Los datos no mienten. Entre noviembre de 2023 y enero de 2025, la Argentina perdió 173.524 empleos registrados. De ese total, 124.010 corresponden al sector privado. Este es el sector que el gobierno de Javier Milei dice defender. Sin embargo, en la práctica, lo está desmantelando.
El último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) muestra una caída persistente del empleo formal, que se profundiza desde el inicio de la nueva gestión. En enero, la economía creció un 0,6%, pero el empleo volvió a caer. La recuperación que se había logrado entre 2020 y 2023, luego del derrumbe macrista y la pandemia, se detuvo en seco.
La construcción representa el caso más extremo. Con la obra pública paralizada, perdió más de 62.000 puestos de trabajo en solo dos meses. La industria, uno de los motores del empleo en el país, también retrocedió con más de 27.000 empleos menos. El gobierno nacional impulsa un régimen de incentivos (RIGI) que favorece a sectores con escasa generación de empleo, como la minería o los hidrocarburos, y deja de lado al comercio y la industria, que concentran casi el 40% del trabajo registrado.
En el interior del país, la situación se agrava. En 20 de las 24 provincias se redujo el empleo privado registrado. En La Rioja, la caída supera el 10%, con una destrucción masiva de puestos en la construcción: más de 6.000 empleos directos perdidos. La paralización de la obra pública no solo afecta al sector en términos económicos, sino que desarticula redes sociales, frena el consumo local y golpea especialmente a las economías regionales. La Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Mendoza también muestran cifras negativas. El mapa se tiñe de rojo, mientras el discurso oficial sigue hablando de confianza, inversión y libre mercado.
El crecimiento del monotributo aparece como el único movimiento positivo en el registro laboral, pero esto no significa creación de empleo genuino. Más de dos millones de personas trabajan hoy bajo esa figura, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin licencias. Con la nueva reforma laboral, que legaliza la contratación de hasta tres «colaboradores» por monotributista, el mileísmo promueve la informalidad disfrazada de autonomía.
En cuanto a los salarios, los datos muestran una leve recuperación frente a la inflación oficial. El promedio y la mediana salarial crecieron por encima del 2,2% de enero, pero esa mejora se diluye cuando se mide la inflación con una canasta de consumo actualizada. En ese caso, el poder adquisitivo sigue cayendo. La mejora no se siente en los bolsillos porque el índice oficial ya no representa la realidad de los hogares.
El ajuste no corrige desequilibrios. Destroza estructuras. Castiga a quienes trabajan, a quienes producen, a quienes viven del esfuerzo cotidiano. El gobierno nacional no ordena, desarma. No moderniza, recorta. La demolición no es una consecuencia. Es el plan.
Mientras tanto, crece el desempleo, se multiplica la precarización, se reduce el consumo, se apagan sectores enteros de la economía. El país real se achica. La supuesta racionalidad del equilibrio fiscal se construye sobre una base cada vez más frágil.
Este rumbo no trae estabilidad. Trae desamparo. Y no lo impone la necesidad, sino una elección política. Una ideología que desprecia al Estado, al trabajo y al mercado interno. Una mirada que celebra la caída de derechos como si fueran privilegios, y que ve en la pobreza una consecuencia inevitable.
No lo es. Es resultado de decisiones concretas. Por eso, frente al relato del sacrificio necesario, conviene decirlo con claridad: el país no se está ordenando. Se está desmoronando.