Desde que Javier Milei asumió la presidencia, los medicamentos se han convertido en un lujo que buena parte de las personas mayores ya no pueden pagar. Los precios se dispararon un 237% desde su triunfo electoral y el vademécum gratuito del PAMI -una conquista histórica en materia de salud pública- fue recortado de forma drástica. Pero más allá de la escalada de costos, hay una pregunta que sobrevuela silenciosa y aún sin respuesta contundente: ¿están consumiendo más medicamentos los adultos mayores?
El contexto habilita una hipótesis que inquieta: en un país que ajusta sin anestesia, el cuerpo de los más grandes comienza a pasar factura. Porque el ajuste no es abstracto. Es hambre, es ansiedad, es falta de controles médicos, es insomnio, es presión alta. Y es, también, más pastillas para calmar dolores que no siempre son físicos.
La hipótesis es simple y dolorosa: la crisis económica y la desprotección sanitaria inducen, en muchos casos, un aumento del consumo de medicamentos, y no porque haya mejor acceso. Al contrario. La necesidad crece mientras los beneficios se achican. Las jubilaciones mínimas con bono, lejos de aliviar, perdieron un 40,8% de su poder de compra frente a la canasta de medicamentos del PAMI. Y la obra social, que en 2020 garantizaba medicamentos gratuitos a más de 5 millones de afiliados, redujo drásticamente su cobertura. Incluso limitó el acceso a quienes cobran hasta 1,5 jubilaciones mínimas… si cumplen requisitos cada vez más restrictivos. Lo que era un derecho, ahora se convirtió en una traba burocrática.
Esta situación golpea con fuerza en todo el país, pero adquiere un tono especialmente preocupante en provincias como La Rioja, donde más de 63 mil personas reciben alguna forma de jubilación o pensión nacional. De ellas, casi 37 mil son jubilados y un alto porcentaje depende exclusivamente del PAMI para sostener su salud. En abril de este año, se conoció que alrededor de 9 mil jubilados riojanos acceden a una ayuda provincial que les permite alcanzar un haber mínimo de $480.820, un 35% por encima del haber mínimo nacional. Pero ese alivio local no alcanza a todos, y mucho menos compensa la inflación galopante de los remedios ni la exclusión creciente del sistema de cobertura.
A este panorama se suma un nuevo golpe: una serie de escándalos de corrupción que sacuden al PAMI a nivel nacional y que también salpican a La Rioja.
Recientemente, se destapó una licitación exprés para la compra de pañales por US$450 millones, con precios un 20% más altos que los anteriores y condiciones que favorecieron a un único proveedor. Tres de las cuatro empresas interesadas denunciaron que no pudieron presentar ofertas debido al escaso tiempo otorgado para armar las propuestas .
Además, una exfuncionaria del PAMI y dirigente de La Libertad Avanza, Viviana Aguirre, denunció que le exigieron un millón de pesos a cambio de un cargo jerárquico y la obligaron a firmar documentos ilegales.
En La Rioja, trabajadores del PAMI y la ANSES han señalado presuntas irregularidades en la gestión local, incluyendo compras sin licitación, sobreprecios y retenciones indebidas a prestadores de la obra social.
¿Y entonces qué hacen los jubilados? Se endeudan para comprar lo que antes recibían sin pagar. Piden una pastilla menos o racionan el tratamiento. O lo que es aún más común: lo pagan igual, aunque eso signifique dejar de comer carne, pagar la luz con atraso o dejar de comprar un regalo para un nieto o nieta.
La consecuencia más perversa del modelo de Milei no es solo que subieron los precios, sino que se están rompiendo los cuerpos de quienes ya han vivido bastante. Las estadísticas muestran que cada mes una porción mayor de su ingreso va directo a la farmacia. Pero lo que no dicen los números -lo que no mide el INDEC ni se publica en el Boletín Oficial- es cuánto sufren en silencio esas personas para seguir viviendo con dignidad.
No hay liberalismo que justifique esto. Porque cuando un país obliga a sus jubilados a elegir entre salud y comida, entre tratamiento y subsistencia, lo que se está deteriorando no es la economía: es el contrato social más básico de una nación.