A casi dos años de gestión, el Gobierno nacional consolidó un ajuste de dimensiones históricas. Según el Centro de Economía Política Argentina, el gasto total cayó 31% en términos reales desde 2023 y los recortes alcanzan áreas esenciales como salud, educación, ciencia, obra pública y programas sociales. Mientras tanto, se incrementan los fondos para inteligencia y se preservan las partidas destinadas al pago de la deuda.
En casi dos años de gestión, el gobierno nacional consolidó un ajuste de dimensiones históricas. Los números de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional a septiembre de 2025, elaborados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dejan poco margen para la interpretación: el gasto total cayó un 31 por ciento en términos reales respecto a 2023, una contracción que se expande sobre prácticamente todas las áreas del Estado, salvo algunas excepciones llamativas. No obstante, el ajuste adquiere una densidad que se traduce en menos inversión, menos programas, menos obra pública y, por ende, menos empleo.
El informe detalla que los recortes más duros se concentran en salud, educación, ciencia y tecnología, desarrollo productivo y obra pública, mientras que los Servicios de Deuda Pública mantienen un peso del 9 por ciento sobre el gasto total, y la Secretaría de Inteligencia del Estado registra un incremento real del 35 por ciento. El contraste resulta elocuente: mientras se apagan las políticas que sostenían la actividad y la protección social, crecen los fondos para el espionaje y se preserva el servicio de la deuda.
La poda alcanza una profundidad inédita. En materia educativa, programas emblemáticos como Conectar Igualdad o el Fondo Nacional de Incentivo Docente muestran ejecución cero. Las acciones de formación docente caen un 79 por ciento, y el fortalecimiento edilicio de jardines de infantes se desploma un 89 por ciento. La Secretaría de Educación, bajo la órbita del nuevo Ministerio de Capital Humano, reduce su ejecución un 49 por ciento respecto de 2023. En paralelo, el CONICET, emblema del sistema científico, pierde 30 por ciento de su presupuesto real, y los programas de promoción de la investigación retroceden más del 80 por ciento. La señal es clara: el conocimiento, la ciencia y la innovación ya no son prioridades de Estado.
El panorama sanitario no es menos preocupante. Hospitales nacionales, institutos de referencia y agencias regulatorias registran caídas de entre 30 y 70 por ciento. La Superintendencia de Servicios de Salud retrocede 70 por ciento, el Hospital Laura Bonaparte pierde 37 por ciento de su presupuesto y el Instituto Malbrán, clave en vigilancia epidemiológica, cae 22 por ciento. Programas de atención territorial o de prevención de enfermedades directamente no ejecutaron recursos: Atención Sanitaria en el Territorio, Prevención de Enfermedades Crónicas y otros planes quedaron paralizados. Solo una excepción se destaca: Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica, que aumenta un 24 por ciento, aunque sobre un volumen de recursos mucho menor.
Virtual paralización
En el frente productivo, el ajuste equivale a una virtual paralización. La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo muestra una caída del 78 por ciento, el INTI retrocede 45 por ciento y el INTA un 38 por ciento. En infraestructura, la Dirección Nacional de Vialidad ejecutó 73 por ciento menos que en 2023, y los programas de rutas nuevas, pavimentación, túneles y puentes directamente desaparecen con recortes superiores al 98 por ciento. El mapa de la obra pública nacional es, por primera vez en décadas, un desierto presupuestario.
El ajuste también golpea la asistencia social y las transferencias a provincias y municipios, tradicionalmente uno de los principales canales de redistribución territorial. El informe del CEPA muestra que la Asistencia Financiera a Provincias y Municipios y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires registran ejecución cero. Programas como Economía Social, Plan Nacional de Protección Social o Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia están en la misma situación: sin desembolsos o con caídas superiores al 80 por ciento. En los hechos, el gobierno nacional se desentiende de la red de contención social que históricamente sostenía a los sectores más vulnerables.
El impacto sobre el empleo es inmediato y transversal. La parálisis de la obra pública arrastra a la construcción y a los servicios conexos; el desfinanciamiento de los programas sociales y de cuidado debilita los circuitos de trabajo informal y cooperativo; la caída del gasto productivo desarticula las cadenas industriales y tecnológicas. Cada punto de recorte en el presupuesto se traduce en empleos perdidos, en salarios erosionados o en oportunidades truncadas.
Inexplicable
La paradoja del ajuste es que, mientras se recortan funciones esenciales del Estado, el gasto en inteligencia crece. Según el documento, la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó sus recursos en más de 34 por ciento en términos reales, un dato que abre interrogantes sobre las prioridades de la administración. La imagen que emerge es la de un Estado que se achica donde debe proteger y se fortalece donde se reserva control.
La comparación con años anteriores refuerza el diagnóstico. El CEPA señala que, aunque 2024 ya había sido un año de fuerte contracción, el recorte de 2025 profundiza la tendencia, consolidando una reducción real acumulada superior al 40 por ciento desde 2023. Se trata de un ajuste estructural, no coyuntural, que redefine la presencia del Estado en la economía y la sociedad.
El relato oficial insiste en la necesidad de “ordenar las cuentas” y “achicar el gasto improductivo”. Pero detrás de esa retórica fiscalista se esconde un proceso de desinversión que erosiona derechos, desmantela capacidades institucionales y fragmenta la estructura social. Las cifras no son solo frías estadísticas: detrás de cada porcentaje hay hospitales con menos insumos, escuelas sin programas, investigadores sin proyectos, familias sin asistencia y provincias sin recursos para sostener sus servicios básicos.
El Estado, que alguna vez funcionó como garante de equidad territorial y promotor de desarrollo, se repliega sobre sí mismo. Y en ese repliegue, lo que queda al descubierto no es el ahorro, sino el costo humano de una política que, en nombre del equilibrio fiscal, multiplica el desequilibrio social.