Los números de la ejecución presupuestaria 2025 que expone el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) no dejan margen para eufemismos ni lecturas complacientes. Bajo la presidencia de Javier Milei, el ajuste fiscal dejó de ser una herramienta transitoria para convertirse en una doctrina de gobierno, aplicada de manera brutal y selectiva, con consecuencias profundas sobre el entramado social, productivo y científico de la Argentina.
La caída real del gasto de la Administración Pública Nacional cercana al 29% respecto de 2023 no expresa eficiencia ni “motosierra inteligente”, como intenta instalar el discurso oficial, sino un retiro deliberado del Estado de funciones esenciales. Salud, educación, ciencia, desarrollo social, infraestructura y políticas productivas fueron las principales víctimas de una estrategia que prioriza el equilibrio contable por sobre la vida cotidiana de millones de argentinos.
Mientras hospitales nacionales funcionan con presupuestos recortados entre un 20% y un 40%, programas sanitarios clave directamente desaparecen del mapa: atención territorial, prevención de enfermedades crónicas, políticas de vacunación y programas de abordaje integral fueron virtualmente paralizados. En paralelo, organismos estratégicos como el Malbrán o la ANMAT ven debilitada su capacidad operativa, en un país que ya conoce —y debería recordar— el costo de desmantelar la salud pública.
La educación y la ciencia no corren mejor suerte. La eliminación total de Conectar Igualdad y del Fondo Nacional de Incentivo Docente, junto con recortes históricos en becas, infraestructura escolar y financiamiento universitario, consolidan un modelo que naturaliza la desigualdad educativa. En ciencia y tecnología, la poda es directamente destructiva: el sistema científico argentino —construido durante décadas— es empujado a la irrelevancia mediante recortes que llegan al 80% en programas de investigación y afectan de lleno al CONICET, la CONAE y el sistema universitario.
El ajuste también arrasa con la política social. Programas de economía social, primera infancia y protección alimentaria son desfinanciados o eliminados, mientras los comedores comunitarios reciben la mitad de los recursos que en 2023. El mensaje es claro: la pobreza deja de ser un problema del Estado para convertirse en una responsabilidad individual, aun cuando el propio ajuste multiplica la exclusión.
En infraestructura y obra pública, la parálisis es casi total. Rutas, viviendas, obras hidráulicas, saneamiento y urbanización popular registran caídas que rondan el 90% o directamente el 100%. El resultado no es solo recesión y desempleo, sino un país que se deteriora físicamente, con consecuencias a mediano y largo plazo que ningún Excel puede ocultar.
Pero el ajuste no es parejo. Mientras el gasto social se licúa, la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementa su presupuesto en más del 50% respecto de 2023. En un gobierno que se proclama libertario, crece el financiamiento de los servicios de inteligencia, al tiempo que se desfinancia la educación, la ciencia y la salud. La contradicción es tan evidente como preocupante.
Javier Milei gobierna con una premisa simple y peligrosa: achicar el Estado sin importar qué Estado se achica ni a quién se daña en el proceso. Los datos de la ejecución presupuestaria 2025 muestran que no se trata de eliminar privilegios, sino de desmantelar políticas públicas que garantizan derechos básicos y sostienen el desarrollo nacional.
El ajuste no es neutro ni técnico. Es una decisión política que redefine ganadores y perdedores. Y, a la luz de estos números, los perdedores son claros: los trabajadores, los jubilados, los estudiantes, los científicos, las provincias y los sectores más vulnerables. El “Estado mínimo” que propone Milei no es sinónimo de libertad, sino de desprotección social y retroceso estructural.
Si este es el rumbo, la pregunta ya no es cuánto más se puede ajustar, sino qué país quedará en pie cuando la motosierra termine su trabajo.