Mientras el gobierno nacional aplica un ajuste feroz sobre las provincias, el reparto desigual de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) muestra un sesgo político evidente. La Rioja, una de las más perjudicadas.
La política del látigo y la billetera nunca fue tan visible como ahora. En medio del ajuste fiscal más severo de las últimas décadas, el gobierno de Javier Milei también intervino en el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una herramienta de asistencia financiera que, por su naturaleza discrecional, generó históricamente tensiones entre Nación y provincias. Sin embargo, bajo la gestión libertaria, el criterio de reparto alcanzó un nivel de selectividad que roza el escándalo institucional.
Desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre de 2023 hasta abril de 2025, el presidente Milei recortó en un 89,5% las transferencias discrecionales a las provincias. En ese marco de austeridad radical, hay una excepción que brilla como un faro en medio de la tormenta: Misiones recibió $16.000 millones en ATN, lo que representa cerca del 15% del total distribuido. En contraste, La Rioja no percibió ni un solo peso por este concepto en 2024. La misma herramienta fiscal que antes funcionaba como red de contención ante emergencias sociales, ambientales o desequilibrios financieros, ahora se usa como vía de castigo político.
La ley 23.548, que dio origen a los ATN, los establece como una asistencia no automática destinada a enfrentar imprevistos o crisis coyunturales. El espíritu de esa norma apuntaba a una lógica federal, solidaria, que ayudara a nivelar las asimetrías entre jurisdicciones. Pero con Milei, el uso de estos recursos sigue una lógica puramente política, alejada de los principios del federalismo fiscal. En noviembre de 2024, por ejemplo, el Ejecutivo nacional distribuyó $20.500 millones a través de ATN. ¿El criterio? Provincias aliadas en votaciones clave en el Congreso. ¿El resultado? La Rioja, Formosa y La Pampa quedaron afuera del reparto.
Para los defensores del actual gobierno, la asignación a Misiones se justifica por las emergencias hídricas e incendios que afectaron a esa provincia. Y es cierto que los desastres naturales requieren asistencia inmediata. Pero esa explicación pierde fuerza al observar que, en los mismos meses en que Misiones recibía $13.000 millones, otras provincias con igual o mayor nivel de necesidad quedaban marginadas. En particular, La Rioja -que recibió $6.935 millones en ATN durante 2023- sufrió un recorte del 100% en 2024. La asfixia fue total.
Este abandono no fue solo contable. Tuvo consecuencias reales. El freno en la llegada de ATN condicionó severamente la capacidad de respuesta del gobierno riojano ante emergencias, detuvo obras de infraestructura y complicó la operatividad de servicios básicos. En un contexto donde el financiamiento nacional para programas sanitarios, educativos o de seguridad también se redujo, la ausencia de aportes discrecionales comprometió la estabilidad de la administración provincial.
No se trata solo de dinero: se trata de una concepción del país. El modelo de Milei, centralista en los hechos aunque libertario en el discurso, relega al interior profundo al lugar de espectador del ajuste. A cambio de lealtades circunstanciales, algunas provincias reciben un salvavidas. Otras, como La Rioja, quedan a la deriva. Según estimaciones, si se aplicara un criterio proporcional al total de fondos discrecionales acumulados en 2024 —que suman $660.000 millones— a La Rioja le corresponderían $13.700 millones. No se trata de una dádiva: es una porción de lo que le pertenece en un sistema federal que hoy se encuentra en jaque.
En el Congreso, la tensión crece. Gobernadores y legisladores del norte argentino —tradicionalmente postergado— reclaman una distribución más equitativa de los fondos, mientras observan cómo el Ejecutivo usa los ATN como mecanismo de disciplinamiento. El vocero presidencial, Manuel Adorni, niega favoritismos. Pero las cifras hablan.
Los ATN, en definitiva, se transformaron en el espejo de una Argentina partida: una en la que los recursos siguen fluyendo hacia quienes acatan sin cuestionar, y otra —la del interior díscolo, empobrecido, autónomo— que paga el precio de la disidencia. La Rioja, por su historia, su cultura política y su sentido de pertenencia federal, no está dispuesta a ceder su lugar en la mesa nacional. Pero mientras la Nación confunda orden con obediencia y ajuste con exclusión, el conflicto se profundizará.
Y en esa pelea desigual, lo que está en juego no es solo un número en el presupuesto. Es el pacto federal mismo.