraude y negociaciones incompatibles. Y aunque todavía no hay funcionarios imputados, los audios mencionan a ejecutivos cercanos a Karina Milei. La sociedad reclama transparencia, pero lo único que recibe son cortinas de humo.
En este escenario también asoma otra figura que desnuda la contradicción del mileísmo: Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Su apellido lo dice todo. El clan Menem es una de las expresiones más notorias de la casta que Milei decía querer combatir: décadas de escándalos de corrupción, contratos oscuros, tráfico de influencias, impunidad en estado puro. Que Martín Menem sea hoy uno de los pilares políticos del gobierno es la demostración más obscena de que el discurso contra la “casta” es solo un eslogan vacío. En los hechos, el mileísmo se apoya en los mismos nombres y en los mismos vicios de la política tradicional que decía detestar.
El Coimagate, entonces, no es un accidente aislado. Es la confirmación de que este gobierno, que se proclamaba diferente, ha caído en los mismos patrones de corrupción y autoritarismo que tanto criticó. Bullrich, con sus delirios de espionaje y su pasado en escuchas ilegales; el clan Menem, con su historia de corrupción; Adorni, con su libreto de conspiraciones; y el propio presidente, con su violencia discursiva y su victimización, son la prueba viva de que el mileísmo no es el fin de la casta, sino una de sus versiones más brutales de ella.
Y lo más doloroso es que en el centro de todo esto no están ni Milei ni Karina ni Bullrich ni los Menem: están las personas con discapacidad y sus familias. Ellos son los que sufren los recortes, ellos son los que ven cómo se les niega una pensión o un medicamento. Ellos son los que padecen en carne propia la corrupción y la ineptitud. Mientras tanto, el gobierno intenta tapar el escándalo con gritos, conspiraciones y censura.
El Coimagate desnuda como nunca antes la hipocresía de este pseudoproyecto político. Y muestra que la verdadera casta no es un enemigo externo, sino el propio gobierno que prometió combatirla y que hoy se abraza a sus peores símbolos. Lo que queda es una sensación amarga, de bronca y de desilusión, muy especialmente entre quienes confiaron en la propuesta de La Libertad Avanza y acompañaron en las urnas, sumado a la confirmación de que la Argentina sigue empantanada en el mismo barro, con la diferencia de que ahora la estafa viene envuelta en la bandera de la “libertad”.