El acceso a la información pública es un pilar fundamental de la democracia moderna. La capacidad de los ciudadanos de acceder a datos clave sobre el funcionamiento del gobierno no solo fortalece la transparencia, sino que también permite un control social necesario para evitar abusos de poder. En Argentina, la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública representó un avance importante en este sentido, pero el gobierno de Javier Milei ha dado pasos atrás al enfrentar una crisis en el cumplimiento de dicha ley.
En un periodo de nueve meses, la administración de Milei ha recibido la mayor cantidad de solicitudes de acceso a la información pública desde la puesta en marcha de la Ley en 2016. Sin embargo, los números de cumplimiento son alarmantes. Con un 79,02% de respuestas efectivas y un 10,01% de pedidos vencidos, las cifras se desploman al compararlas con las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández, que superaban el 96% de cumplimiento. Este déficit no es solo una falta técnica; es un síntoma claro de un desinterés por garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a estar informados.
El Decreto 780/2024: una amenaza a la transparencia
El desinterés por el acceso a la información pública se vio agravado con la promulgación del Decreto 780/2024, que modifica la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Este decreto introduce una redefinición del concepto de «información pública», excluyendo datos considerados de naturaleza privada o sin «interés público comprometido», y amplía las excepciones que permiten a los funcionarios negar el acceso a la información.
El Decreto 780/2024 no es solo un cambio reglamentario más. Las organizaciones civiles y especialistas en derechos humanos lo califican como un retroceso democrático. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Amnistía Internacional, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) han expresado su preocupación. Denuncian que la normativa busca restringir el acceso a la información pública, permitiendo que el Ejecutivo imponga limitaciones arbitrarias y que se reduzca la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan su derecho a saber.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) también se mostró alarmado, señalando que las nuevas restricciones que establece el Decreto afectan de manera directa a los periodistas, que son uno de los principales canales a través de los cuales la ciudadanía accede a información de interés público.
El debate en el Congreso: más de una voz en contra
La oposición al Decreto 780/2024 no proviene solo de la sociedad civil. En el ámbito legislativo, varios diputados de distintos bloques, entre ellos Unión por la Patria, Encuentro Federal, la UCR y el PRO, han presentado proyectos para declarar la nulidad del decreto. Argumentan que excede la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo y vulnera derechos constitucionales. Esta unidad entre diferentes sectores políticos refleja la gravedad de la situación: el derecho a la información no puede ser reconfigurado por un decreto que carece de respaldo constitucional.
El marco judicial: ¿una vulneración de derechos fundamentales?
Desde el ámbito jurídico, expertos constitucionalistas también se han pronunciado en contra del decreto. Andrés Gil Domínguez, uno de los especialistas más respetados en la materia, subrayó que las modificaciones introducidas contradicen principios fundamentales establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según el abogado, el Decreto 780/2024 no solo impone restricciones arbitrarias al acceso a la información pública, sino que además permite que el gobierno persiga judicialmente a quienes se considere que actúan de «mala fe», lo que abre un camino peligroso hacia el abuso de poder.
En un contexto en el que las democracias de todo el mundo enfrentan crecientes desafíos en cuanto a la transparencia y el acceso a la información, el gobierno de Javier Milei parece apostar por un modelo en el que el derecho de los ciudadanos a saber es condicionado, limitado y, en muchos casos, denegado.
Un retroceso en la democracia
El incumplimiento de la ley de acceso a la información pública por parte del gobierno de Milei no es un simple problema administrativo. Es una violación grave de un derecho ciudadano esencial para el funcionamiento de una democracia sólida. Los ciudadanos tienen el derecho de conocer cómo se gestionan los recursos públicos, cómo se toman las decisiones en el Estado y qué intereses están en juego en esas decisiones. La transparencia no es un lujo ni un favor que el gobierno le concede a la ciudadanía; es una obligación constitucional.
En este escenario, el Decreto 780/2024 se presenta como un golpe a la transparencia. No solo disminuye la cantidad de información accesible, sino que también amplía las posibilidades de negar lo que debería ser un derecho inalienable. La decisión del gobierno de Milei no puede pasar desapercibida. La sociedad civil, los periodistas, los juristas y los legisladores tienen la responsabilidad de exigir la anulación de este decreto y la restitución del derecho al acceso a la información pública en su forma más amplia y sin restricciones.
La democracia necesita transparencia. El gobierno de Javier Milei debe entender que, al retroceder en este ámbito, no solo está limitando el acceso a información vital, sino también socavando los cimientos de un sistema democrático que debe ser defendido con firmeza.