En su Informe Mundial 2026, la organización internacional advierte sobre la estigmatización oficial del periodismo en Argentina. En ese contexto, la reforma laboral que impulsa el Gobierno y busca eliminar el Estatuto del Periodista aparece como una amenaza directa a la libertad de expresión y al derecho ciudadano a la información.
Por Fernando Viano
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) advirtió que en Argentina se ha consolidado un clima de hostilidad hacia el periodismo desde el inicio del gobierno de Javier Milei. La denuncia forma parte del Informe Mundial 2026, donde el organismo alerta sobre el uso sistemático de una retórica estigmatizante contra periodistas y medios, una práctica que -según señala- erosiona la libertad de expresión y debilita los pilares democráticos.
El informe destaca expresiones públicas de altas autoridades nacionales que desacreditan al periodismo, acusan sin pruebas a trabajadores de prensa y fomentan la desconfianza social hacia los medios. Para HRW, este tipo de discursos no son inocuos: crean un entorno propicio para presiones, ataques y autocensura, especialmente en contextos de conflictividad social.
De la retórica al impacto concreto
La advertencia de HRW se ve respaldada por datos locales. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) registró durante 2024 un fuerte aumento de agresiones contra periodistas, muchas de ellas protagonizadas por funcionarios o actores políticos. A esto se suman episodios de violencia durante coberturas de protestas, amenazas digitales y denuncias judiciales contra comunicadores.
Para Human Rights Watch, la libertad de prensa no se ve afectada únicamente por la censura directa, sino también por mecanismos indirectos de intimidación, entre los que se cuentan la precarización laboral y la eliminación de garantías profesionales.
Es en este punto donde el informe internacional adquiere una relevancia decisiva frente al debate que se aproxima en el Senado por la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional.
El Estatuto del Periodista en la mira
Dentro de la reforma, el oficialismo propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional, una norma histórica que reconoce las particularidades del trabajo periodístico y establece protecciones específicas para quienes ejercen la profesión.
Lejos de tratarse de un privilegio sectorial, el Estatuto cumple una función clave en la protección del derecho a la información, algo que HRW considera central para cualquier democracia.
Entre los puntos más relevantes que quedarían en riesgo se destacan:
Estabilidad laboral.
El Estatuto garantiza un marco legal que protege al periodista frente a despidos arbitrarios, incluso en situaciones de informalidad. En una actividad donde las represalias pueden estar directamente vinculadas al contenido publicado, esta estabilidad es una condición básica para el ejercicio libre del oficio.
Protección de las fuentes de información.
La ley reconoce el derecho irrenunciable del periodista a no revelar sus fuentes. Su debilitamiento no solo afecta a los trabajadores de prensa, sino que lesiona directamente el derecho de la sociedad a conocer hechos de interés público.
Jornada laboral y condiciones dignas.
El Estatuto contempla jornadas reducidas y recargos por horas extra, reconociendo la naturaleza imprevisible y demandante del trabajo periodístico. Sin esta regulación, la tendencia es hacia una precarización silenciosa que impacta en la calidad de la información.
Indemnizaciones especiales.
Las indemnizaciones diferenciadas reconocen la vulnerabilidad específica del periodista frente a despidos motivados por razones editoriales o políticas. Su eliminación deja al trabajador expuesto a presiones encubiertas.
Carnet profesional y acceso a la información.
El carnet garantiza el acceso a eventos, fuentes oficiales y documentación pública. Sin este reconocimiento, el ejercicio del periodismo queda sujeto a la discrecionalidad del poder.
Una advertencia que no puede leerse aislada
Human Rights Watch sostiene que cuando los gobiernos deslegitiman públicamente a la prensa y, al mismo tiempo, avanzan sobre sus condiciones materiales de trabajo, se produce un debilitamiento estructural del periodismo independiente.
La eventual derogación del Estatuto del Periodista, en un contexto ya señalado como preocupante por organismos internacionales, no representa una modernización laboral, sino una regresión en términos de derechos y garantías democráticas.
El Estatuto del Periodista Profesional no es solo una norma laboral. Es un instrumento que permite que el periodismo funcione como profesión libre y como servicio público, capaz de fiscalizar al poder y garantizar el acceso a información veraz.
La advertencia de Human Rights Watch coloca el debate en un plano más amplio: defender el Estatuto hoy es defender la libertad de expresión mañana. En juego no está solo el futuro de una profesión, sino el derecho de la ciudadanía a estar informada en un contexto de creciente tensión entre el poder político y la prensa.