Es cuanto menos paradójico que mientras en el mundo, o mejor dicho en los países más desarrollados, se libra una carrera contra el tiempo y el envejecimiento tratando de descubrir nuevos alimentos, medicamentos, nuevas formas de abordar la vejez para poder vivir más años; en este país condenamos a nuestros adultos mayores a una calidad de vida paupérrima que no alcanzará nunca esas nuevas posibilidades de extender los años de vida de los seres humanos.
Este domingo 23 de marzo habremos dado un paso sustancial en ese sentido, cuando se venza la moratoria previsional y luego de esa fecha quienes no tengan los 30 años de aportes, esto es unas 500.000 personas, no podrán jubilarse y contarán con una sola alternativa, que es acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), con un monto del 80% del haber mínimo, aunque para ello deberán cumplir con ciertos requisitos.
La PUAM estira la edad de acceso al sistema para las mujeres, de los 60 años en los que ya se podían jubilar, se unifica en los 65, como los varones. Además, se pierde el derecho a la pensión por fallecimiento del cónyuge o conviviente. Tampoco podrán trabajar porque la PUAM es incompatible con otros ingresos, a diferencia de la jubilación normal u ordinaria que sí lo permite y solo accederán a ella si logran cumplir con los requisitos socioeconómicos y patrimoniales (vulnerabilidad social) al margen de la cantidad de años aportados al sistema.
Los datos hablan por sí solos. Hoy, en Argentina, 7,2 millones de adultos mayores perciben un haber jubilatorio o una pensión que, en la enorme mayoría de los casos, apenas cubre sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y medicamentos.
Este mes la jubilación mínima es de $279.121,71, más un bono de hasta $70.000, importe congelado desde marzo 2024, lo que hace un total de $ 349.121. La PUAM es de $293.297,37 ($ 223.297,37 + $ 70.000 de bono) y las PNC por Invalidez y Vejez, $ 265.385,20 pesos ($ 195.385,20 + $ 70.000 de bono).
En un país en el que para no caer en la línea de la pobreza se requiere un ingreso de más de un millón de pesos y la línea de indigencia se ubica en torno a los 450 mil pesos, hay 3.472.849 jubilados y pensionados que perciben entre $300.000 y $400.000. Si se suman a los que cobran la mínima, casi 5,4 millones de adultos mayores cobran menos de $400.000. Es decir que más de 5 millones de jubilados son indigentes, mientras que otra gran parte está debajo de la línea de pobreza y si le sumamos que se vienen otras 500 mil personas que en el mejor de los casos podrán acceder a la PUAM, el panorama es simplemente desolador.
Pero, como siempre ocurre, las cosas pueden ponerse peor aún. En un país con casi 47 millones de habitantes, la población con empleo es de 21,2 millones de personas, de las cuales la nómina que se desempeña en la informalidad superó un nuevo récord al ascender a poco más de 8 millones de personas, mientras que la formal -registrada en el SIPA con 13,2 millones (entre asalariados e independientes) cayó al menor nivel desde el primer trimestre de 2023.
Es decir que ya se vislumbra que una cifra cercana a los 8 millones de personas, de no mediar cambios drásticos en la economía argentina, se irá acercando a una PUAM en el futuro y si a eso le agregamos que más del 60% de los niños y adolescentes son pobres y más del 16% vive en la indigencia, esto es que no tienen acceso a una nutrición adecuada, atención sanitaria y otros servicios y equipamientos esenciales para su desarrollo, el combo es muy oscuro.
Eso sin comenzar a sumar la falta de prestaciones a los jubilados y pensionados en materia de salud, los recortes en el PAMI, las fallas en la entrega de medicamentos, viviendas dignas, entre otros aspectos.
Como muestra basta un botón, decían justamente los viejos. No hace mucho, en la anterior gestión presidencial, junto al Gobernador Ricardo Quintela y desde el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social que encabeza Ariel Puy Soria, se avanzó en la ejecución del programa Casa Activa en la localidad de Chilecito, destinado a los adultos mayores, cuya obra de infraestructura está concluida.
Esta iniciativa incluye 32 viviendas para los adultos mayores, múltiples espacios comunes como biblioteca, jardín, huerta, SUM, pileta, entre otros y un centro de día. Solo la decisión política del gobierno de Javier Milei, cuya prioridad no son justamente los jubilados, impide ponerla en marcha porque desde el PAMI y la Nación debe apoyarse financieramente el personal médico, auxiliares, entre otros gastos.
No solo estamos matando de hambre a nuestros viejos, los estamos comenzando a matar de tristeza y depresión. A veces, a la hora de votar, el odio no suele ser un buen consejero.