A dos años de la asunción de Javier Milei, el clima social empieza a mostrar signos inequívocos de desgaste. La promesa de una ruptura total con el pasado -vendida como el único camino posible para “salvar” a la Argentina- choca hoy contra una realidad menos épica y más tangible: caída de la aprobación presidencial, deterioro económico percibido por amplios sectores y una inquietante normalización de la idea de que la corrupción puede ser un mal tolerable.
Los datos surgen de un informe de opinión pública elaborado por la consultora Zuba-Córdoba y Asociados, a partir de un relevamiento nacional realizado a comienzos de diciembre. Y son claros. La aprobación del gobierno nacional cayó al 48,5%, mientras que la desaprobación ya alcanza el 51%. No se trata de una oscilación coyuntural ni de un empate técnico inocuo: hace apenas meses, el oficialismo rozaba niveles de apoyo superiores al 60%. La pérdida de más de 14 puntos porcentuales marca el fin del “cheque en blanco” que buena parte de la sociedad parecía haber extendido tras el triunfo libertario.
El factor central de este retroceso es, como casi siempre en la Argentina, la economía. Casi la mitad de los encuestados afirma que hoy está peor desde que Milei llegó a la Casa Rosada (49,7%), mientras solo uno de cada cinco dice haber mejorado. La épica del ajuste virtuoso se diluye cuando el sacrificio deja de ser transitorio y se convierte en una experiencia cotidiana sin horizonte claro de mejora.
En ese contexto, se destaca que el oficialismo conserva un núcleo duro altamente leal, compuesto mayoritariamente por quienes ya lo votaron y mantienen una adhesión ideológica fuerte. Ese bloque explica por qué Milei aún retiene alguna capacidad de iniciativa política y presencia discursiva. Pero también evidencia su principal límite: ese núcleo ya no alcanza para representar a la mayoría social.
La proyección electoral lo confirma. Ante la hipótesis de una reelección en 2027, apenas 38,1% afirma que volvería a votar al actual presidente, frente a un 54,5% que lo rechazaría. La fidelidad interna convive con un rechazo externo creciente, configurando un escenario de gobernabilidad basada más en la confrontación que en el consenso.
Una señal de alerta
Más preocupante aún es el clima moral que emerge del relevamiento de Zuba-Córdoba y Asociados. Más de la mitad de la población (56,7%) cree que hoy existe una mayor predisposición social a “mirar hacia otro lado” frente a posibles hechos de corrupción en el gobierno. Lejos de ser un detalle, esta percepción es una señal de alerta institucional. Cuando la corrupción deja de escandalizar y empieza a justificarse, lo que se erosiona no es solo un gobierno, sino el propio contrato democrático.
En contraste, algunos consensos sociales permanecen firmes. La vacunación, por ejemplo, sigue siendo ampliamente apoyada: más del 84% de la población se manifiesta a favor y un 78% respalda su obligatoriedad. Esto marca un límite claro a las batallas culturales que el oficialismo elige librar. La sociedad argentina, incluso en un contexto de crisis y desencanto, no parece dispuesta a resignar derechos básicos ni a desmontar el rol del Estado en áreas sensibles como la salud pública.
El balance, entonces, es el de un gobierno que conserva cierto volumen político, pero pierde legitimidad social. Que mantiene alguna intensidad discursiva, pero reduce su capacidad de convocatoria. Que prometió dinamitar el sistema, pero empieza a mostrar las grietas de gobernar desde la demolición permanente.
La advertencia es evidente: gobernar no es solo confrontar ni provocar, sino también interpretar prioridades, administrar costos y sostener consensos mínimos. Los datos sugieren que una parte creciente de la sociedad ya no está dispuesta a seguir pagando indefinidamente el precio del experimento.
El entusiasmo inicial se agotó. Lo que viene, si no hay correcciones profundas, no es una épica refundacional, sino una larga disputa por sobrevivir políticamente en un país cada vez más cansado de promesas absolutas.