Mientras ajusta jubilaciones, salarios y presupuestos sociales, el Gobierno nacional sumó un nuevo organismo estatal para “desmentir mentiras” y señalar operaciones mediáticas. La paradoja es perfecta: un poder construido a fuerza de promesas incumplidas, datos selectivos y agravios sistemáticos al periodismo se dispone ahora a oficiar de árbitro de la verdad.
Por Fernando Viano
El Gobierno nacional anunció con orgullo la creación de la “Oficina de Respuesta Oficial”, un flamante organismo estatal cuya misión —según informó la cuenta oficial del Gobierno en la red social X— será “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.
La novedad es interesante por varios motivos. El primero es conceptual: el Estado que prometía desaparecer ahora crea oficinas para explicar la realidad. El segundo es metodológico: el poder político decide organizarse para señalar quién miente. El tercero, y quizás más fascinante, es lógico: el mismo gobierno que ha construido buena parte de su identidad sobre datos dudosos, promesas incumplidas y agravios sistemáticos al periodismo se arroga ahora la función de árbitro de la verdad.
La pregunta surge sola, inevitable, casi grosera en su simpleza: ¿esta nueva oficina va a ocuparse también de las mentiras del propio gobierno? Porque si el objetivo es “desmentir activamente”, el campo de acción es vasto. Enorme. Inagotable.
El Estado mínimo… con dependencias nuevas
Durante la campaña electoral, Javier Milei fue claro, enfático, casi mesiánico: el Estado era el problema, no la solución. Había que achicarlo, reducirlo, someterlo a una dieta libertaria estricta. Ministerios afuera, organismos innecesarios cerrados, gasto público en retirada. Un Estado flaco, austero, casi invisible.
La realidad fue otra. El Estado no se achicó: se “reconfiguró”. Se eliminaron algunos ministerios, sí, pero se crearon secretarías, subsecretarías, áreas nuevas, vocerías fortalecidas y ahora una oficina específica para responder a la prensa. El Estado no dejó de intervenir: intervino sobre el sentido.
No es menor el detalle: mientras se ajustan jubilaciones, salarios y presupuestos sociales, el Gobierno considera imprescindible destinar recursos públicos a una estructura dedicada a “desmentir” medios. El ajuste no es general: es selectivo.
La inflación que baja… aunque todo suba
En materia económica, la Oficina de Respuesta Oficial tendrá trabajo a tiempo completo.
Milei aseguró que la inflación bajaría rápidamente. El inicio de su gestión estuvo marcado por una devaluación abrupta y una inflación mensual récord. Luego vino la desaceleración, celebrada como un éxito histórico. El relato se volvió sofisticado: ya no importaba cuánto subían los precios, sino que subieran “cada vez menos rápido”.
Mientras tanto, los salarios quedaron congelados, las jubilaciones licuadas y el consumo desplomado. Pero el Gobierno encontró la fórmula: si la gente no compra, los precios no suben tanto. El éxito del plan económico se mide, entonces, por la capacidad de la sociedad de resignarse.
Cuando los datos acompañan, el mérito es del Gobierno. Cuando no, la culpa es de la herencia. Una herencia que, curiosamente, explica todo lo malo pero nunca pone en duda lo bueno. La inflación alta es herencia. La inflación más baja es gestión. La pobreza es herencia. El ajuste exitoso es convicción.
El INDEC: cuando la verdad también se ajusta
Si la Oficina de Respuesta Oficial necesita un caso testigo para justificar su existencia, no hace falta mirar a los medios: alcanza con mirar al INDEC. El organismo encargado de producir las estadísticas oficiales —es decir, de decirnos cómo estamos— atraviesa uno de los episodios más delicados desde su reconstrucción post-2015. La reciente renuncia de su titular no fue un trámite administrativo ni un cambio de nombres: fue la confirmación de que la verdad estadística también está sometida a tensión política.
