Aunque la provincia figura entre las que reciben mayor asistencia económica por habitante por parte de Nación, la realidad expone una paradoja: es también una de las más castigadas por el recorte de fondos coparticipables y discrecionales desde fines de 2023. Con una dependencia estructural del 86,6% de recursos nacionales, La Rioja sufre una asfixia presupuestaria que desnuda el uso político del financiamiento federal para disciplinar a los gobiernos que no responden al oficialismo central.
En septiembre de 2025, La Rioja recibió $256.000 por habitante en concepto de transferencias automáticas de origen nacional. Ese número la coloca entre las provincias que evidencian una mayor necesidad de auxilio económico del Gobierno central, ubicándose cuarta a nivel país, detrás de Tierra del Fuego, Catamarca y Formosa, según el último Informe Técnico de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Senado Nacional (septiembre 2025).
En el otro extremo, los distritos más castigados en la distribución per cápita son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (con apenas $35.550 por persona) y la provincia de Buenos Aires ($66.468). En términos estrictos, los números confirman una verdad persistente: La Rioja es una de las provincias que más depende de los recursos que envía Nación para sostener su funcionamiento básico.
Pero hay algo más: esa dependencia, lejos de asegurar mejores niveles de asistencia, expone a la arbitrariedad política del Ejecutivo nacional de turno. Desde fines de 2023, La Rioja protagoniza uno de los casos más evidentes de discriminación en el flujo de recursos discrecionales: es una de las provincias a las que se le recortaron fondos no automáticos, se le congelaron los envíos pactados por ley (como la cuota compensatoria prevista por el punto 3 del Pacto Fiscal 2017) y se le destruyeron acuerdos salariales y previsionales al dejar desfinanciados programas coparticipables clave.
Dependencia estructural, maltrato sistemático
El mismo informe del Senado confirma que el 86,6% de los ingresos que recibe La Rioja para sostener su presupuesto provienen de transferencias nacionales, lo que la ubica en el podio de las provincias que más dependen del financiamiento federal. Sólo Formosa, Santiago del Estero y Chaco están por encima en esos niveles.
Pero mientras algunas de esas jurisdicciones cuentan con respaldo político en Casa Rosada, La Rioja atraviesa una asfixia presupuestaria que no tiene precedentes desde 2001.
De acuerdo a los datos cotejados: fondos discrecionales como el Fondo de Compensación del Transporte Federal y los envíos del Tesoro Nacional están detenidos o muy por debajo de lo presupuestado; programas federales de obra pública han sido paralizados o desfinanciados antes de completarse y regímenes especiales para jubilados y trabajadores públicos provinciales, que históricamente se nutrían de aportes federales, hoy dependen de decisiones administrativas que el gobierno central retarda o ignora.
¿Una nueva forma de disciplinamiento fiscal?
Aunque los números de septiembre posicionan a La Rioja en un lugar “alto” de la tabla per cápita (producto del esquema de reparto automático basado en la Ley 23.548), ese dato oculta el otro lado del conflicto: la drástica disminución o ausencia de transferencias voluntarias o discrecionales, que son las que permiten sostener: políticas salariales en educación, salud y seguridad, infraestructura pública en ejecución, planes de estímulo productivo, y el sostenimiento de servicios esenciales en municipios.
En los hechos, La Rioja está recibiendo menos dinero para trabajos concretos que otras provincias políticamente alineadas al Ejecutivo nacional, pese a estar entre las provincias más dependientes de los recursos coparticipables.
Un dato que resume el cuadro
De cada $100 que entran a la provincia, $86,60 provienen de Nación. Pero mientras eso ocurre en los números “automáticos”, del otro lado se cortan planillas enteras de fondos especiales, programas federales y aportes extraordinarios. La Rioja cobra por goteo lo que otras provincias reciben con fluidez.
El mensaje es claro: aunque la ley dice que el país es federal, la botonera política en la Nación sigue operando con una herramienta eficaz -los recursos- para sostener su poder o castigar al opositor.