El informe de gestión N.º 142 presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante la Cámara de Diputados el 16 de abril de 2025, dejó sin respuestas claras las consultas sobre los fondos extracoparticipables reclamados por la provincia de La Rioja.
No se trata sólo de una evasión técnica: es, a todas luces, una declaración política, la forma en que el gobierno de Javier Milei blanquea su desprecio por las provincias, su abandono del federalismo y su compromiso exclusivo con una lógica de ajuste impiadoso que no distingue entre privilegios y necesidades.
La Rioja no está pidiendo limosna: exige el cumplimiento de una asignación presupuestaria reconocida por ley y sostenida durante décadas como compensación por un punto de coparticipación que se le arrebató en 1988. Son 47 mil millones de pesos que estaban contemplados en el presupuesto nacional reconducido, y que la Nación dejó de transferir desde octubre de 2023. Hoy, esa deuda supera los 800 millones de dólares. Frente a este escenario, el gobierno nacional responde con silencio o con chicanas.
Francos, el jefe de Gabinete, evitó contestar dos de las tres preguntas claves sobre este tema. En la única que respondió, sostuvo que no hay deuda con La Rioja porque las transferencias automáticas se realizan «en tiempo y forma», desconociendo deliberadamente que se trata de fondos extracoparticipables, es decir, asignaciones especiales que dependen de la voluntad política del Ejecutivo. Y justamente ahí está el problema: la voluntad política está ausente.
Javier Milei, que se jacta de haber terminado con la «casta», no hace más que reemplazarla con una tecnocracia insensible y vengativa, dispuesta a castigar a provincias enteras por diferencias ideológicas o por el simple hecho de reclamar lo que les corresponde. En nombre de la eficiencia, se recortan recursos esenciales, se empuja a las provincias al colapso, y se impone un modelo centralista y unitario, disfrazado de libertad.
Para justificar el ajuste, Francos no tuvo mejor idea que cuestionar el número de empleados públicos en La Rioja, como si la estructura de empleo provincial fuera una extravagancia y no una consecuencia histórica de un país profundamente desigual, donde el Estado ha sido —y sigue siendo— el principal motor de desarrollo en regiones postergadas.
¿Dónde queda el federalismo en este modelo? ¿Dónde está la igualdad de trato entre argentinos? El gobierno nacional se desentiende de sus responsabilidades, y cuando lo hace, lo hace con desprecio. No ofrece diálogo, ni explica, ni se sienta a negociar. Solo impone. Solo recorta. Solo destruye.
No es una sorpresa. Es coherente con un presidente que desprecia la política, que gobierna por decreto, que insulta a gobernadores y parlamentarios, y que solo escucha a quienes lo aplauden. Pero eso no lo vuelve menos grave. Porque mientras el show libertario se transmite por redes sociales, hay provincias que no pueden pagar sueldos, que ven paralizadas sus obras públicas, que ven frustradas sus economías.
La Rioja es apenas un caso visible de lo que podría ser un patrón: la fragmentación del país por desidia y castigo. El gobierno de Milei cree que puede sostenerse desmantelando al Estado y dejando a las provincias a su suerte. Pero se equivoca: no hay libertad posible en un país desintegrado. No hay futuro en un país sin provincias.