El conflicto no giró en torno a tecnicismos incomprensibles para el común de la sociedad. Fue algo mucho más elemental: qué se mide, cómo se mide y cuándo se publica. En otras palabras, quién controla el termómetro y quién decide cuándo mostrarlo. Durante meses, el Gobierno utilizó selectivamente los datos del INDEC para sostener su relato económico. La inflación que bajaba merecía cadenas de celebraciones. El derrumbe del consumo, el aumento de la pobreza y la caída del salario real quedaban relegados a notas al pie, cuando no directamente invisibilizados. Pero cuando los números dejaron de ser funcionales, el problema ya no fue “la herencia”, sino el mensajero.
La renuncia de la máxima autoridad del organismo expuso lo que hasta entonces se murmuraba: presiones, disputas internas y desacuerdos sobre la difusión de datos sensibles. En un gobierno que se proclama enemigo de la manipulación estatal, el INDEC volvió a convertirse en un territorio incómodo. No porque mienta descaradamente, sino porque dice cosas que el relato preferiría no escuchar.
El Presidente llegó a afirmar que “la pobreza no es un número”. Curiosa sentencia viniendo de un economista que construyó su figura pública en base a gráficos, curvas y estadísticas. Al parecer, los números son sagrados solo cuando confirman la fe. Cuando la contradicen, se vuelven opinables, discutibles, casi irrelevantes.
Así, el INDEC dejó de ser una herramienta para comprender la realidad y pasó a ser un insumo narrativo de uso condicionado. La estadística ya no incomoda por ser falsa, sino por ser inoportuna.
En este contexto, la creación de una Oficina de Respuesta Oficial adquiere un sentido inquietante. No se trata solo de “desmentir mentiras” ajenas, sino de administrar verdades propias. De señalar errores externos mientras se tensiona internamente al organismo que debería producir datos independientes.
El problema no es que el INDEC mienta —nadie lo afirma—. El problema es algo más sutil y más grave: que la verdad empiece a depender del clima político. Que los datos valgan cuando sirven y molesten cuando contradicen.
Si la nueva oficina quiere ser coherente con su misión, tal vez debería empezar por ahí. No desmintiendo a periodistas, sino garantizando que el organismo estadístico más importante del país pueda trabajar sin presiones, sin renuncias forzadas y sin sospechas.
Pero eso implicaría aceptar algo que este gobierno parece resistir: que la verdad, cuando es real, no siempre es cómoda.
Promesas de campaña: el archivo como ciencia ficción
Si la Oficina de Respuesta Oficial busca un reservorio inagotable de material, no necesita recurrir a los medios: alcanza con revisar los discursos de campaña del propio Presidente. Ahí hay promesas suficientes para justificar no una oficina, sino un ministerio entero de desmentidas.
Durante meses, Javier Milei ofreció un país que rozaba lo fantástico. Una Argentina donde el ajuste no dolería, la inflación desaparecería por arte de mercado y los dólares brotarían como maná libertario. El problema no fue la audacia del discurso, sino el contraste brutal con la realidad posterior.
“Vamos a cerrar el Banco Central”, prometió. No reformarlo, no limitarlo: cerrarlo. Dinamitarlo si era necesario. Hoy, el Banco Central no solo sigue existiendo, sino que continúa interviniendo, regulando, administrando reservas escasas y tomando decisiones clave. No hubo cierre, ni dinamita, ni funeral monetario. Hubo continuidad. Con otro tono, pero continuidad al fin.
“Todos vamos a cobrar en dólares”, se aseguró. La frase no fue metafórica ni casual: fue repetida, celebrada y convertida en eslogan. La realidad fue menos épica: salarios licuados en pesos, ingresos perdiendo poder adquisitivo y una economía donde el dólar sigue siendo un privilegio, no un derecho. El único que se dolarizó de manera consistente fue el discurso… hasta que dejó de convenir.
