Ayer, en Lomas de Zamora, una caravana presidencial terminó en golpes, piedras y botellas contra el vehículo de la comitiva de Javier Milei. El episodio, sin embargo, no puede leerse como un un hecho aislado de la calle: para comprender su aparición hay que mirar, exactamente, a los hechos que la antecede. Cuando la palabra proviene de la Casa Rosada y es repetida, celebrada y reciclada como marca de autor, deja huellas en el imaginario público que no se borran por decreto.
Desde que asumió, Milei eligió una retórica que, en numerosas ocasiones y formatos, ha evocado imágenes de eliminación, humillación y desprecio. No se trata de metáforas inocuas: se trata de frases que construyen una asociación directa entre violencia política y aniquilamiento físico, y que fueron pronunciadas en entrevistas y actos públicos con la liviandad de quien sabe que su altavoz las hará circular. La famosa declaración sobre “meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro” no es un latiguillo de campaña: es la teatralización de la eliminación del adversario como fantasía política. Esa teatralización alimenta fantasmas y legitima, en los márgenes, una lógica de revancha que puede y termina trasladándose a la calle.
Esa misma lógica se transparenta cuando el discurso presidencial apela a las imágenes más crudas para describir realidades complejas: minimizar el hambre o la desesperación social recurriendo a la imagen de “calles llenas de cadáveres” convierte el sufrimiento humano en objeto retórico, y normaliza una deshumanización que no es inocua. Si la máxima autoridad relativiza la tragedia social con una frase que utiliza la muerte como ejemplo, el efecto no queda solo en las portadas: deja resonancias entre quienes escuchan y entre quienes actúan.
La incidencia de esa retórica, queda claro, va más allá de las frases: se traduce en actos y en políticas que hieren directamente a colectivos vulnerables. El caso del niño autista Ian Moche -atacado simbólica y judicialmente tras publicaciones y retuits que lo vinculaban políticamente- es una muestra dolorosa de cómo la exposición presidencial puede convertir a una persona que ya es vulnerable en blanco de estigmatización y de amenazas. No se trata de simples rumores, sino de la constatación de que la palabra presidencial fue un vector en una cadena que derivó en hostigamiento.
Al mismo tiempo, la mezcla de desprecio discursivo y decisiones administrativas ha producido consecuencias concretas sobre jubilados, provincias y personas que dependen de políticas públicas. Vetos a proyectos que incluían mejoras a haberes, recortes de partidas y la recalibración de transferencias a jurisdicciones configuran, en la práctica, una forma de desfinanciamiento que golpea a quienes no tienen cómo defenderse si no es a través del estrado. No es una metáfora: son medidas que reducen ingresos y servicios, y que —por su tono y por su hecho— replican la desatención que el lenguaje ya había anunciado.
Peor aún: mientras parte del discurso exalta la “motosierra” como símbolo de limpieza administrativa, su entorno fue sacudido por investigaciones que señalan irregularidades concretas en el manejo de recursos destinados a personas con discapacidad. Auditorías, allanamientos y audios filtrados sobre contratos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad dejaron ver que el recorte y la agresión simbólica en discursos convivieron con decisiones y operaciones que, en los hechos, dejaron desprotegidos a quienes más dependen del Estado. No es solo una contradicción moral: es una correlación perversa entre lo que se dice y lo que se hace.
Motor de la hostilidad
Hablar de “responsabilidad” en este punto no es pedir equidistancia: es trazar una línea mínima entre lo que cabe en la democracia y lo que no. La primera magistratura tiene la obligación, además de la autoridad, de no propagar ni legitimar imágenes que juegan con la muerte, la humillación o la expulsión social. Porque cuando el presidente vota por la metáfora de la eliminación, cuando relativiza la miseria con la idea de “cadáveres” o cuando corona su gestión con símbolos de corte -y al mismo tiempo su gobierno enfrenta escándalos que afectan a personas con discapacidad y recortes que erosionan la protección social-, lo que está haciendo es poner combustible en el motor de la hostilidad.
La agresión en Lomas de Zamora debe ser repudiada como todo acto de violencia. Pero hay otra intervención igualmente necesaria: que el Presidente asuma que la forma misma de hablar desde la Casa Rosada forma parte de la política pública. Si Javier Milei verdaderamente pretende mostrarse sorprendido por un hecho de violencia, el primer gesto que debería ofrecer es el de abandonar la estética de la aniquilación, dejar de estigmatizar públicamente a niños, mujeres, jubilados y personas con discapacidad, y cesar prácticas administrativas que desfinancian lo esencial. Sin ese cambio, las palabras seguirán siendo el combustible que enciende hechos de violencia.
La paz cívica no se garantiza solo con operativos policiales: se construye con instituciones fuertes, con políticas que protejan a los más vulnerables y con un tono presidencial que no alimente la deshumanización. Hasta tanto eso ocurra, la violencia de Milei solo engendrará más violencia.