El Gobierno de Javier Milei volvió al Congreso. No por voluntad política ni por convicción republicana, sino porque lo exige la Constitución. Y lo hizo con más de cien días de retraso. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó finalmente ante la Cámara de Diputados. La expectativa no era alta, y sin embargo, logró defraudar incluso ese modesto umbral.
El discurso del funcionario combinó tres ingredientes que se han vuelto costumbre en esta gestión: cifras maquilladas, verdades parciales y un silencio ensordecedor frente a los temas incómodos. A través de un libreto previsible y desprovisto de autocrítica, Francos buscó instalar la idea de una economía que se recupera, de una gestión que “ordena” y de un Estado que, tras años de desmanejo, por fin empieza a “achicarse”. Pero el dato crudo –el que no entra en PowerPoint ni en slogan– dice otra cosa.
La producción industrial sigue por debajo de los niveles de 2023, el consumo interno se desmorona, y el empleo registrado cae mes a mes desde la asunción de Milei. Los salarios, lejos de ganarle a la inflación, se licuaron en tiempo récord. Y el supuesto “superávit” que se festeja como un trofeo no surge de una mayor eficiencia del Estado, sino de la decisión de suspender la obra pública, desfinanciar universidades, paralizar programas sociales y ajustar las jubilaciones.
Es decir, el superávit se construyó sobre las espaldas de los que menos tienen. Pero eso, claro, no se dijo.
Tampoco se explicó por qué se pretende vender a precio de saldo una empresa estratégica como IMPSA, ni por qué privatizar un banco sólido y rentable como el Nación. Mucho menos se aclaró por qué un gobierno que llegó prometiendo independencia del FMI terminó recurriendo a un nuevo crédito, esta vez por 20 mil millones de dólares, incumpliendo incluso las metas de reservas pactadas con el propio organismo.
El informe que acompañó la exposición evitó responder preguntas elementales. ¿Se aumentará la edad jubilatoria? ¿Cuántas computadoras se entregaron en el programa Conectar Igualdad? ¿Qué pasa con los programas de género? ¿Quiénes se beneficiaron con el blanqueo fiscal y el régimen de Bienes Personales? Las respuestas no llegaron. Porque este gobierno no responde: declama, ataca, encubre.
La escena es conocida. La gestión se refugia en una narrativa épica de “austeridad valiente”, mientras aplica un ajuste brutal sin mostrar el más mínimo interés por rendir cuentas. En vez de datos verificables, ofrece gestos. En vez de política pública, ideología.
Francos no fue al Congreso a dialogar, sino a blindar un relato. Un relato que se sostiene cada vez con menos realidad y más dogma. Que no escucha ni corrige. Que niega la evidencia, desprecia al Parlamento y desinforma con eficacia quirúrgica.
El problema, sin embargo, no es solo de formas. Es de fondo. Porque detrás del informe incompleto y las respuestas omitidas hay una idea peligrosa: que gobernar no es explicar, sino imponer; que rendir cuentas es una molestia; y que la transparencia es un obstáculo para el “orden”.
Pero gobernar en democracia implica algo más que aprobar leyes vía DNU o tener superávit a cualquier costo. Implica dar la cara, decir la verdad, y sobre todo, responder. Hasta ahora, este gobierno ha hecho del silencio y la distorsión su principal estrategia. Pero la realidad –por más que se la intente tapar con datos recortados o comparaciones tramposas– siempre encuentra el modo de hacerse oír.