“Los dólares nos van a salir por las orejas”. Una imagen potente, casi grotesca, que prometía abundancia inmediata. Los dólares, sin embargo, no aparecieron. Lo que sí apareció fue un ajuste feroz, restricciones implícitas, importaciones frenadas y un mercado interno asfixiado. Las orejas siguen en su lugar. Los dólares, no.
“La casta va a pagar el ajuste”. Otra promesa central. Repetida hasta el cansancio. La casta, al parecer, resultó ser un concepto elástico: jubilados, trabajadores, empleados públicos, universidades, científicos, provincias. La política, en cambio, conserva dietas, cargos, superpoderes y capacidad de veto. El ajuste no cayó hacia arriba: cayó como siempre.
“No vamos a subir impuestos”. Ganancias volvió. Con otro relato, con una justificación distinta, pero volvió. El principio libertario se adaptó a la caja fiscal. La presión tributaria no desapareció: cambió de destinatarios.
“No vamos a gobernar por decreto”. La práctica desmintió la consigna. Los DNU se multiplicaron, el Congreso fue esquivado, y el debate democrático reducido a una molestia administrativa. La república quedó subordinada a la urgencia del mercado y a la paciencia presidencial.
“No va a haber más privilegios”. Sin embargo, se consolidaron facultades delegadas, se blindó el poder ejecutivo y se fortaleció un esquema de decisiones concentradas. La motosierra no alcanzó a todos: algunos quedaron fuera del recorte.
Cada una de estas promesas no fue una frase al pasar. Fueron el núcleo del contrato electoral. La base sobre la cual millones votaron esperando una transformación radical. Lo que recibieron fue otra cosa: una gestión que ajusta, retrocede, redefine y, cuando es necesario, olvida lo que dijo.
Aquí la Oficina de Respuesta Oficial podría hacer un aporte invaluable: cotejar archivo con presente. Confrontar promesa con resultado. Revisar slogans a la luz de los hechos. Pero eso implicaría admitir que el problema no siempre está en la prensa, sino en el propio discurso oficial.
Porque si hay algo que este gobierno desmintió con eficacia, no fueron las mentiras ajenas.
Fueron sus propias promesas.
Libertad de expresión, versión anotada
El Presidente repite que defiende la libertad de expresión. Lo hace mientras insulta periodistas, descalifica medios, señala nombres propios y alienta una lógica de sospecha permanente.
Los periodistas no se equivocan: operan. Los medios no informan: mienten. Las críticas no existen: son conspiraciones. Desde el atril presidencial y desde las redes oficiales, se construye un clima de hostigamiento sistemático. No hay censura formal, es cierto. Hay algo más eficaz: estigmatización permanente.
La Oficina de Respuesta Oficial llega, entonces, como la institucionalización de una práctica previa. El escrache deja de ser informal y pasa a tener rango administrativo.
Nada de esto es original. El modelo tiene antecedentes. Donald Trump ensayó esta estrategia con eficacia: desacreditar a la prensa, sembrar desconfianza, convertir al poder en la única fuente legítima de verdad. El periodismo como enemigo interno. La crítica como operación.
Milei no copia políticas públicas: importa climas culturales. Y en ese clima, la verdad es un territorio en disputa que el Estado decide ocupar.
La paradoja final
El Gobierno que llegó prometiendo libertad crea una oficina para decir qué es verdad.
El que denunciaba propaganda estatal monta su propio aparato de desmentida.
El que acusaba a otros de mentir decide ahora, desde el Estado, quién miente.
Tal vez la Oficina de Respuesta Oficial debería comenzar su tarea con un ejercicio simple, casi pedagógico: revisar los discursos presidenciales, las promesas de campaña, los datos difundidos, las agresiones emitidas. Tal vez debería desmentir al poder antes de señalar a la prensa.
Pero eso implicaría algo revolucionario.
Algo verdaderamente disruptivo.
Algo que este gobierno parece no estar dispuesto a hacer.
Porque en la Argentina libertaria, la verdad es libre…
siempre y cuando coincida con el relato oficial.