Recorte del Estado, paralización de la obra pública, demolición del empleo formal, avance de la precarización y pérdida del poder adquisitivo. En este Día del Trabajador, el país enfrenta una crisis laboral profunda cuyas consecuencias ya se sienten en todos los sectores y, muy especialmente, en las provincias.
Este 1º de mayo no es uno más. En lugar de celebrarse con conquistas o avances, el Día Internacional del Trabajador se vive en la Argentina con un sabor amargo, como una jornada de duelo para buena parte de la clase trabajadora. El ajuste feroz que ejecuta el gobierno de Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada no sólo arrasó con programas, subsidios y organismos estatales: también hirió de muerte a cientos de miles de puestos de trabajo y dejó a flote un modelo económico que premia la especulación y castiga la producción.
Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2025, el país perdió más de 124.000 empleos registrados en el sector privado. Pero este número, ya alarmante, apenas es la superficie de una crisis más profunda: el empleo formal cede lugar a un crecimiento abrupto del trabajo informal y por cuenta propia. Entre noviembre de 2024 y febrero del corriente, se sumaron más de 350.000 cuentapropistas y casi 18.000 empleos «en negro». En criollo: más changas, más inestabilidad, menos derechos. El retroceso es claro y visible: trabajadores sin cobertura médica, sin aportes jubilatorios y con salarios de miseria.
La realidad del salario, por caso, también golpea con fuerza. Aunque las cifras oficiales muestran una mejora interanual de su poder adquisitivo, esa recuperación es engañosa. Muchos convenios salariales no lograron empatarle a la inflación -que aún permanece elevada pese a su desaceleración- y el salario mínimo no alcanza para cubrir la canasta básica para una familia tipo. Así, incluso los asalariados formales están bajo la línea de pobreza.
Los sectores más intensivos en mano de obra fueron también los más golpeados. La construcción, que había sido un motor de la recuperación postpandemia, perdió más de 80.000 empleos. Las parálisis de la obra pública y el freno a los créditos hipotecarios destruyeron tanto empleos directos como indirectos. La industria manufacturera, otro bastión tradicional del empleo en el país, también sufrió: cerraron más de 6.000 pymes en el último año, con un impacto directo sobre el entramado productivo nacional.
Empobrecimiento sistemático
En las provincias, el impacto es doble. No sólo por la caída general del empleo privado, sino también por el desmantelamiento del Estado, una fuente vital de empleo formal y calificado en los distritos más periféricos. En La Rioja, el recorte de fondos nacionales, el congelamiento de la obra pública y el ahogo financiero a las administraciones locales desembocaron en despidos, contratos caídos y salarios congelados.
La Provincia enfrenta además la crisis del Parque Industrial riojano, donde al menos 400 trabajadores fueron cesanteados en los últimos meses ante la caída del consumo interno y la apertura de importaciones. Pero el golpe más duro se sintió en la construcción: la paralización de obras públicas provocó la pérdida de más de 6 mil empleos directos, dejando a miles de familias sin sustento y profundizando la recesión local.
Lejos de contener esta sangría, el gobierno nacional insiste con un libreto ideológico que niega la función del Estado como equilibrador social. En nombre de una libertad mal entendida, Milei desmantela instituciones, deja a trabajadores sin sustento y acusa de «casta» a cualquier actor sindical que levante la voz. La huelga general del 9 de abril, que paralizó buena parte del país, no fue un capricho ni una extorsión, como quiso instalar el oficialismo: fue una respuesta legítima al empobrecimiento sistemático del pueblo trabajador.
Hoy, más que nunca, hay que hablar del trabajo. Porque sin empleo digno no hay ciudadanía plena, ni desarrollo, ni democracia sólida. La Argentina necesita recuperar una mirada estratégica sobre el trabajo, no como variable de ajuste, sino como motor de crecimiento, inclusión y justicia social. Y necesita, también, que el Estado no se borre, sino que garantice reglas claras, protección social y políticas activas de empleo. El país que no protege a sus trabajadores está destinado al fracaso. Porque sin ellos -sin nosotros- no hay país.