En un contexto político cada vez más polarizado, ciertas voces oficiales utilizan el concepto de “inteligencia” para legitimar su discurso y descalificar a quienes no coinciden con ellas. Este mecanismo no solo estrecha el debate democrático, sino que instala una forma de discriminación ideológica que margina y silencia al disenso.
En tiempos donde la polarización política alcanza niveles alarmantes, las palabras de las figuras públicas no son meras opiniones personales: se convierten en gestos que modelan el discurso público. Días atrás, el diseñador Roberto Piazza se refirió elogiosamente al presidente Javier Milei, afirmando que “la gente que entiende, la entiende bien”. Aunque no lo dijo de manera textual, la construcción discursiva deja entrever una idea tan peligrosa como recurrente en ciertos sectores: que apoyar al actual gobierno es sinónimo de inteligencia, y que quienes disienten lo hacen por ignorancia, falta de entendimiento o incluso estupidez.
Este razonamiento -más frecuente de lo que parece- no solo empobrece el debate democrático, sino que instala una forma solapada de discriminación ideológica, donde el desacuerdo no se tolera ni se discute, sino que se patologiza. En lugar de convivir con la diferencia, se la deslegitima desde una pretendida superioridad moral e intelectual.
Una nueva forma de discriminación
En la Argentina contemporánea, la discriminación ya no se limita únicamente al color de piel, al género o a la condición económica. Hoy, según un informe conjunto de la UBA y el CONICET, la ideología política se ha convertido en el principal motivo de discriminación en el país, superando incluso a los prejuicios históricos vinculados a la pobreza o la orientación sexual.
Este fenómeno, que atraviesa redes sociales, medios de comunicación y hasta ámbitos laborales o educativos, se alimenta de discursos como el de Piazza, que construyen una lógica binaria: los que “entienden” están con Milei, el resto está “equivocado”. Esa forma de pensar transforma al adversario político en un ser menor y desinformado. No es un oponente: es un incapaz.
Pero no se trata solo de las palabras de un diseñador de moda. La narrativa gubernamental, sostenida por Javier Milei y su entorno más cercano, refuerza esta perspectiva. Desde el atril o las redes sociales, el presidente ha calificado de “burros”, “parásitos”, “extorsionadores” o “mentirosos” a periodistas, científicos, artistas y referentes sociales que han cuestionado alguna de sus medidas. En ese marco, lo que debería ser parte de un diálogo democrático -la crítica- se convierte en blanco de agresiones simbólicas o desprecios personales.
El gran problema de este tipo de discursos es que no apelan al argumento, sino al etiquetado. Se deja de discutir qué modelo de país queremos para pasar a clasificar personas según su presunta capacidad de “entender” lo que está bien o mal. Se invierte la lógica del pensamiento crítico: ya no se trata de convencer mediante razones, sino de adjudicarse la razón por la vía del insulto encubierto.
Y si el que piensa distinto es automáticamente “menos inteligente”, “irracional” o “resentido”, entonces el diálogo se vuelve imposible. Así se clausura el debate público, se envenena la conversación social y se instala el miedo a disentir, por temor a quedar en el lugar del “tonto”, del “que no entiende”.
El precio de etiquetar al otro
Para la socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, María Pía López, “cuando la política se vuelve una competencia por quién es más lúcido, más fuerte o más despierto, lo que se pierde es la capacidad de escuchar. Se reemplaza la razón por el grito, y el diálogo por la descalificación”. Esta forma de entender la vida pública transforma al oponente en un enemigo y al desacuerdo en una ofensa personal.
El problema se vuelve aún más preocupante si se considera que, según un relevamiento del Observatorio de la Discriminación en Medios Audiovisuales (INADI, 2023), el 62 % de los discursos discriminatorios detectados en televisión y redes sociales estaban relacionados con la ideología política de las personas. Es decir, hoy en la Argentina se discrimina más por pensar distinto que por el color de piel, el origen o la religión.
En ese sentido, las declaraciones como las de Piazza -aunque puedan parecer triviales o anecdóticas- no son inocuas. Refuerzan una tendencia peligrosa: dividir a la sociedad entre los que “entienden” y los que “no”, entre los “inteligentes” y los “ignorantes”, entre los “salvables” y los “descartables”. Esa es, quizás, la forma más insidiosa de la violencia simbólica.
En una democracia sana, nadie debería tener que demostrar su coeficiente intelectual para que su voz sea escuchada. Nadie debería ser etiquetado como “menos” por no coincidir con el poder de turno. Y mucho menos cuando ese poder -lejos de promover el respeto y la convivencia- estimula, a través de sus voceros, una lógica de confrontación constante, basada en la supuesta superioridad moral y cognitiva de quienes lo apoyan.
Reivindicar la inteligencia colectiva es también rechazar el uso de la inteligencia como arma para excluir. Porque pensar distinto no es una falta de comprensión: es, muchas veces, una forma de resistir a los discursos únicos que pretenden decirnos qué pensar, cómo sentir y a quién aplaudir.