Desde el gobierno nacional, La Libertad Avanza consolidó una estrategia comunicacional basada en la confrontación permanente: el uso sistemático de redes sociales para desacreditar opositores, hostigar periodistas y financiar estructuras digitales de ataque que erosionan el debate democrático y trasladan la tensión política a la vida social y territorial.
Desde su irrupción en la escena política nacional, La Libertad Avanza no solo propuso un programa económico de ruptura, sino también una forma distinta -y profundamente problemática- de ejercer el poder y disputar sentido en el espacio público. Esa novedad no se expresa únicamente en medidas de gobierno, sino en una estrategia comunicacional sistemática que utiliza las redes sociales como herramienta de hostigamiento, estigmatización y disciplinamiento político y social. Lejos de tratarse de exabruptos aislados o reacciones emocionales espontáneas, el uso de las plataformas digitales para desacreditar opositores, escrachar funcionarios, atacar periodistas y fomentar un clima de confrontación permanente aparece como una práctica reiterada y funcional a un modelo de poder que se alimenta del conflicto constante.
El presidente Javier Milei y varios funcionarios de su entorno han hecho de la agresión verbal una marca registrada. Insultos, descalificaciones personales, acusaciones sin sustento y expresiones que deshumanizan al adversario forman parte de una narrativa cotidiana difundida desde cuentas oficiales y amplificada por una red de cuentas militantes, influencers afines y estructuras digitales organizadas.
El mensaje es claro: quien critique, cuestione o se oponga será señalado públicamente. En ese señalamiento se borra deliberadamente la frontera entre la crítica política legítima y el ataque personal, entre el debate democrático y el escrache digital.
Cuando esa lógica baja desde la cúspide del poder, no solo legitima el insulto como herramienta política, sino que habilita a miles de seguidores a replicar y escalar la agresión. El resultado es un ecosistema donde el hostigamiento se naturaliza y la violencia simbólica se convierte en norma.
Redes sociales como campo de batalla
Las redes sociales dejaron de ser, en este esquema, un canal de comunicación para transformarse en un verdadero campo de operaciones. Videos editados fuera de contexto, fragmentos recortados de declaraciones, acusaciones virales y contenidos manipulados circulan con velocidad, muchas veces antes de que puedan ser desmentidos.
A esta dinámica se suma la acción de cuentas anónimas o semianónimas que operan de forma coordinada: instalan tendencias, atacan periodistas, saturan comentarios y buscan desacreditar cualquier voz crítica. Diversas investigaciones periodísticas y denuncias judiciales han advertido sobre la existencia de estos dispositivos digitales, cuya función principal no es persuadir, sino intimidar.
A esta maquinaria discursiva se suma la existencia de un verdadero ejército de trolls y operadores digitales que actúa de manera coordinada y persistente en favor del gobierno nacional. Lejos de la espontaneidad que el oficialismo suele invocar, se trata de una estructura profesionalizada que demanda recursos económicos considerables, logística, planificación y dedicación exclusiva. La inversión estatal —directa o indirecta— en estas usinas de hostigamiento digital revela una prioridad política clara: destinar fondos públicos no a mejorar la calidad del debate democrático, sino a financiar campañas de intimidación, desinformación y ataque personal. En lugar de fortalecer la comunicación institucional, se consolida así un aparato orientado a la confrontación permanente y al disciplinamiento de voces críticas.
El escrache digital -exponer, ridiculizar, marcar a una persona como enemiga- se convierte así en una forma de castigo público. No apunta a convencer, sino a disciplinar.
En ese marco, uno de los blancos preferidos de esta estrategia ha sido el periodismo. Comunicadores, medios y trabajadores de prensa críticos del gobierno nacional han sido objeto de ataques sistemáticos, campañas de desprestigio y hostigamiento en redes.
El efecto no es abstracto: genera autocensura, deteriora las condiciones de trabajo y debilita uno de los pilares centrales de la democracia, que es el derecho de la sociedad a estar informada. Cuando desde el poder se estigmatiza a la prensa, se instala la idea de que toda información incómoda es parte de una conspiración, y no del ejercicio legítimo del control democrático.
Pero esta lógica no se agota en el plano nacional. En provincias como La Rioja, las narrativas y prácticas impulsadas desde el centro del poder encuentran réplicas locales. Cuentas partidarias, referentes provinciales y militancia digital reproducen los mismos mecanismos: ataques personales, desinformación y amplificación de conflictos.
Los episodios de tensión política que se viven en la provincia -incluidos escraches y enfrentamientos que luego se viralizan- muestran cómo el clima de confrontación permanente no queda confinado a la pantalla. La violencia simbólica construida en redes termina trasladándose al espacio público, erosionando la convivencia social y profundizando la grieta.
En contextos provinciales, donde los vínculos sociales son más estrechos y la exposición es mayor, el daño puede ser aún más profundo: funcionarios, periodistas y ciudadanos quedan más vulnerables al señalamiento y la presión.