En los últimos días fue noticia la creciente preocupación en el gobierno de la provincia de Catamarca por el recorte del 90% aplicado por Nación en las transferencias discrecionales durante los primeros tres meses del año. «No están enviando recursos, ni ATN, ni nada», confirmó un colaborador del gobernador Raúl Jalil, en medio de un enorme desconcierto.
Ocurre que la provincia ambateña se había mostrado hasta ahora como una aliada estratégica de la administración libertaria. Acompañó activamente la votación de la Ley Bases, respaldó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) —a pesar de las advertencias de que pondría en riesgo a las economías regionales—, y evitó cualquier enfrentamiento directo con el Ejecutivo nacional.
Sin embargo, esa lealtad al mileísmo fue respondida con desdén, contradiciendo toda lógica política. La situación puso en jaque las cuentas públicas de la vecina provincia y obligó al gobierno de Jalil a revisar y posiblemente suspender programas sociales y económicos, al igual que la continuidad del programa de kits escolares gratuitos, el fortalecimiento alimentario a través del Banco de Alimentos, y el financiamiento de actividades culturales y deportivas. El Ejecutivo catamarqueño ya reconoció la necesidad de “hacer un gran esfuerzo” para sostener el funcionamiento del Estado, e incluso advirtió a los municipios en relación al pago del aguinaldo.
En este punto, cabe preguntarse: ¿por qué una provincia como Catamarca, que desde un primer momento decidió respaldar al gobierno de Javier Milei, no puede de pronto soportar recortes presupuestarios, como sí lo ha hecho La Rioja?

Decisión política clara
Nación mantiene con La Rioja una deuda que supera los 850 millones de dólares. Desde el inicio mismo del gobierno de La Libertad Avanza, el desfinanciamiento al gobierno de Ricardo Quintela fue marcado y evidente, como consecuencia inmediata y pretendidamente «disciplinaria» de haber tomado una postura crítica frente a las políticas del gobierno nacional. Como se recordará, entre otras cuestiones no menos importantes, la Provincia denunció el carácter destructivo del plan económico libertario, rechazó el DNU 70/2023 y criticó la Ley Bases, alertando sobre sus drásticas consecuencias sociales e institucionales. La respuesta fue el ahogo financiero.
Sin embargo, y a pesar de ese accionar deliberado, La Rioja logró mantener sus principales políticas públicas con fondos propios. Otorgó aumentos salariales en el sector público, garantizó la continuidad del boleto estudiantil gratuito, reforzó los comedores escolares, inició el ciclo lectivo 2025 de manera normal, no interrumpió la asistencia alimentaria y reactivó la obra pública, destacándose la construcción de viviendas —por caso, este viernes se entregaron 102 nuevas unidades habitacionales finalizadas con recursos propios— y la culminación de obras de infraestructura clave. Lejos de paralizarse, la administración provincial redefinió prioridades y aplicó una estrategia de administración eficiente, sostenida sobre una decisión política clara: no abandonar a la gente en medio de la grave crisis causada por el gobierno nacional.

Escenario similar, respuestas opuestas
Las diferencias de respuesta entre ambas provincias ante el ajuste se vuelven más evidentes si se observa el impacto de esas decisiones en la vida cotidiana. Si la lealtad no garantiza recursos, como en el caso de Catamarca, y la disidencia asegura el castigo, tal y como ocurre con La Rioja, la subsistencia frente al desfinanciamiento no puede pasar por otro lugar que no sea el orden en la administración de los recursos.
Detrás de los recortes de Nación hay personas, hay trabajadores, hay docentes, hay jubilados, hay niños que no recibirán su merienda o su kit escolar. Pero también hay modelos de gestión que, como en el caso del gobierno riojano, no dejan de redoblar los esfuerzos para sostener y fortalecer las políticas que buscan asegurar una mejor calidad de vida. Los contrastes en este sentido están a la vista. Orden frente a obediencia, ante los efectos de la motosierra de Milei.
Mientras Catamarca analiza medidas de ajuste que afectarán directamente al pueblo ambateño, en La Rioja se entregan viviendas para seguir haciendo frente a una demanda que, si bien va en descenso, no deja de ser una preocupación —y ocupación— constante. Es, sin lugar a dudas, un claro síntoma del rumbo elegido por una y otra administración frente a un escenario igualmente crítico.
Porque frente al ajuste implacable, no alcanza con alinearse: lo que marca la diferencia es la decisión de gobernar con autonomía, con responsabilidad, y en defensa de la gente.