Delegación de poderes, motosierra presupuestaria, privatizaciones exprés, derrumbe del empleo y una lluvia de inversiones que nunca llegó: el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre el primer aniversario de la Ley Bases funciona como radiografía completa de un proceso que, al empequeñecer al Estado, ha empequeñecido también las oportunidades de millones de argentinos.
El método elegido para gobernar fue el decreto. En apenas siete meses, la Casa Rosada emitió 157 normas con rango de ley (75 DNU y 82 decretos delegados), cifra que pulveriza cualquier antecedente democrático y deja al Congreso en papel decorativo. Esa batería legal sirvió para disolver organismos claves -INADI, ENOHSA, Archivo Nacional de la Memoria, entre muchos otros- y para barrer veinte fondos fiduciarios tan diversos como el Pro.Cre.Ar o el Fondo Nacional de Emergencias, todos sin reemplazo. Resultado: políticas de vivienda, infraestructura o derechos humanos quedaron en el limbo.
Con la misma lógica se habilitó la venta o el vaciamiento de empresas estatales. El listado legal incluye ENARSA, AySA, Belgrano Cargas y YCRT, pero la motosierra avanza más allá del texto: Aerolíneas Argentinas ya desprogramó rutas federales y despidió 1780 trabajadores; Correo Argentino echó 4945; el Banco Nación ensayó convertirse en sociedad anónima, despidió 1689 empleados y solo se frenó por un fallo judicial; IMPSA, joya tecnológica mendocina, fue rematada a una firma estadounidense en febrero. Cada caso es un botón que ilustra la poda de capacidades estratégicas que tomó décadas construir.
La gran zanahoria para justificar el ajuste era el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Doce meses después, los números hablan solos: apenas 14 proyectos presentados, cinco aprobados -cuatro ya existían- y el 58 % del capital comprometido proviene de YPF, es decir, del propio Estado. La inversión real prevista para 2025‑26 (USD 4745 M) ni siquiera cubre la fuga de capitales de abril‑mayo (USD 5 236 M). Entre diciembre 2023 y mayo 2025 la inversión extranjera directa neta es negativa en USD 1500 M.
El mercado laboral sufre la misma lógica de “achicar para crecer”. Se perdieron 115353 empleos asalariados privados y 58210 públicos; a cambio, el Gobierno presupone que el RIGI creará un máximo de 23872 puestos, es decir, solo una de cada cinco posiciones eliminadas. La flexibilización laboral elevó el período de prueba a un año y legalizó la figura del “colaborador” tercerizado, pero el mentado blanqueo masivo regularizó apenas 7660 personas. Mientras tanto, la informalidad ya escala al 42 % en los aglomerados urbanos.
Si el fisco necesitaba recursos, la solución fue simple: retornar el impuesto a las ganancias para los salarios medios y, a la vez, desinflar Bienes Personales: su alícuota tope caerá a 0,25 % en 2027, y su peso sobre la recaudación bajó del 2,2 % al 1,4 % en solo un año. Menos carga a los patrimonios, más presión sobre el trabajo.
El ajuste social también golpea a los jubilados. La moratoria que permitía completar aportes expiró en marzo; con 30 años de precariedad y empleo intermitente a cuestas, nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez varones no alcanzan los años exigidos y quedan sin cobertura. El Senado duerme la media sanción que repondría el beneficio mientras el Ejecutivo celebra el ahorro fiscal.
En síntesis, el Gobierno exhibe superávit a fuerza de serrucho: se recortan organismos, derechos, planteles y programas; se venden activos estratégicos; se transfieren recursos de la mayoría trabajadora a los grupos de mayor patrimonio. El saldo del primer año es contundente: menos Estado, menos empleo, menos inversión, menos cobertura previsional y una mayor concentración del poder presidencial. Cerca del Presidente festejan haber encendido la motosierra; lejos de Olivos, millones se preguntan quién reconstruirá lo que hoy se está demoliendo.